Después de años de avances legislativos, el derecho al aborto vuelve a estar en el centro de la polémica. La decisión del Ejecutivo madrileño de incumplir parte de la ley y las trabas detectadas en otras regiones han despertado una pregunta incómoda: ¿podrían retroceder los derechos reproductivos en España? Lo que parecía un debate cerrado ha regresado con fuerza, alimentado por un clima político cada vez más polarizado y por discursos que reabren cuestiones que ya estaban resueltas desde el punto de vista legal.
La controversia actual tiene su epicentro en la Comunidad de Madrid, donde el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se ha negado a crear el registro autonómico de objetores de conciencia al aborto, una obligación contemplada en la ley estatal de 2023. Este instrumento busca garantizar que las mujeres puedan acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en hospitales públicos, incluso cuando parte del personal sanitario se niegue a realizarla por motivos personales. Ayuso, sin embargo, ha calificado la medida como una “lista negra” y ha asegurado que no la implementará, desafiando abiertamente al Gobierno central.
Sus declaraciones, especialmente cuando llegó a decir que las mujeres “podían irse a abortar a otro lado”, encendieron una tormenta política y social. Desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez, la ministra de Igualdad exigió el cumplimiento de la ley “sin excusas”, mientras el Ministerio de Sanidad advirtió que recurrirá a los tribunales si la comunidad continúa en rebeldía. El caso madrileño no es aislado, sino el reflejo de un fenómeno más amplio: distintas comunidades autónomas están aplicando con lentitud o resistencia la normativa estatal, generando desigualdades territoriales en el acceso al aborto.
En Castilla y León, el intento del vicepresidente de Vox, Juan García-Gallardo, de imponer el “latido fetal obligatorio” antes de abortar supuso un primer aviso de que los derechos reproductivos podían volver a ser utilizados como campo de batalla ideológica. En otras regiones, como Galicia, Murcia o Castilla-La Mancha, colectivos feministas denuncian que la mayoría de los abortos siguen realizándose en clínicas privadas, pese a que la ley obliga a ofrecer la misma cobertura dentro de la red pública. En la práctica, esto significa que el acceso al aborto depende del código postal: una desigualdad que el movimiento feminista califica de “retroceso encubierto”.
Ante este escenario, el Gobierno central ha decidido reformar la Constitución para blindar el aborto como derecho fundamental. La modificación afectará al artículo 43, que actualmente reconoce el derecho a la protección de la salud, incorporando una referencia explícita a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Según la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, esta reforma busca “impedir que cualquier gobierno futuro pueda limitar o recortar un derecho que ya pertenece al ámbito de las libertades fundamentales”. La iniciativa cuenta con el apoyo de Sumar y de la mayoría parlamentaria progresista, aunque el Partido Popular y Vox ya han expresado su rechazo, calificándola de “innecesaria” y “propagandística”.
El debate trasciende lo jurídico. En un momento en que en países como Estados Unidos, Polonia o Hungría se han dado pasos atrás en la legislación sobre el aborto, España se enfrenta al reto de consolidar los avances logrados. Las asociaciones de mujeres advierten de que los derechos no son irreversibles, y que bastan unas pocas decisiones políticas para alterar el acceso efectivo a servicios que hoy parecen garantizados.
En ese contexto, la encuesta que lanzamos desde este medio plantea una cuestión directa: ¿Temes que la derecha restrinja el derecho al aborto?
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