Alvise Pérez afronta un nuevo frente judicial. El Tribunal Supremo ha situado ahora el foco Europa, pidiendo así al Parlamento Europeo que le dé autorización para poder investigar al eurodiputado y líder de Se acabó la fiesta por la difusión de una PCR falsa del presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa.
De esta manera, en el auto del magistrado del Alto Tribunal Javier Hernández, se le brinda a Alvise cinco días de plazo para que aclare si quiere declarar voluntariamente o no. De esta manera, en el mismo escrito judicial, el juez acuerda incoar diligencias previas para la investigación de presuntos delitos de falsedad e injurias contra el exministro de Sanidad.
El magistrado ha señalado a su vez que debe solicitarse a la Eurocámara la correspondiente autorización para proceder "a su material inculpación y sustanciar, plenamente, en su caso, esta fase procesal, conforme al Protocolo número 7 sobre privilegios e inmunidades de la Unión Europea". En este sentido, acuerda que se inicien los trámites para solicitar la correspondiente autorización al Parlamento Europeo para proceder contra el eurodiputado.
No obstante, afirma que, tal y como previene el artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), y en garantía de sus derechos de defensa, el querellado está en condición ya de ejercer sus derechos defensivos y comparecer voluntariamente a los efectos previstos en los artículos 118 y 775 de la LECrim. El plazo de cinco días también se dispone para que antes de que se pueda conceder por la Cámara Europea la correspondiente autorización para proceder, está dispuesto a comparecer ante el instructor.
La personación del PSC y el caso de la PCR falsa
De la misma manera, y en cuanto a la personación en el caso del PSC como acusación popular, ésta queda supeditada a que formule querella por el presunto delito de falsedad y presente una fianza de 15.000 euros para cubrir las posibles responsabilidades que pudieran derivarse del ejercicio de la acción penal.
Indica así que su personación sólo puede venir dada como acusación popular y solo respecto al delito de falsedad, puesto que carece de legitimación para instar la persecución del delito de injurias por el artículo 104 de la LECrim. Por último, el instructor concede a las partes personadas un plazo de cinco días para que indiquen las diligencias de investigación que, a su parecer, procedería ordenar.
Fue el pasado 11 de abril cuando trascendió que el Supremo acordó abrir una causa contra el líder de SALF al apreciar "múltiples" indicios fundados de presuntos delitos de falsedad en documento privado e injurias por la difusión de una PCR falsa de Illa.
Unos hechos que llegaron a manos del Alto Tribunal después de que en 2021 el Juzgado de Instrucción Número 33 de Barcelona recibiera una querella de la Fiscalía. Ya en septiembre de 2024, se envió el caso al Supremo, cuando Alvise ya gozaba de la condición de aforado por ser eurodiputado. Por defectos formales, el tribunal reenvió el procedimiento a Barcelona, lo que ralentizó el proceso.
Los hechos se remontan al 11 de febrero de 2021, cuando Alvise publicó un 'tuit' durante la campaña de las elecciones catalanas y en el marco de un debate electoral televisado entre los candidatos, entre los que se encontraba Illa. "Hola Salvador Illa. Entre la LOPD o demostrar que un ministro y candidato autonómico de mi país miente... la segunda", rezaba su mensaje, el cual iba acompañado de la fotografía de un documento que simulaba un informe clínico fechado unos días antes, en el que se hacía constar el resultado "positivo" de una PCR a nombre de Illa.
La Fiscalía defiende que dicho documento es totalmente falso y que lo habría confeccionado Alvise con ánimo de perjudicar a Illa y al PSC. Y pese a que señala que aún hay "diligencias pendientes de comprobación", considera que, aunque "se trata de un retuit sin relación con el autor del original", seguiría siendo posible investigarle cuando menos por un delito de utilización de un documento falso e injurias.
Más casos pendientes con la justicia
Cabe reiterar que Alvise enfrenta varias causas abiertas en el plano judicial además de la que concierne al presidente catalán. El resto de causas se centran en la presunta financiación ilegal de su partido para las elecciones europeas; mientras que la segunda por los mensajes que difundió a través de su cuenta de Telegram contra la fiscal delegada de delitos de odio y discriminación de Valencia, Susana Gisbert.
Al margen, el eurodiputado tiene pendiente que el TS se pronuncie sobre al menos otro asunto que llegó de un juzgado de Castilla y León por una denuncia del diputado socialista Javier Alfonso Cendón por un presunto delito de calumnias por vincularle con la trama del 'caso Tito Berni' en su Telegram.
Por otro lado, la Audiencia de Sevilla investiga una denuncia de la Fiscalía por una publicación de 'Alvise' en su Telegram donde aparece una foto de la hija del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, obtenida de su perfil privado de Instagram, por posible revelación de secretos o vulneración de la intimidad.
