El Gobierno propone incluir el aborto en la Constitución para impedir que salga adelante el plan de Vox y el PP de Madrid

El Gobierno propone incluir el derecho al aborto en la Constitución Española. La coalición responde así rápidamente a la maniobra desarrollada por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Alemida, que en connivencia con la extrema derecha ha aprobado una proposición municipal para, aludiendo a información falsas y aspectos clínicos inventados, coaccionar a las mujeres a la hora de ejercer un derecho que ha costado años afianzar. “Consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres” es el principal objetivo del Ejecutivo con este movimiento.

“En un contexto global de ofensiva contra los derechos sexuales y reproductivos, España da un paso más para consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres para decidir sobre sus vidas”, trasladan fuentes de Moncloa.  Además, más allá del blindaje en la Carta Magna, la administración central asegura que “se impedirá que las mujeres que quieren interrumpir su embarazo reciban información falsa o sin evidencia científica”, a través de la modificación del Real Decreto 825/2010 de salud sexual y reproductiva y la interrupción voluntaria del embarazado.

El Gobierno impulsará un procedimiento de reforma ordinario de la Constitución para dar respuesta a los últimos movimientos reaccionarios y misóginos. Para sacarlo adelante se requerirá una mayoría cualificada (dos tercios de la Cámara Baja). Aunar esta suma de votos será complejo, debido al fraccionamiento parlamentario, pero desde la coalición se apoyan en lo dictado por Tribunal Constitucional, que reconoció la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho esencial de las mujeres, para presionar las voces reticentes a blindar este derecho que abundan en Partido Popular (PP) Y Vox.

España se convertiría en el segundo país del mundo en recoger el derecho al aborto en su Constitución, después de que Francia lo hiciese en 2024, si el procedimiento consigue superar el trámite parlamentario. Un paso importante con el que el Gobierno “combate cualquier intento de retroceso futuro que amenace los derechos de las mujeres” y con el que han amenazado las extremas derechas españolas. La otra arista, la reforma del Real Decreto Ley, complementará este movimiento, arrojando luz científica sobre los intentos de acabar con los derechos de las mujeres.

Almeida, el síndrome inventado y la respuesta del Gobierno

“El aborto es un gran negocio para la ideología que lo sustenta y promociona: el feminismo […] El Síndrome Post-Aborto es algo conscientemente ocultado”, recoge el texto aprobado por el PP y Vox en la capital, que apunta que abortar puede provocar “consumo de alcohol y drogas”, “pensamientos suicidas”, “aumento de cánceres en el aparato reproductor femenino”. Esta y otra serie de cosas inventadas, incluido un síndrome, son un habitual en las tesis de los concejales misóginos que ahora apoya Almeida y que el Gobierno se ha visto obligado a responder, ante el peligro para las mujeres madrileñas.

“El Ejecutivo impedirá la difusión de información falsa o engañosa que pueda coaccionar a las mujeres que quieran interrumpir su embarazo”, traslada Moncloa. La modificación del Real Decreto establecerá la “obligación de que toda la información que se brinde en materia de Interrupción Voluntaria del Embarazo tenga base científica objetiva y esté respaldada por estándares de las instituciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Americana de Psiquiatría (APA)”, expone el Gobierno, dejando fuera del grupo a los misóginos de Vox y sus asociaciones ultras asociadas, con las que acosan a mujeres en las clínicas.

“Teorías sin base científica como el supuesto ‘síndrome posaborto’ no tendrían cabida en estas clasificaciones”, se refiere el Ejecutivo a Almeida y sus aliados de extrema derecha. “Seguiremos trabajando en todas las vías posibles para evitar que las mujeres que quieran ejercer libremente su derecho sufran presiones de cualquier tipo”, añaden, garantizando que “nuestro país seguirá siendo así un referente internacional en la defensa de los derechos y las libertades de las mujeres”, justo cuando se cumple el 40 aniversario de su despenalización.

Cuatro décadas desde que este derecho de las mujeres comenzó a reconocerse, aunque de forma restringida. Algo más hubo que esperar, hasta 2010, para que fuese regulado de forma libre y sin supuestos durante las primeras 14 semanas. Años más tarde, el PP intentó tumbar este avance, de la mano de Alberto Ruiz Gallardón, y, aunque la lucha lo impidió en aquel momento, el discurso de un Vox al alza en las encuestas y el apoyo del PP evidencian que aún existen sectores que luchan por acabar con un derecho clave para las mujeres.