Jumilla (Murcia) se ha convertido en el epicentro de una nueva controversia nacional después de que su Ayuntamiento, bajo el mandato conjunto del PP y Vox, impusiera restricciones para impedir que la comunidad musulmana celebre sus festividades religiosas en espacios públicos como los polideportivos. Esta medida ha sido impugnada por el Gobierno central por considerar que vulnera el derecho fundamental a la libertad religiosa, además de sugerir una intencionalidad discriminatoria en su aplicación.
Desde el Ministerio de Inclusión, que coordina el Observatorio contra el Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), se ha alertado sobre la gravedad del precedente que esta norma podría establecer. Se ha abierto una investigación exhaustiva para determinar si estamos ante un caso de discursos de odio o incluso la comisión de un delito motivado por la intolerancia religiosa. Este enfoque institucional remoto busca garantizar que políticas locales no contravengan los principios constitucionales de igualdad y libertad de culto.
En recogida de la repercusión social, la comunidad musulmana de Jumilla ha expresado un sentimiento compartido de desaliento y desarraigo. Activistas locales como Khalifa han denunciado que “la protección de derechos mínimos puede desaparecer de un día para otro”, añadiendo: “Hoy es Jumilla. Mañana puede ser cualquier otro lugar”. Muchos residentes musulmanes han calificado el veto como un “paso atrás” que deja a sus familias “en shock”, cuestionándose si sus hijos serán capaces de identificarse con su cultura con naturalidad.
Las reacciones institucionales se han extendido más allá del ámbito político. La Conferencia Episcopal ha defendido la libertad de culto como un valor insustituible y ha calificado la norma municipal como incompatible con los valores democráticos. Desde organizaciones sociales de la Región de Murcia, se alerta con preocupación de que Jumilla pueda convertirse en un “laboratorio del apartheid social” que normalice la discriminación y segmente el acceso al espacio público.
Los partidos políticos han marcado una brecha desigual. Vox celebra abiertamente lo que denomina un “objetivo cumplido” y ha intensificado un discurso antimigratorio que presenta el islamismo como “extremista y totalitario”, llegando a sugerir la prohibición del velo islámico en espacios públicos. El PP, por su parte, defiende que la medida no discrimina por motivos religiosos y argumenta que busca “regular el uso de instalaciones deportivas”, aunque esta posición ha sido cuestionada por reflejar una creciente convergencia con discursos islamófobos.
La alarma, además, ha traspasado lo simbólico al prender preocupaciones por fenómenos recientes como los “sucesos de Torre‑Pacheco”, donde agresiones xenófobas a personas de origen marroquí sacudieron el sudeste español. Se teme que este episodio en Jumilla sea el comienzo de una escalada de exclusión e intolerancia territorializada.
