El fichaje de Vanesa Soler por la Diputación de Valencia se ha producido apenas unos meses después de que Juan Francisco Pérez-Llorca accediera a la presidencia de la Generalitat Valenciana. Este cambio institucional ha implicado que el jefe del Consell pase a residir la mayor parte de la semana en la ciudad de Valencia, dejando atrás su actividad política diaria en Finestrat, el municipio alicantino donde ambos desarrollaban su carrera profesional en el Ayuntamiento.
En ese contexto temporal de cambios y adaptación a una nueva vida se enmarca la incorporación de su pareja a la institución provincial. La Diputación de Valencia, presidida por el popular Vicente Mompó, aprobó el pasado 3 de marzo una comisión de servicio para Soler, un mecanismo que permite a un funcionario ocupar temporalmente otra plaza en una administración diferente. Hasta ese momento, ejercía como funcionaria de carrera con categoría de administrativa en el Ayuntamiento de Finestrat, puesto que ocupaba desde 2008.
Dobla su salario previo
Uno de los elementos más relevantes para Soler en relación a este nombramiento es el notable incremento salarial que conlleva. La pareja de Pérez-Llorca pasará a percibir 52.070 euros brutos anuales en la Diputación de Valencia, lo que incluye una nómina mensual de 3.736 euros, dos pagas extra y complementos específicos. Esta cifra prácticamente duplica los ingresos que percibía en el Ayuntamiento de Finestrat, donde su salario como administrativa del grupo C1 ascendía a 25.652 euros brutos anuales. Las tablas salariales municipales reflejaban un sueldo base cercano a los 900 euros mensuales, complementado con otros conceptos retributivos.
Accede a una vacante de libre designación que era de "urgente necesidad" cubrir
El nuevo destino de Soler es el área de asistencia a municipios de la Diputación, donde desempeñará funciones de secretaria de dirección. Se trata, además, de un puesto de libre designación en comisión de servicios, una fórmula que facilita la cobertura de plazas sin un proceso selectivo convencional, lo que ha permitido agilizar su llegada. De este modo, ambos pasan ahora a trabajar en la misma ciudad, Valencia, donde el presidente autonómico concentra su actividad institucional.
La Diputación justifica la contratación alegando una “urgente necesidad” de cubrir la plaza, a pesar de que el cargo se encontraba vacante desde finales de 2025. Según recoge el decreto, firmado por la vicepresidenta segunda de Contratación, Remedios Mazzolari, Soler es “la persona idónea” atendiendo a su experiencia profesional.
El salto es, por tanto, significativo, ya que tras más de quince años en el mismo puesto en Finestrat, Soler accede a un cargo mejor remunerado y en una institución distinta que le lleva a la ciudad donde ahora trabaja su pareja. La concatenación de factores, marcados por el cambio de residencia del presidente, el puesto de libre designación, la justificación de urgencia y la mejora salarial, han situado este nombramiento en el centro del foco político.
Desde la Diputación señalan que Soler cumple "sobradamente" con los requisitos de experiencia y trayectoria en la administración pública, además detallan que sus funciones serán las propias de una secretaria de dirección, encargándose de la coordinación administrativa, gestión de agenda, tramitación de expedientes y redacción de documentos oficiales.
Pérez-Llorca y Carlos Mazón: un relevo marcado por la polémica
La llegada de Pérez-Llorca a la presidencia de la Generalitat se produjo tras la salida de Carlos Mazón, quien terminó cediendo ante la presión social y política fruto de su actitud el trágico día en que la DANA arrasó numerosos municipios de Valencia. Este relevo abrió una nueva etapa en el gobierno valenciano, sustentada en acuerdos con Vox que han generado una intensa controversia.
Entre los puntos más polémicos destacan la revisión y, en algunos casos, desmantelamiento de políticas de memoria democrática impulsadas en la anterior legislatura, así como cambios en materia educativa que afectan al peso del valenciano en las aulas y al modelo lingüístico. También han generado críticas las propuestas relacionadas con la eliminación o reformulación de organismos vinculados a la igualdad y la violencia de género, en línea con las posiciones de Vox, que cuestiona el enfoque de estas políticas públicas.
A ello se suman iniciativas en materia migratoria, con planteamientos más restrictivos, y la reorientación de prioridades presupuestarias en áreas sociales. Este conjunto de medidas ha provocado un fuerte rechazo por parte de la oposición y de diversos colectivos sociales, que denuncian un retroceso en derechos y políticas públicas.
