La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha iniciado una investigación contra el eurodiputado y líder del partido político “Se acabó la fiesta”, Luis Pérez Fernández, conocido como Alvise Pérez, por un presunto caso de acoso a la fiscal delegada de delitos de odio y discriminación en Valencia, Susana Gisbert. La causa se abrió tras una denuncia presentada por la propia Gisbert, quien acusó a Alvise de cometer delitos de injurias contra funcionario público, coacciones y un presunto delito de odio, a raíz de un llamamiento realizado por el político a través de redes sociales instando a sus seguidores a hostigarla.
Las actuaciones de Alvise no se limitaron a opiniones polémicas o comentarios críticos en estas plataformas. Según la fiscal, lo que comenzó como una campaña de descrédito se convirtió rápidamente en una avalancha coordinada de acoso. “Él instaba a sus seguidores a que me llenaran las redes, a que me persiguieran. Había una frase, que era algo así como que a ver si me violaban unos menas”, relata la fiscal en una entrevista concedida a ElPlural.com. Este tipo de incitación pública generó una ola de mensajes ofensivos, que no solo afectaron a su entorno profesional, sino también a su vida personal.
Asimismo, el hostigamiento tuvo consecuencias inmediatas. “Sus seguidores me torpedearon las redes sociales hasta el punto de que la cuenta de Instagram que yo tenía abierta, me la tuve que hacer privada”, explica Gisbert. La presión fue tan intensa que incluso llegó a considerar en no denunciar, aunque finalmente lo hizo por recomendación directa de la Fiscalía: “Estuve planteándome si denunciaba o no, pero al final desde fiscalía me dijeron: ‘Te plantees lo que te plantees, esto es un delito perseguible de oficio’”. Y añade que “ha recibido muy satisfecha la noticia” de que el Alto Tribunal se abra a investigar a Alvise.
El caso de Susana Gisbert tampoco es aislado. Cada vez más mujeres que ocupan cargos públicos, especialmente en el ámbito judicial, político o mediático, sufren un acoso en redes sociales significativamente superior al de sus homólogos varones. Además, en el caso de las mujeres, el acoso va más allá de la crítica legítima; se centra, en muchas ocasiones, en aspectos personales, sexuales o familiares, lo que evidencia el patrón sexista y misógino en la forma de atacar a figuras públicas femeninas. “La verdad es que fue muy desagradable y además lo que más me movió a mover ficha, fue cuando empezó a meterse gente en la cuenta de mi hija y ahí me dije ‘esto no puede seguir adelante’, y desde la jefatura me apoyaron en todo momento”, manifiesta Gisbert.
La fiscal es clara en su propósito respecto a la denuncia: “Yo quiero que se haga justicia, que le impongan la pena que corresponda y si corresponde una indemnización, la invertiré inmediatamente en donarla a una causa como la inmigración, que es contra la que él va”, avanza.
La legislación española contempla mecanismos para perseguir el acoso en redes sociales, sin embargo, en ocasiones su aplicación efectiva tropieza con obstáculos técnicos y jurisdiccionales. Así lo explica la fiscal: “La legislación tiene herramientas para proteger a las víctimas de acoso en redes sociales, el problema es la dificultad de aplicar esa legislación, porque hay que tener en cuenta que los servidores de las redes sociales están ubicados en el extranjero, no están sometidos a la jurisdicción española y además no siempre colaboran, como nos gustaría porque tienen otro tipo de leyes y porque no se les puede perseguir por desobediencia si no nos contestan. La legislación existe, el problema es la práctica”, subraya en declaraciones a este periódico.
A esto se suma otro aspecto especialmente preocupante: la utilización de discursos de odio desde plataformas públicas ya que, existe una relación directa entre el auge de ciertos discursos políticos y el aumento de casos de acoso a mujeres. “El hecho de que estas cosas se digan desde atriles públicos no hace más que hacer que la gente sienta que existe una especie de impunidad y que puede decir lo que quiera cuando quiera y que aquí no pasa nada. Por eso es importante denunciar”, afirma Gisbert.
Las palabras tienen peso, y cuando son pronunciadas por figuras con gran visibilidad, pueden legitimar conductas violentas o degradantes, especialmente en entornos digitales donde la sensación de anonimato alienta la impunidad. Este caso es una oportunidad para reflexionar sobre el rol que juegan las redes sociales en la propagación del odio y el machismo. Ni la notoriedad política ni el amparo de la opinión pueden servir de escudo para el hostigamiento. Como sociedad, es imprescindible avanzar hacia una cultura de respeto y responsabilidad en el uso de la palabra pública, tanto fuera como dentro del ecosistema digital.
La resolución del Tribunal Supremo
Este lunes el Tribunal Supremo ha dado a conocer que comprende que la actuación del eurodiputado Alvise Pérez, puede responder a las previsiones normativas del tipo penal de acoso, conocido como stalking -conducta reiterada y obsesiva de persecución hacia una persona, que puede ser física o digital, con el objetivo de controlar, intimidar o acosar a la víctima, provocándole miedo o angustia; en español, "acecho" o "acoso obsesivo"-.
"Su llamamiento al hecho de que un grupo próximo a los 40.000 seguidores expresara y desarrollara una animadversión hacia la denunciante, y el hecho que el denunciado insistiera en esta reacción después de que muchos de sus seguidores hubieran reflejado explícitamente la intención en alterar el normal desarrollo de vida de la fiscal denunciante y su familia, recogiendo en su segundo llamamiento incluso que era consciente que 'ahora las perseguidas son ellas', muestra indiciariamente que pudo existir una intención voluntaria y consciente de comprometer, de manera permanente y profunda, el normal desarrollo de la vida cotidiana de su víctima, a partir de la persecución que pudieran desplegar los centenares de personas que asumieran su reto”, ha aseverado la sala del Alto Tribunal.
