¿Qué coste real tiene minimizar el cambio climático? En Castilla y León, once incendios activos, ocho pueblos evacuados y un Patrimonio de la Humanidad amenazado ofrecen una respuesta trágica. La crisis ha estallado con el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones (PP), en el centro de la polémica, después de que se encontrara en Gijón participando en actos institucionales mientras las llamas avanzaban sin control en León y Zamora. Su ausencia física en las primeras horas de la emergencia, unida a su historial de declaraciones cuestionando la prevención forestal durante todo el año, ha reavivado el debate sobre el negacionismo climático institucional y sus consecuencias prácticas.
Cuando la prevención es “un despilfarro”: el discurso que vuelve contra Quiñones
El episodio se agravó con las propias palabras de Quiñones al ser preguntado por su ausencia: “Comer es una obligación para estar en condiciones” y “tenemos la mala costumbre de comer a mediodía, una costumbre que algunos cumplimos”. La imagen de dirigentes autonómicos compartiendo mesa en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) mientras se evacuaban municipios y se cortaban carreteras por el fuego circuló ampliamente en redes sociales, acompañada de mensajes de indignación. Entre los asistentes al acto se encontraban también otros representantes institucionales de distintos partidos.
La polémica no afecta solo a Quiñones. El presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, tampoco se desplazó a las zonas afectadas en las primeras horas de la crisis. Su única intervención inicial fue un mensaje en redes sociales el domingo por la tarde, en pleno avance de las llamas. Para colectivos vecinales y organizaciones ecologistas, esta ausencia física de los máximos responsables políticos transmite un mensaje claro: la gestión de las emergencias climáticas no es una prioridad en la agenda del Ejecutivo autonómico.
La controversia se entiende mejor a la luz de los antecedentes del propio consejero. En 2018, Suárez-Quiñones calificó de “absurdo” y de “despilfarro” cuidar los montes durante todo el año con el objetivo de prevenir incendios en verano. “El mismo operativo todo el año de ninguna manera, es absurdo y un despilfarro. Sería tirar el dinero público que es de los castellanos y leoneses. El operativo tiene que estar como tiene que estar”, afirmó Quiñones en una entrevista concedida a ‘Diario de Valladolid’.
Estas declaraciones, que en su momento provocaron duras críticas de ecologistas y expertos, chocan con el consenso científico que vincula el abandono de la gestión forestal con el aumento de los incendios de gran intensidad. Años después, y con el cambio climático intensificando la sequía y las olas de calor, esas palabras se interpretan como un ejemplo de negación o minimización de un problema que hoy se traduce en daños tangibles sobre el terreno.
La Junta de Castilla y León ha confirmado que cinco de los once incendios activos se encuentran en nivel de gravedad 2, el más alto antes de declarar la emergencia nacional. Los fuegos más graves se localizan en las provincias de León y Zamora. En Zamora, los incendios de Molezuelas y Puercas han obligado a evacuar a cientos de personas y cortar carreteras como la ZA-110 o la ZA-1511, dejando incomunicadas varias localidades. En León, el incendio de Yeres, activo desde el sábado, ha afectado al paraje de Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad, y ha forzado el desalojo o confinamiento de unos 800 vecinos. Otros focos importantes, como los de Paradiña y Llamas de Cabrera, siguen activos tras días de trabajo de brigadas y medios aéreos.
El impacto real de minimizar el cambio climático
La Agencia Estatal de Meteorología advierte de que el riesgo de incendios extremos se incrementa de forma sostenida debido a la combinación de sequías prolongadas, altas temperaturas y abandono del territorio. En este escenario, los incendios no son episodios excepcionales, sino fenómenos recurrentes que requieren planificación a largo plazo y recursos permanentes. La prevención continua —limpieza de sotobosque, retirada de biomasa, mantenimiento de cortafuegos— no solo reduce la intensidad de los fuegos, sino que ahorra costes de extinción y reparación.
Aquí es donde los riesgos del negacionismo climático se hacen evidentes. Cuando responsables políticos restan importancia a la prevención o al impacto del cambio climático, se genera una brecha peligrosa entre la evidencia científica y las políticas públicas. Estudios recientes alertan de que la desinformación climática reduce la percepción del riesgo y dificulta la adopción de medidas eficaces. Si ese discurso proviene de figuras con poder institucional, sus efectos se amplifican y retrasan la aplicación de soluciones urgentes.
Este negacionismo no solo frena la acción ambiental; también tiene consecuencias estructurales sobre la gobernanza y la economía. Investigaciones internacionales demuestran que en regiones donde estas posturas son dominantes, las empresas tienden a mostrar peores prácticas ambientales, cometer más infracciones y generar mayores costes sociales. En el contexto de Castilla y León, ese efecto puede traducirse en menos inversiones en gestión forestal, mayor vulnerabilidad ante emergencias y un debilitamiento de la resiliencia local.
El impacto del negacionismo se extiende además al plano social. La difusión de narrativas que minimizan la crisis climática alimenta la polarización y dificulta la construcción de consensos para actuar. Estudios en comunicación climática indican que, aunque la negación puede ser un mecanismo de defensa frente a la ansiedad ambiental, también agrava la inacción colectiva. En definitiva, cuanto más se retrasa el reconocimiento del problema y su abordaje estructural, mayores serán los daños ambientales, económicos y humanos.
