Las razones del PSOE para seguir siendo acusación popular en el 'caso Koldo' ante la petición de exclusión del PP

La acusación popular unificada que dirige el PP pidió al juez de la Audiencia Nacional que investiga el ‘caso Koldo’, Ismael Moreno, que excluya al PSOE de ejercer como acusación popular. El PP hizo esta petición después de que el magistrado decidiera abrir una pieza separada para investigar los pagos en metálico del partido a José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García. No obstante, la Fiscalía ha rechazado esta petición, y el propio PSOE, a través de su representación legal, ha planteado un escrito ante la Audiencia Nacional en el que argumenta por qué deben seguir siendo acusación popular.

En concreto, el PSOE argumenta que no existe ningún pago del partido que no se encuentre debidamente contabilizado. De igual forma que indican que no existe ni un solo reembolso que no venga amparado en un recibo o factura presentado como justificante. Por ello, consideran que el PP les quiere echar por motivaciones políticas, cuando el partido no está siendo investigado. En su escrito, al que ha tenido acceso ElPlural.com, señalan varios hitos y explican las motivaciones de sus pagos en efectivo.

En primer lugar, los socialistas señalan que la causa “corre el serio riesgo de desviar su objeto hacia la prospección”, algo que cuadra con que la representación que agrupa al Partido Popular y a Vox quiera orientar dicho objeto hacia la contabilidad del PSOE. Es decir, emplear su personación como instrumento de acoso político contra el adversario en lugar de estar interesados en el esclarecimiento de los hechos.

Para sustentar esto, desde el Partido Socialista señalan varios hitos procesales:

• Tras la apertura de diligencias a raíz de la querella de la Fiscalía Anticorrupción por la presunta comisión de delitos de blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias y contra la Hacienda Pública en relación con los contratos de emergencia relacionados con la pandemia del coronavirus formalizados por la Administración General del Estado y el sector público institucional, el PSOE se personó como acusación popular, pese a que posteriormente se acordó agrupar todas las acusaciones populares bajo la dirección y representación del PP.
   
• Con la presentación del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que se aportarían indicios de adjudicación indebida de obra pública por parte de entidades dependientes del Ministerio de Transportes supuestamente lograda a cambio de pago de comisiones por parte de las adjudicatarias, el juez acordó nuevas diligencias.
  
  Entre estas, se pidió al PSOE que facilitara la cuenta de correo corporativo de Santos Cerdán (entregado sin demora alguna), se solicitó al partido que informara de todas las cantidades abonadas o transferidas a Ábalos entre 2014  y 2024 (requerimiento cumplimentado en tiempo y forma), se reclamó información acerca de las cuotas abonadas, donaciones realizadas, liquidaciones de gastos incurridos, pagos de servicios o retribuciones devengadas por Santos Cerdán, Patricia Uriz y los hermanos Koldo y Joseba García (el PSOE cumplió presentando la información) y, además, el PSOE presentó ante el Tribunal Supremo documentación complementaria respecto a las cuestiones interesadas.
  
  “Esta clara y manifiesta colaboración del Partido Socialista se ha extendido desde el inicio de las actuaciones y responde al compromiso de mi mandante con la verdad y la justicia”, señalan en el escrito remitido a la Audiencia Nacional.
   
• Respecto al ingreso en prisión provisional de Santos Cerdán, aduciendo riesgo de destrucción de pruebas, el instructor del caso aclaraba que no había encontrado los pagos de las comisiones sugeridas por la Guardia Civil. Sin embargo, el hecho de no encontrar estos pagos irregulares no se interpretó, como podría esperarse, como indicio de descargo sino más bien como indicio de cargo: se arguyó que la inexistencia de pruebas demostraría que las supuestas comisiones habrían podido ir dirigidas a terceras personas, físicas o jurídicas.
   
• Más tarde, el juez instructor reclamó a la UCO la elaboración de un informe sobre la situación patrimonial de Santos Cerdán, que no consta que se haya entregado, pese a que ya han pasado casi cinco meses.
   
• Sí se entrega meses después un informe económico-patrimonial referido a José Luis Ábalos, aunque no habría ofrecido indicios relevantes de que el exministro hubiera tenido incrementos significativos de patrimonio ni hubiera manejado el supuesto “botín”.
  
  Pero lo que sí se reserva en este informe es un apartado sobre los “fondos en efectivo procedentes del PSOE”. Esto fue lo que motivó al instructor a citar a declarar como testigos a una empleada y al antiguo gerente del PSOE. Pero el PSOE aclaró que se gestionaron cobros de gastos que habían sido pagados por los investigados, pero que siempre se hacía con previa presentación de facturas y recibos de dichos gastos.

Cambios en el objeto de investigación

En este escrito, el PSOE remarca que en la investigación no se termina de encontrar el foco. “Iniciada para investigar adjudicaciones de contratos relacionados con la pandemia, cambió de orientación para investigar también un posible cohecho por adjudicación de obra pública en el Ministerio de Transportes y ahora parece disponerse a investigar las liquidaciones de pagos abonadas por el Partido Socialista”, indican.

Respecto al auto del pasado 31 de octubre, por el que se acuerda remitir testimonio de particulares para la investigación de ciertos “extremos”, el partido considera que se trata de una “deducción de testimonio un tanto atípica, en la medida que el auto no aclara ni qué delito se habría cometido ni quiénes serían sus eventuales autores”.

No obstante, aclaran que Koldo García, aunque no tenía ningún cargo en el partido, sí era empleado y militante, además de colaborador y asistente muy cercano del entonces secretario de Organización. Razón por la que participaba en los reembolsos de gastos de dicha secretaría.

Al respecto, señalan también que toda liquidación de gastos debía necesariamente acompañar las facturas o recibos de los gastos incurridos y adelantados en nombre del partido. “Muchos de estos pagos eran efectuados en metálico y no había más comprobante del pago que el recibo mismo; en segundo lugar, porque en el Partido no existen tarjetas corporativas y podría entenderse que exigir el resguardo del pago de la tarjeta personal afectaría al derecho de protección de datos”, argumentan sobre los pagos en metálico en los primeros años que abarca la investigación, por eso luego señalan que los tiempos han cambiado y el metálico como forma de pago “ha disminuido considerablemente”.

“El PSOE jamás reembolsó unos gastos sin que se le presentara un recibo o una factura de tales gasto”, remarcan, insistiendo en que “en algún momento habrá que cortar esta carrera al absurdo”.

La contabilidad del PSOE

Respecto a la contabilidad del PSOE, la formación señala que “absolutamente todos los pagos efectuados en efectivo como por transferencia, se encuentran debidamente incorporados a la contabilidad del partido, que se somete al control y revisión de auditores externos y al escrutinio del Tribunal de Cuentas”.

En el mismo sentido, comentan que “la caja del partido, cuenta contable identificada y fiscalizada, se nutre única y exclusivamente de reintegros bancarios” y que en “las remesas de metálico tramitadas, jamás se pidieron al banco ni se ingresaron en caja ni se manejaron billetes de quinientos euros”.

Sobre Ábalos y Koldo, la formación insiste en el escrito en que “el Partido Socialista no paga sobresueldos, ni ha pagado a Ábalos ni a García Izaguirre más dinero del que les correspondía como sueldo, ni les ha reembolsado más gastos que los que han justificados con recibos y facturas”.

“El Partido no ha recibido donaciones vulnerando la normativa de financiación de partidos políticos o la normativa electoral”, terminan al respecto.

Seguir como acusación popular

Por todo lo anterior, el PSOE considera que “resulta patente no solo el interés sino la manifiesta pertinencia” de continuar como parte acusadora. Y pasan a responder directamente a la petición de expulsión del PP: “El auto de 31 de octubre de 2025 no insta al Juzgado a investigar al Partido Socialista sino más bien a profundizar en el funcionamiento del sistema de reintegro de gastos, insinuando la posibilidad de que algunos perceptores lo hayan utilizado en beneficio propio”.

Además, el PSOE remarca que “está en disposición de aportar toda la documentación y ofrecer todas las explicaciones que se le solicite, en el entendimiento de que, aun en el caso de que el procedimiento tuviera fallas que hubieran sido aprovechadas por terceros, sería el principal perjudicado por ello. ¿Qué interés podría tener mi mandante en reembolsar gastos inexistentes, o resarcir el importe de recibos que el interesado hubiera encontrado por la calle?”.

“El traslado al que respondemos en este escrito responde a un escrito del Partido Popular que pretende convertir al PSOE en investigado, nada menos”, sentencian desde el PSOE, no sin antes lanzar una contundente conclusión: “No existe ningún pago del Partido Socialista que no se encuentre debidamente contabilizado; no existe ni un solo pago de mi mandante ni a García Izaguirre ni a ningún tercero que no sea en calidad de sueldo, dietas o reembolso de gastos, y respecto a estos, no existe ni un solo reembolso que no venga amparado en un recibo o factura presentado como justificante”.