La nueva normativa de medicamentos veterinarios ha generado una gran controversia entre los sanitarios y los pacientes de este sector, en especial, por el Real Decreto 666/23 del 18 de julio, que se encuentra vigente desde el 21 de julio del año pasado. En él se regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos en el que se han introducido cambios significativos, como que los veterinarios no pueden prescribir medicamentos sin la previa autorización del portal PRESVET -herramienta para la comunicación de prescripciones veterinarias que está gestionada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación-. Esto ha generado un descontento social y ha desatado fuertes protestas en España, que se repiten este miércoles 5 de marzo con una gran movilización en Madrid a las 10:00 horas frente a las puertas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, porque, como señalan los profesionales del sector, la nueva norma atenta contra su “criterio profesional”.
Diversas organizaciones del sector veterinario han sido las propulsoras de esta movilización, como la Confederación Empresarial Veterinaria Española (CEVE), desde donde el presidente, Sebastià Rotger, explica en declaraciones a ElPlural que el motivo principal de esta manifestación es “que se propicie un cambio de toda la Ley del Medicamento y en concreto, que se derogue el Real Decreto”. Además, añade: “El veterinario cuando prescribe un medicamento, lo hace en base a un conocimiento científico y estudios comprobados. Al ser la veterinaria una industria tan compleja, no se puede tratar igual que la industria del medicamento humano, además, los farmacéuticos no han demostrado en ningún momento conocimientos en farmacología animal”.
Por el contrario, la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEPE) apoya la normativa, porque han reivindicado que se cumpla la Ley de Garantías y Uso Racional de Medicamentos y Productos Sanitarios. De acuerdo con esta, los farmacéuticos son los únicos profesionales que están habilitados para la adquisición, custodia, conservación y dispensación de todos los medicamentos sujetos a prescripción, indistintamente si son para el tratamiento de humanos o de animales.
Cambios en la ley y origen del decreto
Las principales medidas que han suscitado las protestas han sido el registro obligatorio de prescripciones -medida activa desde el 5 de enero de 2025-, es decir, que los veterinarios están obligados a registrar y notificar todos los tratamientos de antibióticos de los animales en la plataforma PRESVET. Su principal motivación es controlar su uso para combatir la resistencia bacteriana. Por otro lado, se impide la venta directa de los medicamentos en las clínicas, lo que ha provocado grandes críticas por el posible retraso en el acceso a los tratamientos necesarios. Y, por último, se ha restringido el uso de antibióticos, por lo que los sanitarios tienen la obligación de utilizar inicialmente antibióticos de espectro reducido que ha generado preocupaciones sobre la eficacia en casos graves. Estas medidas, en situaciones en las que los veterinarios deban actuar de urgencia, ponen en riesgo la vida de los animales, como de hecho ya ha ocurrido, y atacan principalmente al “criterio profesional”.
Como bien han señalado desde el Ministerio, esta nueva normativa proviene del Reglamento UE 2019/6 del Parlamento Europeo y del Consejo del 11 de diciembre de 2018 sobre medicamentos veterinarios. Su principal objetivo consiste en “mejorar el mercado, la fabricación, la importación y exportación, el suministro, la distribución, la farmacovigilancia, el control y el uso de los medicamentos veterinarios, garantizando al mismo tiempo el más alto nivel de protección de la salud pública, la sanidad animal y el medio ambiente”, según recoge el Boletín Oficial del Estado.
El reglamento fue aprobado por la preocupación del sector sanitario a la resistencia a los antibióticos que se desarrolla cuando existe una exposición continuada. Específicamente, los profesionales alertaron sobre la administración rutinaria de antibióticos a los animales de granja, los cuales pasaban a los humanos mediante el consumo de productos de origen animal. Sin embargo, en España se han introducido restricciones adicionales que no existen en otros países, como la prohibición de que los veterinarios dispensen medicamentos directamente o la obligación de realizar un cultivo previo antes de administrar ciertos antibióticos.
De este modo, el presidente de la patronal CEVE, critica que, a diferencia de la regla europea, en España, “han puesto una serie de controles a los medicamentos de animales de compañía, por eso hay que diferenciar lo que es el animal de compañía con el animal productor de alimento”. Además, añade: “Han trasladado la normativa europea, de una manera parcial y en lo que le ha interesado a la administración y al lobby farmacéutico. En el resto de Europa, el manejo del medicamento veterinario está en manos de los veterinarios”. Y también aclara que la normativa “no solo afecta a la prescripción de antibióticos, sino al resto de medicamentos” pero, en el caso de los antibióticos es diferente. “Ya no puedes prescribir según tu conocimiento, sino que te obligan con el antibiótico a hacer una especie de prueba, suministrando uno más débil y si este no te funciona, le suministran uno más fuerte, lo que retrasa el tratamiento y el bienestar del animal”, insiste en este sentido.
Consecuencias para profesionales, animales y propietarios
El detonante de las protestas en contra de la nueva legislación y en contra del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha sido la multa de 90.000 euros que le han impuesto a un veterinario de las Islas Baleares por haber vendido medicamentos en la consulta, habiéndose saltado el procedimiento de la plataforma PRESVET. Asimismo, otro suceso también ha incrementado la indignación por parte del sector veterinario, la muerte de Selva, una perra en Galicia a la que no se pudo salvar porque su tratamiento se vio perjudicado por las restricciones que ha impuesto la ley.
La veterinaria Ana Lora González, asegura que esta nueva regulación dificulta considerablemente la labor de los veterinarios: “Tardo más tiempo en papeleos que en pasar una consulta y no es lógico que no tenga tiempo para mis pacientes porque esté sentada delante de un ordenador haciendo papeleo, no soy administrativa, soy veterinaria”. El trabajo de los veterinarios se ha convertido en un estrés y miedo constante, tal como denuncian. “Vamos a terminar más de uno en la cárcel. Yo no puedo ver a mi paciente sufrir porque una ley absurda me está diciendo que es que no puedo ayudarle”, señala Lora en declaraciones a este medio. A su vez, reprocha que nunca les han considerado sanitarios y se pregunta “por qué al médico que utiliza antibióticos en el ser humano no se le ha dado una normativa”.
Los profesionales han asegurado que hay intereses económicos detrás de la normativa, así lo explica Marta García Sánchez, licenciada en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid que, a raíz de la burocracia que suponen estas leyes y la precariedad del sector, decidió dejar su profesión como sanitaria de animales: “Existen múltiples intereses económicos que están llevando a la monopolización del sector de los medicamentos veterinarios. En los últimos años, se ha incrementado la presión de las grandes empresas farmacéuticas para limitar el papel de los veterinarios en la prescripción de medicamentos”. Y como relata esto afecta directamente a los propietarios de mascotas por varios motivos: "Menos control de la calidad de los medicamentos, mayor riesgo de efectos secundarios en los animales, desinformación sobre tratamientos adecuados y pérdida de confianza en los veterinarios".
Por último, recalca que “es necesario que en la elaboración de este tipo de leyes participen profesionales con conocimientos profundos sobre el tema y no personas que desconocen el día a día de la profesión y las consecuencias que todas estas modificaciones pueden suponer en la salud animal y global”.
Ambas veterinarias denuncian que el problema contra el que se pretende luchar, en vez de controlarse va a tener un efecto contrario, ya que los propietarios van a disponer de medicación sobrante porque los veterinarios no pueden recetar las cantidades exactas y esto va a provocar que no exista un control veterinario.
