Castilla y León afronta una grave ola de incendios forestales que han arrasado zonas tan emblemáticas como Las Médulas —catalogado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad— y han provocado desalojos en León, Ávila, Zamora y Palencia. Para ser más precisos, la Junta ha confirmado que cinco de los once incendios activos se encuentran en nivel de gravedad 2, el más alto antes de declarar la emergencia nacional. Los fuegos más graves se localizan en las provincias de León y Zamora. Otros focos importantes, como los de Paradiña y Llamas de Cabrera, siguen activos tras días de trabajo de brigadas y medios aéreos.
Los bomberos y profesionales forestales han lanzado la voz de alarma: la región sufre un modelo laboral precario, con equipos externalizados y temporales, que impide mantener una vigilancia constante durante todo el año. La Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León (Atifcyl) denuncia que solo una planificación continuada, fuera del periodo estival, puede evitar catástrofes como la de Las Médulas y los múltiples focos en El Bierzo, Ávila o Zamora.
El ‘no’ de PP y Vox que dejó a Castilla y León sin una ley clave contra el fuego
En este sentido, cabe recordar que, en octubre de 2024, el Pleno de las Cortes de Castilla y León rechazó la toma en consideración de la Proposición de Ley de Bomberos y Bomberas Forestales, impulsada por el Grupo Socialista. La votación, celebrada entre la tarde del 8 y la mañana del 9 de octubre, concluyó con 43 votos en contra frente a 37 favorables. La ley buscaba reconocer la figura del bombero forestal como empleado público, dotando al operativo de un carácter permanente, público, coordinado y con medios suficientes durante todo el año. El portavoz socialista, José Luis Vázquez, defendió con énfasis la propuesta, subrayando que pretendía ofrecer estabilidad laboral, formación adecuada y una jubilación digna a los más de 4.000 trabajadores actualmente precarizados en el servicio forestal regional.
Frente a esa reclamación, el PP calificó la iniciativa de “brindis al sol” y la tildó de mitin político, criticando que no aportaba soluciones reales y advirtiendo que generaría “grave descoordinación” con la normativa estatal sobre bomberos en trámite. Por su parte, Vox rechazó el texto por considerarlo excesivamente ideológico, acusándolo de incorporar un sesgo de género innecesario y desviarse de una regulación objetiva de la profesión.
La iniciativa había contado, eso sí, con el respaldo de procuradores del Grupo Mixto, como los de Por Ávila, UPL‑Soria Ya, Francisco Igea y Unidas Podemos, quienes coincidieron en que era urgente dignificar y garantizar la seguridad jurídica del colectivo que “se juega la vida” protegiendo a la ciudadanía.
Quiñones, en 2018: "El mismo operativo todo el año de ninguna manera, es absurdo y un despilfarro"
A esto se añade una crítica histórica: en 2018, el entonces consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, afirmó en una entrevista que mantener un operativo contra incendios durante todo el año era “absurdo y un despilfarro”: “El mismo operativo todo el año de ninguna manera, es absurdo y un despilfarro. Sería tirar el dinero público que es de los castellanos y leoneses. El operativo tiene que estar como tiene que estar”.
Estas declaraciones, que en su momento provocaron duras críticas de ecologistas y expertos, chocan con el consenso científico que vincula el abandono de la gestión forestal con el aumento de los incendios de gran intensidad. Años después, y con el cambio climático intensificando la sequía y las olas de calor, esas palabras se interpretan como un ejemplo de negación o minimización de un problema que hoy se traduce en daños tangibles sobre el terreno.
La confrontación política se ha intensificado en medio del desastre. Desde el PSOE, el ministro de Transportes Óscar Puente ha cargado contra la Junta de Castilla y León —gobernada por el PP— y ha cuestionado personalmente al presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, por permanecer de vacaciones en Cádiz en los primeros días de la crisis. “Cinco días después de que empezaran los incendios y cuatro días tras convocarse el Cecopi, uno no ha vuelto de Cádiz y el otro se va a Gijón a comer”, espetó Puente en redes, tildando de “sinvergüenzas” a los responsables autonómicos.
Por su parte, la oposición —incluido Podemos y el partido regional Alantre— ha exigido la dimisión inmediata del consejero Suárez-Quiñones, acusándolo de incompetencia y de minimizar la gravedad de la situación (durante los incendios, llegó a justificarse diciendo que tenía “la mala costumbre de comer”, a diferencia de las brigadas, que trabajaban exhaustas y sin recursos).
La falta de mantenimiento forestal, combustible para las llamas
Los bomberos insisten en que el incendio de Las Médulas es solo el principio. Alertan de que el modelo de prevención actual —basado en operativos temporales y escasa labor de mantenimiento forestal durante el invierno— facilita que hoy cualquier spark, una tormenta o un rayo se convierta en una tragedia ecológica. Reclaman la creación de un cuerpo público profesional, con contratos estables y operatividad continua, y denuncian la supresión de torres de vigilancia, como en Palencia, donde se han reducido de unas 200 a aproximadamente 100, con reemplazo por cámaras insuficientes.
El pasado más inmediato guarda lecciones dolorosas: en 2022, los incendios de la Sierra de la Culebra en Zamora arrasaron más de 60 000 hectáreas —dos de los mayores incendios registrados en la historia de Castilla y León— y dejó al descubierto que la activación del dispositivo Infocal fue tardía, insuficiente y temporánea. Hoy, mientras los focos de fuego continúan activos en León, Zamora, Ávila y Palencia, y la Junta anuncia inversiones millonarias (Mañueco afirmó que se han destinado 74 millones de euros a prevención), las críticas no cesan y las demandas de cambio urgente se multiplican.
Negar la relación entre el cambio climático y la intensificación de los incendios forestales no solo es un error político: es un riesgo directo para la seguridad de miles de personas. Las olas de calor más prolongadas, la sequía estructural y la alteración de los patrones de lluvia están creando un escenario en el que el fuego encuentra condiciones óptimas para propagarse con rapidez. Sin políticas de adaptación y prevención sostenidas, el coste en vidas, patrimonio natural y economía rural será cada vez más alto.
El negacionismo climático, cuando se traslada a las decisiones presupuestarias, retrasa las medidas necesarias y perpetúa un modelo de gestión reactivo y precario. Castilla y León, con uno de los patrimonios forestales más valiosos de España, afronta una encrucijada: seguir ignorando las advertencias científicas o reforzar su capacidad para proteger los montes durante todo el año. La elección no es ideológica, sino de supervivencia.
