Madrid se moviliza por el aborto público: “No nos vamos, Ayuso, nos quedamos”

“No nos vamos, Ayuso, nos quedamos”. Con este lema, el movimiento feminista madrileño plantará cara al Gobierno regional este jueves en la Puerta del Sol para exigir aborto libre, sin mentiras ni obstáculos en la sanidad pública y el cumplimiento de la ley que obliga a crear un registro de objetores de conciencia. La convocatoria, impulsada por la Comisión por el Derecho al Aborto de Madrid, agrupa a decenas de organizaciones y colectivos que denuncian la “opacidad” y las “trabas burocráticas” que, a su juicio, siguen dificultando el ejercicio de este derecho en la Comunidad de Madrid.

La cita comenzará a las 19:30 horas frente a la sede del Gobierno regional, bajo el lema “Aborto libre en la sanidad pública”, y busca visibilizar lo que consideran una “inacción política deliberada” por parte del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. En el manifiesto que acompañará la protesta, las convocantes subrayan que la presidenta “se niega a crear el registro de objetores de conciencia, como obliga la ley”, una herramienta que consideran “imprescindible para acabar con la opacidad” y garantizar que los servicios de ginecología y obstetricia cumplan la normativa estatal.

Según datos oficiales, solo el 0,47% de las interrupciones del embarazo realizadas en la Comunidad de Madrid en 2023 se practicaron en centros públicos, lo que convierte al sistema sanitario madrileño en uno de los más privatizados de España en esta materia. Las organizadoras reclaman que el aborto sea una prestación garantizada en la red pública, “sin trabas burocráticas ni listas de espera”, y advierten de que el registro de objetores debe ser la excepción, no la norma.

💜✊🏾 El 23 de octubre CONCENTRACIÓN a las 19:30 en la Puerta de Sol.
¡NO NOS VAMOS, AYUSO! ¡🔥 NOS QUEDAMOS¡
📣 Aborto libre en la sanidad pública
📢 Registro de objetores de conciencia ¡YA! #AbortoLibre💜 pic.twitter.com/6tP8cFEKAi

— Comisión por el Derecho al Aborto de Madrid (@abortomadrid) October 16, 2025

Ayuso, en el centro de la polémica por sus declaraciones sobre el aborto

La concentración feminista llega en un momento marcado por la polémica política y mediática en torno a las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrileña ha defendido en la Asamblea que el aborto “es legal, pero debe ser seguro y poco frecuente”, y ha calificado como “atroz y un fracaso como sociedad” el número de interrupciones del embarazo registradas en España. Estas palabras han sido interpretadas por colectivos feministas como un intento de reducir el acceso efectivo al derecho, en un contexto en el que la región mantiene cifras mínimas de abortos en centros públicos.

La negativa de Ayuso a poner en marcha el registro de objetores de conciencia ha elevado el conflicto institucional. La presidenta lo ha definido como una “lista negra de médicos”, mientras que el Ministerio de Sanidad sostiene que se trata de una herramienta “anónima, obligatoria y necesaria para garantizar el acceso universal al aborto”. El Gobierno central ha requerido formalmente a la Comunidad de Madrid que cumpla la ley, mientras la dirigente popular insiste en que “ataca la libertad individual de los profesionales”.

En medio de la controversia, Ayuso reveló en sede parlamentaria que ha sufrido la pérdida de dos embarazos, apelando a su experiencia personal para defender que el aborto “no debe banalizarse”. “He perdido dos bebés y sé lo que supone eso. No quiero que nadie hable en nombre de las mujeres sin conocer sus realidades”, afirmó la presidenta. El gesto, que introdujo una carga emocional en el debate, ha sido interpretado por sectores políticos y sociales como una manera de desplazar la discusión del terreno legislativo al personal, en un momento en que la región acumula críticas por la falta de transparencia sanitaria.

El enfrentamiento entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central evidencia un choque de modelos: el de un Ejecutivo autonómico que prioriza la libertad individual de los médicos y el de quienes reclaman la garantía colectiva del acceso a un servicio público esencial. Para los colectivos feministas, la postura de Ayuso perpetúa la opacidad y permite que hospitales enteros se declaren objetores, algo que la ley estatal pretendía evitar.

Igualdad, educación sexual y un Estado laido: las exigencias

Las críticas del movimiento feminista no se dirigen solo al Gobierno regional. El Ayuntamiento de Madrid también está en el punto de mira por lo que los colectivos describen como un “desmantelamiento de los Espacios de Igualdad”, servicios que durante años han proporcionado orientación, formación y acompañamiento en materia de derechos sexuales y reproductivos. Reclaman al consistorio que “cumpla la ley y se base en la evidencia científica”, recordando que estos espacios fueron creados como un instrumento de prevención y apoyo comunitario.

La Comisión por el Derecho al Aborto exigirá también al Ministerio de Sanidad la actualización de la Estrategia Estatal de Salud Sexual y Reproductiva, que lleva 15 años sin revisarse. Consideran que su puesta al día es “imprescindible para el pleno desarrollo de la ley y la garantía efectiva de este derecho”.

El manifiesto añade, además, una denuncia sobre los “obstáculos estructurales” que sufren las mujeres sin tarjeta sanitaria, a las que la Ley de Extranjería sigue dificultando el acceso a una interrupción voluntaria del embarazo. Por ello, las convocantes reclaman su derogación y una reforma sanitaria integral que garantice la atención universal.

La movilización se enmarca en lo que las organizaciones definen como una “ofensiva de la derecha y la extrema derecha contra los derechos reproductivos”. Por ello, exigen educación afectivo-sexual integral en todas las etapas educativas y un Estado laico que proteja derechos frente a las imposiciones religiosas.