El Gobierno de la Comunidad de Madrid, dirigido por Isabel Díaz Ayuso, pagará 540.695 euros a la empresa de la que es directiva la hermana de Alberto Núñez Feijóo, Micaela Núñez Feijóo, a través de la filial de la firma, Eulen Servicios Sociosanitarios.
Tal y como adelantaba Infobae y ha comprobado en detalle ElPlural.com, el Ejecutivo regional lleva contando con la compañía desde 2023, y en este 2025 lo ha vuelto a prorrogar, recientemente en diciembre de este año.
La empresa de la que es directiva Micaela Núñez Feijóo la preside María José Álvarez Mezquiriz, una de las grandes fortunas de este país y que se ha financiado precisamente del PP a través de Estado de Alarma (EDA TV), el portal que catapultó al agitador ultra Vito Quiles.
Respuesta de la Consejería de Asuntos Sociales
En preguntas a este periódico, la administración madrileña responde con una nota informativa y destaca los datos de la prestación (21.787 atenciones, que se concede los 365 días del año o el equipo profesional, conformado por 14 psicólogos especializados, que “realizan un seguimiento continuado en cada caso y, cuando es necesario, derivan a los recursos de emergencia y atención inmediata, como el 112 o el 012 Mujer). En cuanto al hecho de que sea Eulen la receptora, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales no se ha pronunciado en el momento de publicación de estas líneas.
Los servicios que presta pasan por el “apoyo y asistencia psicológica a jóvenes residentes en la Comunidad de Madrid, con edades comprendidas entre los 14 y los 30 años, de carácter inmediato e individualizado, no presencial, mediante teléfono, sistema de videoconferencia y de mensajería instantánea, que incluye realizar un seguimiento individualizado de cada caso, así como las derivaciones oportunas a los recursos públicos de emergencia de la Comunidad de Madrid, tales como el 112 y el 012 Mujer, entre otros”.
Problemas con una adjudicación
En otro orden de cosas, Eulen ganó un primer contrato de siete meses, ente febrero y agosto de 2023. Después se realizó una primera prórroga hasta verano de 2024, y aquí surgieron problemas.
En septiembre de ese mismo año la Autonomía se vio obligada a prorrogar la prestación porque una de las empresas que se presentó al concurso, Anima Serenitas puso recurso -una situación similar a la que ha ocurrido con la polémica de los cribados de cáncer de mama en Madrid-, lo que provocó que se suspendiera el procedimiento como sucede siempre en estos casos. El Ejecutivo regional, según informaba Infobae, tuvo que seguir pagando a Eulen y le abonó 280.000 euros para que la actividad continuara su curso.
"Pliegos políticos"
Más allá del transcurso de la contratación desde la primera prestación, que a ojos de la oposición resulta "extraño" al tratarse de un acuerdo con poca duración -y que después se prorroga-, la portavoz de Políticas Sociales del PSOE de Madrid (PSOE-M), Lorena Morales, pide a la Consejería una "reflexión" porque los pliegos que saca "siempre suelen ser subastas". "Son pliegos políticos y obedecen a un modus operandi habitual", indica.
"Al final se lo quedan empresas de la envergadura de Eulen y de conocidos u otras como Anima Serenitas, que en última instancia son negacionistas de la violencia machista y defienden el síndrome de alienación parental (...) Hay compañías muy buenas que no pueden tirar tanto los precios", lamenta. "Este caso es muy claro, porque no se presenta ninguna entidad de la Infancia (Unicef, Save the children) o una entidad feminista, sino que abren las puertas a los suyos. Es el criterio del pelotazo de negocio", explica en declaraciones a este periódico.
“O me voy de España o me suicido”
La salud mental es un tema delicado al que las últimas generaciones han dado voz. La presidenta de la Comunidad de Madrid habla en reiteradas ocasiones de su importancia, pero su pareja, Alberto González Amador, fue muy criticado por frivolizar con la misma.
El compañero sentimental de la baronesa se victimizó en la sala del Tribunal Supremo que ha terminado condenando al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por posible revelación de secretos durante la investigación al empresario.
González Amador aseguró que conocer que había reconocido sus delitos fiscales a la Hacienda Pública le había “destrozado” la vida y que el fiscal -acusándole de haber filtrado el mail- le había “matado públicamente” al pasar a ser considerado, a partir del correo, como “el delincuente confeso del reino de España”.
González Amador sentenció que, con todo, “o se iba de España, o se suicidaba”. Finalmente, ha terminado por comprarse el ático que tenía alquilado encima del piso de lujo que comparte con Ayuso.
