Moncloa calculó meticulosamente los movimientos para entrar en el cuerpo a cuerpo con el Partido Popular y Vox tras el veto anti musulmán en Jumilla (Murcia). Un recorte de derechos y libertades, además de una maniobra que “atenta contra la Constitución” que tanto se jactan sendas formaciones de defender. Tras advertir la semana pasada de activar las palancas necesarias para estudiar si constituye delito de odio o no la iniciativa en sí – fuentes de la Fiscalía aseguraron a ElPlural.com que había una ventana de oportunidad -, esta vez ha presentado un requerimiento de cuyo texto se extrae una lectura a modo de advertencia a Génova ante más acuerdos con Vox que comporten recortes en derechos y libertades.

La palanca que ha activado el Gobierno busca anular el acuerdo de Partido Popular y Vox para prohibir los actos religiosos en centros deportivos de la localidad, que hasta ahora acogían celebraciones islámicas. Moncloa entiende que la iniciativa sustentada por los conservadores atenta contra la libertad religiosa. También contra la Constitución Española. Fuentes del Ejecutivo de coalición sugieren que no se quedarán de brazos cruzados "ante este tipo de decisiones discriminatorias". De ahí, que el Ejecutivo haya actuado de tal modo, remitiendo el escrito al Ayuntamiento de Jumilla, que ya lo tiene en su poder y dispone de un plazo de un mes para responder. De no hacerlo, según explican, se reservan las actuaciones pertinentes, como por ejemplo elevar el asunto al Contencioso-Administrativo. La corporación municipal murciana, hasta ahora, no ha querido pronunciarse al respecto.

Deriva extremista

“Institucionalizar la islamofobia” y “el racismo”. Así ha descrito el PSOE la moción aprobada en el Ayuntamiento de Jumilla (Murcia) gracias al apoyo del PP y la abstención de Vox, que prohíbe utilizar las instalaciones deportivas para cualquier actividad no vinculada al deporte. La medida, que se ha tramitado a través de una enmienda transaccional del PP a un texto original de Vox, limita el uso de estos espacios municipales y deja fuera eventos que en años anteriores se habían celebrado allí, como el fin del Ramadán o la Fiesta del Cordero.

En un vídeo difundido por los socialistas, la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha advertido de que esta decisión es un ejemplo más de cómo los pactos entre la derecha y la ultraderecha “recortan derechos”. “Cada pacto presupuestario que se da entre el Partido Popular y Vox, cada pacto de investidura que se da entre la derecha y la ultraderecha, hay un derecho que se recorta”, ha señalado. A su juicio, lo ocurrido en Jumilla confirma una “escalada” que “ahora, como se ha demostrado, es capaz de institucionalizar la islamofobia, de institucionalizar el racismo”.

La moción incluye además otro punto en el que se insta al Gobierno municipal a “promover actividades, campañas y propuestas culturales que defiendan la identidad española y protejan los valores y manifestaciones religiosos en España”. Para el PSOE, esta formulación supone un intento de excluir expresiones culturales de otras comunidades y una señal de alerta para la convivencia.

Mínguez ha subrayado que lo sucedido en Jumilla es un “peligro” y una “advertencia” para el conjunto de la ciudadanía. “No tienen proyecto de país sino que lo único que tienen es un plan Moncloa con la ultraderecha”, ha criticado, en referencia al entendimiento político entre el PP y Vox en distintos gobiernos autonómicos y municipales.

La dirigente socialista ha ido más allá al acusar a Alberto Núñez Feijóo de asumir el ideario de Santiago Abascal: “No solo pacta presupuestos o investiduras con Vox, sino que le está comprando la ideología”. En su opinión, esta relación política responde a una dinámica clara: “Vox manda, el PP obedece y todos perdemos. Porque cada vez que hay un acuerdo entre el señor Feijóo y el señor Abascal, España retrocede”.

En su mensaje final, Mínguez ha defendido que España “no merece ni bronca, ni lío, ni recorte, ni confrontación”, sino “más derechos, más democracia” y políticas que permitan “mejorar la vida de la gente” de forma “alcanzable y asumible”. El debate generado por la moción de Jumilla se suma así a la creciente controversia sobre el uso de espacios públicos y la protección de la diversidad cultural y religiosa en municipios gobernados con pactos entre PP y Vox.

Restricción arbitraria

La iniciativa, que deja a unos 27.000 musulmanes de Jumilla sin posibilidad de celebrar sus festividades, modifica y rebaja la moción previa de Vox, que directamente defendía la prohibición expresa del Ramadán y la Fiesta del Cordero, entre otras cuestiones. De ahí que el Gobierno apoye su argumentación sobre una decisión que entienden como “arbitraria”, al vetar una celebración que se realizaba en el municipio desde hace varios años. Así, acusan a PP y Vox de atentar contra el derecho fundamental a la libertad religiosa de la comunidad musulmana. “Estos son los gobiernos locales y autonómicos de la derecha y la ultraderecha”, advierten varias voces desde a Administración central.

El Gobierno ha focalizado su línea de actuación en que la normativa permite el uso del polideportivo para actividades socioculturales, por lo que las razones que esgrime la nueva redacción “no se sustentan”. Apuntan, en tal caso, que todo se centraliza en una intención clara de “discriminación”, basándose en el texto original y en las declaraciones del portavoz de Vox, que se había “jactado de prohibir festividades musulmanas”. De hecho, fuentes de la Fiscalía apuntan a la conjunción de sendos hechos como una ventana abierta a ser catalogada como “delito de odio”

Por otro lado, en el texto que firma la delegada del Gobierno en la Región de Murcia, también se considera que el acuerdo adoptado constituye una vulneración del uso común general correspondiente por igual a todos los ciudadanos independientemente de su origen, sexo o religión. Por ello, concluyen que se ha incurrido en una desviación de poder al canalizar una competencia municipal para fines ideológicos que se contraponen al interés general. “No hay duda […], aunque aparentemente parece regular el uso de las instalaciones deportivas municipales. Sin embargo, bajo dicha apariencia formal se encubre con toda claridad una vulneración del Derecho fundamental a la libertad religiosa”, expone el escrito del Ejecutivo.

La exclusión de actos religiosos ajenos al Ayuntamiento “sin acreditar perturbación del orden público ni conflictos de usos” comporta una restricción aleatoria del ejercicio colectivo del culto. En este sentido, precisan que la restricción de derechos fundamentales ha de estar perfectamente motivada, sujeta a criterios robustos y por la proporcionalidad, tal y como recoge el Tribunal Constitucional. Por ello, requieren al Ayuntamiento de Jumilla que revoque el acuerdo que, a su vez, contemplaba la modificación del reglamento de uso y funcionamiento de instalaciones deportivas municipales y que deja fuera actos religiosos ajenos a la corporación por el hecho de ser contrarios al ordenamiento.

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