Feijóo, incapaz de escapar del pulso Sánchez-Ayuso: el aborto, el último ejemplo, pero no el único

El liderazgo de Alberto Núñez Feijóo vuelve a tambalearse en el punto exacto donde convergen Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrileña ha reabierto la guerra ideológica sobre el aborto con unas declaraciones que desafían la ley y que han obligado al líder del PP a intervenir para apagar el fuego. Un nuevo episodio del pulso entre Moncloa y la Puerta del Sol que deja a Feijóo, otra vez, atrapado entre dos estrategias irreconciliables.

En concreto, la presidenta de la Comunidad de Madrid agitó el debate nacional al negarse a crear el registro de médicos objetores de conciencia, un mecanismo establecido por ley desde 2023. “No voy a hacer una lista negra de médicos. Nunca. Nunca.”, proclamó desde la Asamblea de Madrid antes de añadir una frase que incendió el panorama político: “Que se vayan a otro lado a abortar”.

Sus palabras provocaron una inmediata respuesta del Gobierno central. Pedro Sánchez acusó a Ayuso de querer devolver al país a los tiempos en que las mujeres debían viajar a Londres o París para ejercer su derecho al aborto. “Esta es la libertad que promueve Ayuso: volver al clasismo, al señalamiento y a los viajes clandestinos. No lo vamos a permitir”, escribió el presidente en redes sociales. Moncloa advirtió que recurrirá a “todos los instrumentos legales” para garantizar el cumplimiento de la norma, incluida la vía del Tribunal Constitucional.

La rebelión madrileña se convirtió en un problema nacional para el Partido Popular. Otras comunidades gobernadas por el PP, como Aragón, Asturias y Baleares, comunicaron que sí aplicarían la ley, dejando sola a Ayuso en su desafío. Y Feijóo, presionado desde el Gobierno y desde sus propias filas, tuvo que intervenir para marcar distancia.

Feijóo intenta contener el incendio

La postura de desafío de Ayuso colocó a Feijóo en una encrucijada. El presidente del PP, que en los últimos meses había intentado cerrar cualquier debate interno sobre el aborto, “no ha tenido más remedio” que alejarse públicamente de la posición de la dirigente madrileña. Feijóo emitió un comunicado –difundido en sus redes sociales y notable por no mencionar en ningún momento a Ayuso– reafirmando su compromiso con la ley vigente.

“Sobre el aborto mi posición es clara y conocida. Garantizaré siempre que cualquier mujer que opte por la interrupción de su embarazo pueda hacerlo con la mejor atención médica y psicológica, conforme a las leyes”, subrayó Feijóo, marcando distancias con la insubordinación de Madrid. La referencia explícita al cumplimiento de la ley no pasó inadvertida: es justamente el punto del que Ayuso se apartó al anunciar que “nunca” crearía el registro de objetores, requisito establecido en la reforma legal de 2023.

Una historia que se repite: del aborto al “procés”

La crisis abierta por el aborto no es un caso aislado, sino el enésimo episodio en que Feijóo debe maniobrar entre el discurso del Gobierno de Sánchez y la línea dura representada por Ayuso (y amplificada, en ocasiones, por Vox). Ya a principios de 2023, el llamado protocolo antiaborto impulsado por la coalición PP-Vox en Castilla y León puso a prueba la estrategia de equilibrio de Feijóo. Ante la intención del vicepresidente autonómico (de Vox) de obligar a los médicos a ofrecer ecografías 4D y latidos fetales a las embarazadas que pensaban abortar, el Gobierno central reaccionó con firmeza, calificando la iniciativa de “tropelía” y amenazando con acciones legales.

Feijóo, por su parte, tardó varios días pero finalmente marcó distancias con su socio regional ultra: recalcó que Vox “no tiene competencia” en materia de abortos en Castilla y León y aseguró que “no se puede coaccionar a ninguna mujer” que decida interrumpir su embarazo dentro de la ley. El líder del PP insistió en que no habría ningún cambio en los protocolos de atención a las embarazadas y que la Junta “no va a coaccionar a ninguna mujer” con medidas extralegales. Aquella vez, Feijóo optó por minimizar la propuesta ultra —tachándola de “comentario de tertulia” sin recorrido normativo real— a la vez que acusaba a Pedro Sánchez de sobredimensionar el asunto para obtener rédito político.

Otro frente delicado ha sido la ley de amnistía para los encausados del procés catalán, que el Gobierno de Sánchez empezó a explorar tras las elecciones generales de julio de 2023. Feijóo y Ayuso coincidieron entonces en un rechazo frontal a cualquier acuerdo de impunidad con los independentistas, pero el énfasis de sus mensajes reveló diferencias de tono. El líder del PP llegó a calificar la eventual amnistía como “ilegal, inmoral, una transacción corrupta de impunidad a cambio de poder”, acusando a Sánchez de “atentar contra el Estado de derecho”. Sin embargo, la presidenta madrileña fue aún más allá en su respuesta: tildó la medida de “blanqueamiento de la corrupción de Estado”, afirmando que “destruye la seguridad jurídica” y “desmoraliza a la sociedad”.

Ayuso, muy activa en redes y foros públicos, elevó el discurso hasta equiparar la amnistía con un ataque a la democracia, hablando abiertamente de “golpe a la justicia” y alentando la movilización en la calle contra Sánchez. Feijóo, más cauto en las formas, tuvo que equilibrar ese ardor beligerante con su imagen de político institucional: respaldó manifestaciones pacíficas y promovió recursos jurídicos contra la ley, pero evitando la retórica incendiaria de Ayuso. La tensión se hizo visible en octubre de 2023, cuando el PP organizó un multitudinario acto en Madrid contra la posible amnistía. Feijóo encabezó el evento arropado por figuras como Aznar y Rajoy, pero Ayuso volvió a acaparar titulares con sus advertencias apocalípticas sobre la “vuelta del golpe”. Al final, aunque el PP cerró filas públicamente, quedó de manifiesto que Ayuso empuja constantemente el discurso hacia posiciones máximas, obligando a Feijóo a seguirla para no perder la iniciativa opositora, pero con el riesgo de ampliar la brecha con el electorado moderado.

La reforma del modelo de financiación volvió a enfrentar a Isabel Díaz Ayuso con el Gobierno y a tensar su relación con Génova. Cuando Moncloa propuso aliviar la deuda autonómica y abrir el debate sobre un nuevo sistema, Ayuso instó a los presidentes del PP a bloquear en bloque las reuniones con Sánchez, al que acusó de intentar “sobornar uno a uno” a los territorios con privilegios. Su discurso, de tono patriótico y combativo, no fue secundado por todos los barones populares, varios de los cuales se mostraron dispuestos a dialogar con Hacienda.

Ante el riesgo de fractura interna, Feijóo optó por rebajar el conflicto y conceder autonomía a cada dirigente regional para decidir su nivel de interlocución con el Gobierno, sin abandonar el mensaje de firmeza frente a Sánchez. El resultado fue el habitual: Ayuso marcó la línea más dura y Feijóo tuvo que moverse a contrarreloj para mantener la unidad y el equilibrio entre los distintos sectores del PP.

En el ámbito educativo, Ayuso también ha mantenido un pulso propio contra el Gobierno de Sánchez. Durante la tramitación de la Ley Celaá (LOMLOE), la Comunidad de Madrid recurrió ante los tribunales varias disposiciones y ordenó a los centros no aplicar algunos cambios, como la promoción de curso con asignaturas suspensas. Incluso amenazó con acudir al Supremo para frenar el nuevo decreto de evaluación. A esta estrategia de confrontación se sumaron iniciativas ideológicas, como la Semana de la Hispanidad en los colegios, criticada por romantizar la colonización de América. Estas medidas han provocado rechazo entre docentes e historiadores y han situado al PP madrileño en un perfil más radical que el resto de comunidades del partido.

El aborto es solo el último ejemplo —pero no el último— de un pulso que condiciona el presente y el futuro del PP. En el fondo, lo que está en juego no es solo la relación entre Feijóo y Ayuso, sino el rumbo ideológico de la derecha española en su conjunto.