La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, lanzó este viernes un mensaje directo a las comunidades autónomas: No caben excusas. Les pidió que se adhieran “con urgencia” al nuevo Plan Estatal de Vivienda y que comuniquen cuanto antes su voluntad de participar en un programa que, según adelantó, el Gobierno prevé elevar “muy pronto” al Consejo de Ministros. Su advertencia no fue retórica: Rodríguez dejó claro que quien se quede fuera lo hará por decisión propia, no por falta de diálogo.

La responsable de Vivienda defendió que el Ministerio ha habilitado todas las vías posibles para el consenso. “He abierto mesas de trabajo y de diálogo, y las mantendré abiertas hasta el último día”, subrayó en Palencia, durante la clausura de la Conferencia Sectorial de Vivienda. Allí insistió en que la política de vivienda exige corresponsabilidad institucional, especialmente en un momento en el que los precios del alquiler y la falta de oferta tensionan a miles de familias.

Rodríguez aseguró que el Ejecutivo ha incorporado propuestas planteadas tanto por comunidades como por entidades locales, demostrando - dijo -  que el Gobierno “sí escucha”. Entre esas aportaciones figura una reivindicación largamente repetida: permitir que los fondos estatales puedan utilizarse para urbanizar suelo y aumentar así la disponibilidad de terrenos aptos para construir vivienda asequible. Según la ministra, este cambio era necesario para que los ayuntamientos puedan acelerar sus proyectos y ampliar la oferta allí donde más falta hace.

Toque de atención

Sin embargo, el tono se endureció cuando se refirió a varias comunidades gobernadas por el Partido Popular. Rodríguez denunció la “dejación de funciones” de los presidentes autonómicos que, pese a las reiteradas solicitudes del Ministerio, siguen sin enviar los datos sobre cuántas personas demandan una vivienda en sus territorios, dónde la necesitan y qué tipo de familias son. Una información clave para planificar la inversión pública.

“¿Por qué no me dan los datos? ¿Por qué no quieren compartir esa información, como tampoco comparten los datos de las mamografías?”, lamentó. Para la ministra, esta falta de colaboración bloquea la eficacia de las políticas públicas y evidencia una actitud partidista que utiliza la vivienda “como arma arrojadiza” en lugar de como un servicio esencial.

Un plan que multiplica los recursos

Rodríguez expuso también el impacto concreto del nuevo Plan Estatal de Vivienda en Castilla y León, territorio al que dedicó buena parte de su mensaje. Según explicó, la autonomía podría pasar de un presupuesto de 101 millones a 378 millones de euros: un incremento del 371%. “¿A esto van a decir que no?”, se preguntó. “La sociedad castellanoleonesa dice sí a más recursos para vivienda”, remató, convencida de que la ciudadanía quiere soluciones y no confrontación.

La ministra aprovechó su intervención para pedir a los castellanos y leoneses que “se atrevan” y apoyen el proyecto “democrático y transformador” que encarna el candidato socialista a la Junta, Carlos Martínez. Un modelo - dijo - que apuesta por ampliar derechos, aumentar la inversión pública en vivienda y trabajar de la mano de los municipios para ofrecer alternativas reales a jóvenes, familias y mayores.

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