Sánchez pasa a la ofensiva: escudo social frente al tijeretazo privatizador de PP y Vox

El tiempo de esperar rezagados ha llegado a su fin. El presidente del Gobierno ha tocado a rebato. A Moncloa se le acumulan los frentes abiertos y es momento de pasar a la ofensiva. La hecatombe de Extremadura, sumado a las controversias por los casos de acoso sexual, las salpicaduras de la trama corrupta Ábalos-Koldo-Cerdán y el expansionismo de la ultraderecha ha llevado a Pedro Sánchez a dar un golpe sobre la mesa. Desde su entorno insisten en cumplir a rajatabla el mandato de la legislatura. No hay ninguna posibilidad de adelanto electoral. Es más, consideran que la constante exigencia del PP de convocar comicios responde más a una estrategia de desgaste que a un puro interés democrático. De ahí, que en el complejo presidencial se solape la palabra “irresponsabilidad” a la opción del anticipo. Máxime en un contexto de crecimiento constante de Vox.

El diagnóstico que manejan en Moncloa parte precisamente de esta premisa. Y es que entienden que, en un escenario de normalización de la desinformación y el cuestionamiento abierto de los consensos democráticos, no se puede ir a remolque, sino que hay que llevar la voz cantante. Por eso, la receta que prepara el presidente pasa por endurecer la narrativa gubernamental y situar el foco donde más duele a la derecha, que no es sino vertebrar el discurso sobre los derechos frente a los recortes y los servicios públicos frente al modelo de privatización que impera en las autonomías de dominio del Partido Popular y Vox. En otras palabras, dosis generosa de democracia social frente a los experimentos ideológicos de conservadores y ultraderechistas en sus territorios.

La lectura interna va un paso más allá. Detectan que una parte del electorado no percibe con nitidez el riesgo real que supone Vox porque el Gobierno ha ejercido como dique de contención ante sus políticas regresivas. El grueso de sus carpetas en términos de derechos, igualdad o memoria democrática no han llegado a desplegarse a escala estatal precisamente porque el Ejecutivo ha puesto freno a ese retroceso. El problema es que ese muro no siempre se traduce en conciencia social de peligro, por lo que en Moncloa apuestan por un nuevo giro estratégico para pasar a la ofensiva política y este rumbo tiene como objetivo el modelo que PP y Vox están implantando en sus territorios y que, a ojos de los socialistas, se basa en la privatización de servicios públicos que, a su vez, provoca el debilitamiento deliberado del Estado del Bienestar al ceder espacios clave a intereses privados.

Guerra con Ayuso

Sánchez, de hecho, ya ha dado algunas pinceladas de lo que será esta nueva estrategia en su cruzada constante con Madrid. El presidente identifica la región que gobierna Isabel Díaz Ayuso como paradigma de este modelo, con su ofensiva contra la Sanidad Pública, ejemplificado en el escándalo del Hospital de Torrejón. Esa batalla abierta contra la Puerta del Sol no es fruto de la casualidad, sino que responde a una suerte de banco de pruebas de una estrategia aún mayor, que es la confrontación del modelo a todos los niveles y exponer las responsabilidades. De hecho, recuerdan en Moncloa que al PSOE le va mejor cuando tiene una bandera clara y, en este caso, la enseña de la defensa de los servicios públicos no dudará en ondearla.

Como ejemplo claro está el año 2023, cuando la formación socialista consiguió movilizar a su electorado en el momento en el que entró a escena el debate de derechos y convivencia democrática frente a una coalición de la derecha y la ultraderecha. El error ha estado en dar por perdida – dicen – algunas plazas antes de disputar el partido, como ha ocurrido con Extremadura. Ese aprendizaje condiciona el resto del ciclo electoral, con Aragón y Castilla y León como objetivos más cercanos; sin perder de vista Andalucía, cuyo futuro electoral está aún en el aire. En este último territorio la disputa se ha puesto de lo más interesante, con un Juanma Moreno Bonilla que ha retrocedido del umbral de la mayoría absoluta y creen que pueden sacar algo de tajada tras el escándalo de los cribados. Otro ejemplo más del modelo popular, pero también de esta nueva estrategia, habida cuenta de que los socialistas llevan meses percutiendo en los servicios deteriorados, los derechos cuestionados y las leyes y programas derogados.

Tensión interna

Un giro estratégico que, además, también llega un momento de plena combustión interna en Ferraz, que desde hace unos meses convive con un ruido y malestar ensordecedor, a la par que la sensación creciente de desgaste acumulado tras casi ocho años al frente del Gobierno de la Nación. No obstante, a pesar de esos decibelios provocados por antiguos cargos de calado en el partido no han hallado una respuesta favorable entre la militancia. Tampoco en los cuadros intermedios. Aun así, saben que el debate interno no se ha sofocado y necesitan calmar las aguas.

Entienden en la cúpula monclovita que Sánchez cuenta todavía con el respaldo de las bases, así como de la estructura territorial. Ello concede al presidente un plus de fuerza que alimenta su convicción de resistir hasta 2027 y convertir la legislatura en una suerte de plebiscito permanente entre dos modelos de país: el escudo social del Gobierno – subidas del SMI, revalorización de pensiones, defensa de servicios públicos y blindaje a los derechos – frente al recetario neoliberal de recortes, privatizaciones y tijeretazos en consensos que se enmascaran bajo un discurso de orden que, a su vez, esconde exclusión.