No queda muy lejos, tan solo fue hace dos meses, cuando Núñez Feijóo pudo sortear la cuestión del aborto en el Congreso Nacional del PP, en el cual fue reelegido como líder del partido. En el recuerdo, también, está la polémica surgida en Castilla y León, donde el Gobierno autonómico de Partido Popular y Vox pusieron en marcha una iniciativa con la que pretendían que se obligara a las mujeres que tenían intención de abortar a escuchar el latido del feto. Esquivó el debate en el Congreso de su formación política y, previamente, cuando estalló este tema en tierras castellanoleonesas, llegó a afirmar "en ningún lugar donde gobierne el PP se puede coaccionar a una mujer durante su embarazo... Ningún médico, y mucho menos un político, puede interferir en este contexto”, expresaba Alberto Núñez Feijóo con rotundidad.
Sin embargo, el gallego vuelve a encontrar una piedra en su zapato en la que se puede leer "Madrid" y es que José Luis Martínez Almeida, alcalde de la capital española, apoyó esta semana una propuesta presentada por Vox al Ayuntamiento, con la cual se busca condicionar las decisiones de las mujeres que desean abortar obligando a los profesionales de Madrid Salud, el Samur Social y los trabajadores sociales municipales a trasladarles una información de escasa base sanitaria y poca credibilidad en relación al proceso y sus consecuencias. Todo ello acompañado de una campaña informativa que se extenderá a través de webs oficiales, carteles y folletos.
"El síndrome post aborto", argumento sin base científica
En estos últimos años, Alberto Núñez Feijóo había logrado rebajar el ruido que su formación política hacía sobre el aborto en su discurso y argumentario, sobre todo en los posicionamientos más rudos que adquirían muchos de sus compañeros en este asunto. No obstante, podría decirse que Madrid ha vuelto a abandonar la fila para tomar un camino por libre, haciéndolo de la mano de Vox y basándose en conceptos que no poseen evidencia contrastada por el ámbito sanitario y por el cual, ahora pasarán a obligar a los profesionales de los centros a informar de manera verbal y escrita sobre las "consecuencias" de interrumpir el embarazo.
De esta manera, la iniciativa que presentó Vox llegaba a aludir que abortar puede deja graves consecuencias en "la madre, el padre y la sociedad en general". Apuntan al "síndrome post aborto", sobre el que se informará de manera obligatoria a todas las mujeres que deseen interrumpir su embarazo, y señalando en él que, en el caso de no echarse para atrás, afrontan grandes posibilidades de padecer “depresión, un profundo sentimiento de culpa, aislamiento, alcoholismo, anorexia y bulimia”.
La presión que ejerce el Partido Popular de Madrid, comandado por Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida, es evidente y condiciona el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo. Claro ejemplo es que la formación política diera marcha atrás en Castilla y León y; sin embargo, ahora la dirección nacional del PP secunda la decisión tomada por Almeida y su equipo de sacar adelante la propuesta de Vox, aunque esta carezca de solidez.
Tal es la falta de rigor de lo planteado por la formación liderada por Santiago Abascal a nivel nacional que este supuesto síndrome, y las llamativas consecuencias que trae consigo abortar, no aparece recogido en los dos principales catálogos de clasificación de trastornos mentales de referencia, por un lado, el DSM-5, más usado en Estados Unidos, y por otro, el CIE-11, el predominante en Europa. No obstante, desde Génova justifican el apoyo a esta propuesta basándose en que "la información no es un problema" y que no puede faltar en un proceso como este.
La oposición y los profesionales sanitarios responden
No han tardado en llegar las reacciones a esta medida aprobada esta semana por el PP y Vox en el Ayuntamiento de Madrid. En este sentido, la oposición ha subrayado que informar, de forma obligatoria, a las mujeres que desean abortar sobre un supuesto síndrome, que no cuenta con base científica y que deja secuelas tan catastróficas, es una medida puramente ideológica que no hace, sino, sumarse a la línea antiabortista con la que se trata de ejercer una coacción.
En la rama sanitaria han destacado en las últimas horas que informar sobre el proceso "es imprescindible", pero que lo trasladado debe proceder de fuentes científicas rigurosas, pues apuntan que, en caso contrario, se estaría condicionando la decisión por opiniones parciales, intencionadas e ideológicas. De hecho, señalan que, contrariamente a este síndrome, existe evidencia sobre los efectos psicológicos positivos que tiene para las mujeres interrumpir un embarazo no deseado, encontrando emociones como “la seguridad, el alivio o el mayor control sobre sus vidas”.
Si bien, especifican que esto último no implica que no haya mujeres que puedan pasarlo mal; no obstante, lo que experimentan queda lejos, según refieren, de las categorías diagnósticas que se incluyen en este supuesto síndrome y que ello está, principalmente condicionado al "apoyo de su entorno, la importancia que tenga el estigma del aborto en sus vidas y el tipo de acompañamiento sanitario recibido”.
El Gobierno de España estudia opciones
Ante estos hechos, desde el Gobierno de España comunicaban que ya se encuentran inmersos en el estudio de si esta propuesta dispone de una viabilidad legal o no. Así, en la rueda de prensa en la que se presentaron los últimos datos de abortos en el 2024, la ministra de Sanidad, Mónica García, aseguraba que trabajan para evaluar las consecuencias “jurídicas” de la medida mientras que la responsable de Igualdad, Ana Redondo, apuntaba a que “los equipos del ministerio están valorando si es posible impugnar la decisión”.
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