La lista de objetores al aborto en el Madrid de Ayuso, sin confirmar pese al inminente fin del plazo marcado por el Gobierno

La última cruzada del Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso contra Moncloa se ha focalizado, en esta ocasión, en el derecho al aborto en la región, manteniendo así la puerta abierta a no entregar el registro al Ejecutivo central sobre los médicos objetores de conciencia ante estas prácticas, empujando a su vez a aquellas mujeres que deseen interrumpir voluntariamente su embarazo a acudir a clínicas privadas.

Con motivo de la negativa del Ejecutivo de la Puerta del Sol a elaborar un registro de objetores de conciencia confidencial, pese a estar obligado por ley, para facilitar de esta manera el reparto de profesionales para que en todos los centros madrileños haya disponible un médico que realice estas intervenciones, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha recordado que el plazo para registrar la lista de objetores finaliza en pocas horas.

“Esta noche a las 00:00 horas acaba el plazo para que la Comunidad de Madrid acepte elaborar la lista de objetores de conciencia para las interrupciones voluntarias del embarazo. Vamos a respetar el plazo, aún están a tiempo”, ha ahondado la titular de Sanidad al mediodía de este viernes a través de X -antigua Twitter-, dando así margen al Gobierno de Ayuso para poder realizar un giro drástico en su decisión en las horas que restan hasta que se cumpla el límite de tiempo establecido.

Esta noche a las 00:00 acaba el plazo para que la Comunidad de Madrid acepte elaborar la lista de objetores de conciencia para las interrupciones voluntarias del embarazo. Vamos a respetar el plazo, aún están a tiempo.

— Mónica García (@Monica_Garcia_G) November 14, 2025

El Ministerio ya vino reclamando tiempo atrás al Ejecutivo madrileño esta lista, que no influye en ningún aspecto a los sanitarios puesto que es confidencial, pero la lideresa de Sol no ha cedido. El Gobierno central se rige por lo contemplado en la ley de 2023 para la creación de este registro, dando así el plazo de un mes a la Comunidad de Madrid para dar explicaciones -según lo previsto en el artículo 44 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que obliga a realizar un requerimiento previo antes de acudir a los tribunales-. Transcurrido este tiempo, el Ministerio tendrá otros dos meses de margen para acudir a los tribunales y plantear un tribunal Contencioso-Administrativo para que un juez obligue al Madrid de Ayuso a cumplir la normativa estatal.

El Madrid de Ayuso encara al Gobierno

Esta decisión ha trascendido en voz de la consejera de Sanidad madrileña, Fátima Matute, quien ha avanzado que el Ejecutivo de Ayuso defenderá “con la Constitución en la mano” la libertad de objeción sobre el aborto: “Nosotros preferimos que sea un tribunal el que diga lo que hay que hacer antes que un Gobierno sectario que no piensa en nada ni en nadie”, ha subrayado en declaraciones a los medios de comunicación este viernes durante una visita al nuevo Centro de Salud Dehesa de San Sebastián de los Reyes.

A juicio del Gobierno de Ayuso, "saltarse este procedimiento no solamente vulnera los derechos de las mujeres, es que también vulnera los derechos de los profesionales que quieren ejercer de manera activa e individual su derecho a la objeción de conciencia".

Ante este requerimiento, por su parte, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, defendió la capacidad de "autoorganización" en materia sanitaria. "Desde luego, con la Constitución en la mano, defenderemos la libertad de objeción y todos aquellos artículos para proteger a nuestra población", ha añadido este viernes Matute.

Una postura que ha generado las consiguientes críticas de la oposición. Así las cosas, la mandataria de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha acusado a Ayuso de “boicotear los derechos de las mujeres madrileñas” con esta decisión: “Lo que está pasando con el tema del aborto es transparente: todo vale para hacer oposición a Mónica García, en contra del sentido más elemental”, ha ahondado.

Baleares reclama más tiempo a Sanidad

Y es que la negativa de cumplir con la normativa estatal no sólo se está dando en Madrid, sino también en Baleares, donde el mandato de la popular Marga Prohens se ha postulado en términos similares, debido a que pedido más tiempo para elaborar el registro de objetores al aborto en su comunidad autónoma.

“No me voy a saltar ningún trámite porque me lo diga el presidente del Gobierno en una carta. Quizá debería informarse mejor cómo se tramita la modificación de un decreto o cómo se crea un registro. No este, cualquiera”, ha reprochado, apuntando que el trámite está siguiendo su proceso “habitual”.

Comparándose con la postura adoptada por Madrid, Prohens ha defendido que, bajo su gestión, “ni la más mínima polémica” porque no se saltará “los procedimientos que marca la ley de Baleares”. La carta enviada por el Gobierno central también se dirigó a Aragón y Asturias en aras de cumplir con el plazo establecido.

Cabe recordar que esta misma cuestión fue planteada en Génova, desde donde su líder, Alberto Núñez Feijóo, negó que Ayuso esté en una situación de “rebelión” por no aportar la lista de médicos objetores, reiterando así que los ejecutivos territoriales del PP cumplen con la ley del aborto de 2010: “La propuesta del PP está muy clara, la ley del aborto se cumple en España. Yo la cumplo y los presidentes autonómicos de mi partido también”, claudicó al respecto en una entrevista concedida a Antena 3 este jueves.