La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, está abonada a la censura. Desde que se sienta en la Puerta del Sol, los últimos datos reflejaban que la Asamblea, dirigida por Enrique Ossorio, otrora consejero de Educación, habría bloqueado una cantidad ingente de iniciativas parlamentarias.
La censura de la presidenta madrileña no hace sino crecer con el paso del tiempo y es que no permite que la oposición realice su función fiscalizadora respecto de ningún tema que pueda comprometerla. El último ejemplo de ello tiene que ver con el hospital de Torrejón de Ardoz y Ribera Salud, el gigante sanitario cuyo CEO, Pablo Gallart, ordenó priorizas el beneficio económico sobre la atención asistencial pidiendo explícitamente ampliar las listas de espera.
Más Madrid propuso una comisión de investigación para esclarecer los hechos, pero en las últimas horas el PP autonómico, sirviéndose por enésima vez de su mayoría absoluta en el Parlamento de Madrid, la ha tumbado. Ha sido su portavoz, Carlos Díaz-Pache, quien ha propuesto llevar la votación con este objetivo a la próxima sesión plenaria.
No es ni mucho menos la primera vez, y todo apunta a que no será la última, que los ‘populares’ pasan lo que coloquialmente la izquierda califica como “rodillo” para evitar preguntas incómodas o un estudio más a fondo de según qué cosas.
Probablemente el caso más palpable, o uno de los más llamativos, de la estrategia de Ayuso y su equipo pasa por las residencias de mayores, donde 7.291 personas murieron en la región sin recibir atención en los hospitales a causa de los bautizados como protocolos de la vergüenza, que evitaron la derivación de personas internas en geriátricos a hospitales del SERMAS. Tampoco se medicalizaron nunca los centros de la tercera edad, como se dijo desde Sol.
Así las cosas, al menos ocho veces se ha opuesto la derecha a investigar este drama, lo que ha provocado que tanto las distintas asociaciones de víctimas como los partidos políticos se hayan visto obligados a acudir a la Justicia y buscar reparación en medios de comunicación.
Sanidad, educación, cultura, contratos menores, González Amador...
También es usual que la presidenta de la Comunidad de Madrid no responda a nada sobre su novio, Alberto González Amador, y el fraude que él mismo reconoció a través de su defensa, el genocidio de Israel sobre Palestina, o acerca de cualquier situación dudosa en contratos, sobre todo de Educación y Sanidad, sus dos grandes talones de Aquiles.
La negativa es la máxima que se encuentran quienes acuden a los portales oficiales en busca de respuestas. Ha pasado con innumerables cuestiones en los últimos años como son los contratos a dedo a hospitales públicos o a otras infraestructuras dependientes de la administración, como Metro de Madrid. Respecto del suburbano, los ‘populares’ callaron sobre el acuerdo alcanzado con Ariete Seguridad, empresa recurrente para distintos servicios y que pertenece a Marta Lozano, ex alumna en un curso que impartió Ayuso.
En esa ocasión, como parece que ocurre en muchas otras, los responsables calcularon el presupuesto mediante lo que se conoce como “baja económica temeraria”, esto es, a partir de una oferta por debajo del resto de competidoras.
Lo cierto es que el “rodillo” de Ayuso ha llegado a espacios que pudieran parecer inimaginables, aunque no tanto cuando a la presidenta se refiere, como el cultural. En este ámbito, el partido al que pertenece ha vetado en este mismo año, durante los últimos meses, la comparecencia del bailarín Nacho Duato, muy crítico con la gestión de la política conservadora. Su objetivo pasaba por “informar sobre su gestión como experto y gestor cultural de espectáculos de danza”, pero se vetó en la comisión, esta vez por “falta de concreción”.
Y así, los ejemplos pueden ser infinitos. Más Madrid y PSOE han llevado diferentes análisis en esta dirección. La formación de Manuela Bergerot mostró cómo la Comunidad de Madrid había bloqueado 30 veces más iniciativas presentadas por ellos y los socialistas de lo que lo habían hecho otros compañeros de partido como Juanma Moreno Bonilla en Andalucía, Carlos Mazón entones al frente de la Comunidad Valenciana, o María Guardiola (Extremadura).
Aquel documento, al que tuvo acceso ElPlural.com, demostraba que la Asamblea había inadmitido un total de 13.466 iniciativas de un total de 44.482, es decir, un 30%. Datos traídos por las siglas de Óscar López, por su parte, lamentaba que en el último año, la Asamblea había prohibido 71 comparecencias, 21 interpelaciones, 4 proposiciones de ley, 46 no de ley registradas, 21 No de Ley (PNL) presentadas al Pleno, 5 mociones y, lo más grave por el volumen, 1558 preguntas orales. En total, 1.600 iniciativas en su caso solo en 2024.
