Ayuso se niega a garantizar el derecho al aborto en Madrid: sin registro de objetores y a la espera de la Justicia

Las mujeres que residen en la Comunidad de Madrid tienen menos derechos garantizados que las del resto de España. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso sostiene su estrategia de poner trabas para poder ejercer libremente el derecho al aborto, empujando a las ciudadanas a las clínicas privadas con las que tan estrecha relación mantiene la mandataria y su novio procesado por la Justicia. El último paso ha sido la negativa a crear un registro de objetores de conciencia confidencial, obligado por ley, para facilitar así el reparto de profesionales para que en todos los centros y horarios exista un médico que realice dichas intervenciones.

El Ministerio de Sanidad había reclamado a la Comunidad esta actuación, que en nada influye a los sanitarios, de los que no transcendería ningún dato, ni mucho menos a sus empleos, pero la baronesa del Partido Popular (PP) ha dado un portazo a las millones de mujeres de la autonomía. Y lo hace principalmente por  enfrentarse al Gobierno central, tal y como ha dejado clara la consejera de Sanidad de Madrid, Fátima Matute. “Preferimos que sea un tribunal el que diga lo que hay que hacer antes que un Gobierno sectario”, ha confirmado sin rubor.

“En la Comunidad de Madrid creemos en el aborto legal, seguro y poco frecuente. No vamos a señalar y perseguir a quienes abortan ni a quienes practican o no abortos”, ha aseverado la subordinada de Ayuso. La frecuencia parece ser que la decide la Comunidad de Madrid, que reniega del aborto como derecho garantizado por el Tribunal Constitucional. Lo referido a los objetores es directamente falso, pues en cualquier tipo de objeción de conciencia ningún profesional sufre consecuencias o es señalado, dado que ni siquiera se hace público quiénes son, pero eso le da igual a Matute, que sigue órdenes.

La postura de la presidenta autonómica es clara: ideológicamente contraria a que las mujeres puedan decidir sobre su cuerpo, económicamente favorable a forzar visitas a la sanidad privada y políticamente decidida a llevar la guerra contra el Ejecutivo central hasta las cotas más altas. Un tridente ayusista que se está llevando por delante los derechos de las madrileñas que deciden libremente abortar, pero también la de los ciudadanos que quieren realizarse una operación o prueba diagnóstica en un centro de salud o la de los ciudadanos que quieren poder llevar a sus hijos a guarderías, colegios, institutos o universidades públicas.  

"Ayuso gobierna para boicotear los derechos de las mujeres madrileñas”, ha denunciado la líder de la oposición, Manuela Bergerot. “Lo que esta pasando con el tema del aborto es transparente: todo vale para hacer oposición a Mónica García (ministra de Sanidad), en contra del sentido más elemental”, ha añadido la mandataria de Más Madrid, asegurando que la presidenta de la Comunidad “acabará cumpliendo la ley por las buenas o por las malas” y las mujeres madrileñas “podrán abortar en la pública con Ayuso o sin ella”.

El Ministerio requirió a la Comunidad la creación del registro que está contemplado en la ley de 2023 y otorgó un mes a la administración autonómica para dar explicaciones. Transcurrido ese tiempo y rechazando colaborar y cumplir la ley, el Ministerio de Sanidad tiene dos meses de plazo para acudir a los tribunales y plantear un Contencioso-Administrativo para que un juez obligue a Ayuso a cumplir la ley. Mientras tanto, la baronesa de Génova podrá seguir pasando su rodillo neoliberal en lo económico y nacionalcatólico en lo social.