El cuerpo de las mujeres vuelve a ser territorio de disputa política. En Madrid, PP y Vox han apoyado una propuesta para obligar a difundir información falsa sobre los efectos del aborto, reintroduciendo en el debate público conceptos sin base científica. La reacción no se ha hecho esperar: desde el Gobierno y las organizaciones feministas se advierte del peligro de un retroceso y se reclama elevar el derecho al aborto a rango constitucional para protegerlo de los cambios de ciclo político.
La medida aprobada en el Ayuntamiento madrileño exige que se “informe” a las mujeres sobre un supuesto “síndrome post aborto”, una condición que no figura en ningún manual clínico ni cuenta con respaldo científico. Entre los efectos que la moción atribuye a ese supuesto trastorno se mencionan depresión, aislamiento o pensamientos suicidas. Colectivos médicos y asociaciones de mujeres denuncian que se trata de una maniobra ideológica orientada a culpabilizar a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo y a introducir mensajes contrarios a la evidencia científica en los servicios públicos.
El Gobierno central ha calificado la iniciativa de “intolerable” y el Ministerio de Igualdad estudia la posibilidad de impugnar la medida por vulnerar el derecho a recibir información veraz y basada en evidencias. La propia ministra de Sanidad ha recordado que el aborto es un derecho reconocido por ley y avalado por el Tribunal Constitucional, y ha advertido de que “nadie puede obligar a mentir a las mujeres ni a los profesionales sanitarios”.
La polémica se produce en un momento en el que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha abierto el debate sobre incluir el derecho al aborto en la Constitución Española, como parte de una futura reforma que garantice su protección frente a eventuales retrocesos. Según el presidente del Gobierno, se trata de “blindar con rango constitucional lo que ya es una realidad jurídica y social: el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad”.
Blindar este derecho implicaría elevarlo al nivel de los derechos fundamentales, lo que supondría que cualquier intento de limitarlo debería superar los más altos estándares constitucionales y las mayorías parlamentarias reforzadas. Para el Gobierno y las organizaciones feministas, esa garantía serviría para evitar que los avances logrados en materia de igualdad puedan revertirse con un simple cambio de mayoría.
Sin embargo, la propuesta no cuenta con el respaldo del principal partido de la oposición. El Partido Popular ha rechazado la idea de incorporar el aborto en la Constitución, argumentando que ya está suficientemente protegido por la legislación vigente y las sentencias del Tribunal Constitucional. Vox, por su parte, mantiene su postura abiertamente contraria a la interrupción voluntaria del embarazo y defiende la derogación de la ley actual.
El debate, por tanto, trasciende lo jurídico. Lo que está en juego es si la sociedad española considera el aborto un derecho consolidado o una concesión sujeta a cambios políticos. Los movimientos feministas insisten en que los derechos de las mujeres no pueden depender de los equilibrios parlamentarios y recuerdan que, en países de su entorno, las involuciones en materia de derechos reproductivos han sido impulsadas por gobiernos conservadores o ultraderechistas.
En ese sentido, España observa con atención los retrocesos vividos en Estados Unidos o en algunos países europeos, donde el aborto ha vuelto a ser cuestionado tras décadas de consenso. De ahí que la idea de blindarlo en la Constitución haya ganado terreno como una forma de cerrar definitivamente el debate legal y mantenerlo al margen de las disputas ideológicas.
Por ahora, la propuesta se encuentra en fase de estudio político y jurídico. Cualquier modificación constitucional requiere mayorías reforzadas en el Congreso y el Senado, además de una posible ratificación mediante referéndum. Aun así, el debate abierto por el Ejecutivo ha devuelto al primer plano una cuestión que afecta de forma directa a la autonomía y la libertad de millones de mujeres.
El apoyo de PP y Vox a la moción sobre el falso “síndrome post aborto” ha actuado como catalizador de un debate más profundo sobre los límites del poder político en la regulación de los derechos reproductivos. La pregunta, ahora, es si España está dispuesta a dar un paso más y convertir el derecho al aborto en una garantía constitucional, inmune a los cambios de gobierno y a las campañas de desinformación.
Síguenos en Google Discover y no te pierdas las noticias, vídeos y artículos más interesantes
Síguenos en Google Discover
