El ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha negado que existiera financiación irregular de la formación socialistas cuando el ocupaba uno de los puestos de mayor responsabilidad y ha asegurado no contar con ninguna prueba que pueda implicar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en “actividades ilícitas” o “hechos delictivos”. Estas son las principales declaraciones concedidas por el ahora reo de Soto del Real en su primera entrevista, concedida en exclusiva a ‘Mañaneros 360’ (TVE), desde su entrada en prisión preventiva.
Preguntado directamente por la financiación irregular en Ferraz que ha aireado el Partido Popular (PP), única formación condenada por beneficiarse a título lucrativo de la corrupción, y la derecha mediática, Ábalos es contundente: “No hubo financiación ilegal del PSOE, por lo menos mientras yo fui secretario de organización del PSOE”. Misma afirmación que realizó Santos Cerdán, el otro implicado en el caso Koldo y su sucesor en las responsabilidades socialistas. Palabra de dos implicados e interesados que no es prueba directa, pero que desmiente a aquellos que aseguran que podrían tirar de la manta.
Más allá del partido, para los que señalan a Sánchez como el “uno” de la trama, el que fuera ministro también ha trasladado malas noticias. “No tengo pruebas de hechos delictivos y actividades ilícitas del presidente del Gobierno”, ha reconocido en la primera entrevista que concede desde que está internado en la cárcel. Si bien sí que ha dejado caer una amenaza, sin aclarar a quién podría ir dirigida, al ser preguntado por cómo sería recordado una vez resuelto el caso: “No seré recordado yo solo”.
Dentro de su estrategia judicial, en la que hoy ha dado un paso más al reclamar al Tribunal Supremo ser juzgado por un jurado popular, ha garantizado que no se fugaría en caso de estar en libertad, al tener todo su arraigo y familia en España, incluido un hijo menor al que pasa pensión; y ha aseverado que “confía en la Justicia” para ser liberado antes de que se celebre el juicio, como ha sucedido con Santos Cerdán. “Quieren eliminar un hombre y un político con mi entrada en prisión”, ha lamentado.
Por último, en el plano personal, ha contado que está “caminando mucho” dentro de la prisión, pero, sobre todo, “leyendo muchísimo”. Además, ha afirmado que recibe grandes cantidades de cartas “de otros presos” que le trasladan su “apoyo” y “ánimo”. “Me encuentro bien, más fuerte que nunca. Estoy recibiendo un trato excelente de los funcionarios y los otros presos”, ha ahondado. Sobre su relación con Koldo García, su exasesor y ahora compañero de celda, ha asegurado que “es buena”, desmintiendo las informaciones que apuntan lo contrario. “Hemos aprendido a convivir los dos en una celda, que nadie está hecho para ello”, ha zanjado.
Juzgado por jurado popular
También este miércoles se ha conocido que la defensa del acusado por delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación, organización criminal y uso de información privilegiada, por los que se le piden hasta 30 años de prisión, reclama ahora al Tribunal Supremo que le juzgue un jurado popular en el marco del caso Koldo, en el que se investigan irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia de la Covid-19. "El grueso de las imputaciones, pues, están dentro del ámbito de competencia del jurado popular", argumenta el escrito.
El escrito remitido busca revocar la decisión de procesamiento con un tribunal de magistrados y alude a que, de acuerdo con la Ley Orgánica de Tribunal de Jurado, tres de los delitos de los que se imputan a Ábalos (cohecho, tráfico de influencias y malversación) son propios de esta tipología de enjuiciamiento. Si bien los otros dos (organización criminal y uso de información privilegiada) que no son propios del jurado popular. "Los delitos principales son los de competencia de jurado, que arrastran a los otros, nunca al contrario", desgrana el escrito.
Asimismo, el escrito desarrolla que el jurado popular "se constituirá en el ámbito de la Audiencia Provincial o, en su caso, de los tribunales que correspondan por razón del aforamiento del acusado". "El Tribunal Supremo no pierde su competencia por el hecho de que el juicio se celebre con jurado; simplemente, la Sala se constituye de una forma especial (un magistrado-presidente y nueve jurados)", desgrana su propuesta, buscando convencer al Alto Tribunal aludiendo al caso de los trajes de Camps, que se desarrolló hace casi 14 años.
