El Gobierno de Andalucía, liderado por Juanma Moreno Bonilla, desoyó en 2022 un “informe de actuación” de la Intervención General de la Junta de la comunidad autónoma que pusiera punto final al “abuso” de contratos menores “en fraude de ley” en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), según publica este martes elDiario.es. Dos años más tarde estos informes volvieron a ser motivo de denuncia en los informes definitivos de control de los propios auditores del SAS, tal y como se expone en otra información anterior a estas líneas publicada por el mismo medio.
El documento mencionado -el informe de actuación- se trata de una advertencia, se puede decir definitiva que el máximo órgano de control interno de la Junta emite directamente a la Consejería de Hacienda cuando todas las advertencias previas dirigidas a la dirección general del SAS no han sido escuchadas.
El origen de la situación se remonta al pasado mes de junio, cuando los interventores del Servicio Andaluz de Salud en las provincias de Huelva, Cádiz, Córdoba y Jaén elevaron informes “desfavorables” sobre fiscalización a las direcciones provinciales. Los hechos obedecen a la contratación de obras, bienes y servicios en el último año analizado por la Intervención de la Junta; el 2021.
Los informes, expuestos por el medio mencionado, sacan a la luz la adjudicación a dedo de 458,3 millones de euros a través del fraccionamiento de “contratos menores en fraude de ley”. Los auditores del organismo hablan de un “uso abusivo” de esta figura de contratación de urgencia, que de algún modo camufla la adjudicación comúnmente denominada “a dedo”; sin publicidad ni concurrencia competitiva y de partidas millonarias siempre destinadas a las mismas empresas y por el mismo servicio, a partir de cientos de contratos menores para “eludir la ley”. El tope de dichos contratos oscilaba entre los 15.000 y los 30.000 euros.
El departamento de Hacienda ya había sido advertido
Después de la publicación de los informes, siempre según indica el medio mencionado, el órgano de fiscalización interna de la Junta amenazó al SAS con proceder ante la Consejería de Hacienda con un “informe de actuación” si en seis meses no se habían cumplido las “recomendaciones de especial relevancia” pensadas para las cuatro auditorías con el objetivo de revertir las “irregularidades” en la contratación. “Vamos a dejar trabajar a la Consejería de Salud, que aún está en plazo”, dictó entonces Carolina España, consejera de Hacienda.
No obstante, el departamento de Hacienda -su cúpula- ya había sido advertida de los riesgos del “fraccionamiento indebido” de contratos del Servicio Andaluz de Salud dos años antes con el documento señalado, que la consejera omitió al saltar la polémica.
La advertencia que las consejeras de Salud y Hacienda recibieron primero data de noviembre de 2022, pero los hechos a los que alude constan de 2019, durante el Covid y coincidiendo con el primer año de Gobierno del actual presidente, Moreno Bonilla, en la región. En este caso, el informe apunta a tres denuncias graves sobre el “fraccionamiento indebido de contratos” y emplaza a hacer tres correcciones en el procedimiento de adjudicación; algo que el SAS incumple, lo que lleva a poner el escenario en conocimiento de la Consejería de Hacienda.
Estas denuncias son relativas al SAS de Huelva, pero se repiten en los cuatro informes definitivos de control financiero de los interventores provinciales relativas al ejercicio 2021. En cualquier caso, la Intervención General de la Junta ya indicaba hace dos años los “fraccionamientos indebidos del objeto de contrato”; “la reiteración de contratos menores a lo largo del año superando los umbrales establecidos por ley para la contratación menor” y “contratando con la misma empresa prestaciones de igual naturaleza, para eludir los procedimientos en abierto recogidos en la Ley de Contratos del Sector Público”.
Fuentes de la Consejería de Hacienda confirman a elDiario.es que recibieron el informe de actuación en 2022, aunque no dejan claro si la consejera se lo dio a conocer al Consejo de Gobierno.
La Junta defiende que “no adjudicaron 458 millones en fraude de ley”
En una versión remitida a ElPlural.com, la Junta de Andalucía mantiene que es “completamente falso” que el Gobierno de la comunidad autónoma adjudicara 458 millones de euros en fraude de ley.
“Los informes de la intervención analizaron una muestra de solo el 0,19% de los contratos del SAS en las provincias de Córdoba, Huelva, Jaén y Cádiz en 2021, es decir, 573 de un total de 295.914 contratos menores tramitados (…)”, indican. Y apostillan que consideran “completamente falto de rigor tomar algunas salvedades sobre el 0,19% de los contratos y extrapolarlas al 100%, dando la falsa impresión de un fraude masivo que no existe”.
“Además, la conclusión del informe de fiscalización de Córdoba es modificada, por lo que también es falso que los cuatro informes fueran desfavorables”, insisten.
