Las asociaciones de padres y madres invitan a denunciar en caso de abuso sexual contra menores en los colegios -o en cualquier situación de acoso como pueda ser el bullying o derivados- y lamentan la ausencia o, cuanto menos, los fallos en los protocolos para estos escenarios por parte de la Comunidad de Madrid, liderada por Isabel Díaz Ayuso.
Desde la Confederación Autonómica de AMPAS y FAPAS de la región (CONFAPA), que a la vuelta de las vacaciones de Navidad emitía un comunicado acerca de los presuntos abusos sexuales a menores en el colegio Alborada de los que viene informando en exclusiva ElPlural.com, lamenta la gestión de la Autonomía en dos direcciones: por un lado, el manejo de los datos, y por otro, la preparación del profesorado.
"Solo se activan cuando hay una pérdida humana"
Respecto de lo primero, esta agrupación de asociaciones que lucha por el correcto aprendizaje del alumnado y las condiciones de éstos, así como de los docentes, asegura que el pasado mes de junio tuvieron una reunión con la Consejería de Educación en la que el departamento de Emilio Viciana indicó que el 90% de los casos que empiezan como presunto acoso, terminan por no serlo.
“Evidentemente no nos lo creímos”, apunta en conversación con este periódico Fernando Mardones, portavoz de CONFAPA, enumerando el pedregoso camino al que se enfrentan los padres y las madres de las criaturas: “Lo primero que hacen los familiares ante indicios de agresión sexual es hablar con el tutor, después con el jefe de estudios, más tarde con la dirección del centro y, finalmente, a la inspección”. “El último recurso que utilizas es abrir un protocolo de acoso”, evidencia. “Y para llegar hasta aquí tienes que tener la capacidad de saber que va a ser un desgaste; suponer un coste personal para ti y el menor”, apostilla.
Sobre lo segundo, explican que pusieron en conocimiento de la administración Sol que el profesorado “no tenía las aptitudes suficientes para formar parte de una comisión de valoración de casos de acoso escolar”. Mardones concreta que los profesionales “con la carga laboral que tienen y el poco tiempo del que disponen para otras actividades no pueden formarse”, y se muestra asimismo sorprendido por la respuesta del equipo de Ayuso: “Nos dijo que esto no era cierto porque disponían de recursos en la página web (…)”.
El silencio académico, otro factor clave
Esta inacción es alguna de las cuestiones por las desde CONFAPA apoyan a las familias a “acudir directamente a la Fiscalía o una comisaría”. “No vemos un feedback con la Consejería (…) Siempre que hemos ido con una serie de problemáticas, además de la que aquí exponemos, nos prometen las cosas, pero no las cumplen”, indica, entristecido porque a veces “solo se activan cuando hay una pérdida humana”.
A la pasividad institucional añade el silencio en muchas ocasiones de los propios centros, como el entorno de las presuntas víctimas lamentan que sucede en El Alborada: “Un colegio concertado cuyos ingresos pagan las familias y encima vinculado con el Opus…”.
En cualquier caso, desde CONFAPA se muestran “prudentes” ante la lluvia de informaciones que en ocasiones se produce en estos supuestos. “(En cualquier caso), siempre pedimos que la Fiscalía actúe y que se aplique la ley de protección de la infancia y la adolescencia”, emite, siendo fiel al comunicado.
El caso Alborada, que se mantiene judicializado, mantiene en el epicentro de la polémica al mencionado espacio académico, situado en Alcalá de Henares (Madrid). Según pudo comprobar este medio de comunicación a través de una amplísima documentación, varios docentes habrían advertido de comportamientos polémicos por parte de un cuidador hacia menores de entre 3 y 6 años, algunos de ellos con Trastorno del Espectro Autista (TEA) o dificultades comunicativas alrededor de septiembre de 2024. Sin embargo, no fue hasta mayo del año siguiente que se procedió al despido, según algunas fuentes, denuncia mediante de otra profesora, algo que el centro niega rotundamente: “Actuamos en cuanto lo supimos”.
En otro orden de cosas, varias fuentes lamentan la gestión del colegio a partir de ese momento, con reuniones con todos los padres y madres, escasas herramientas de apoyo psicológico, terapeutas “afines” y, por encima de todo, la insistencia para convencer a la parte damnificada de que no interpusiera denuncia. “No se si sabéis lo que son las Mec (…) Se trata de madres que llevan a sus hijos al colegio, pero como que se casan con él. Se metían en las reuniones para hacer, digamos, el papel de llorar porque estaban haciendo daño al colegio e intentar tranquilizar a las familias (…) Que creían en la palabra de Dios y que no pasaba nada”, señala una de las voces que habla con nosotros y que prefiere mantener el anonimato por temor a represalias.
En paralelo, la Comunidad de Madrid bloqueó una pregunta en la Asamblea, las familias denuncian problemas a la hora de intentar cambiar la matrícula de sus hijos; una situación que vinculan con la relación política entre el subdirector del Alborada, Javier Doncel, alcalde a su vez de Anchuelo por el Partido Popular (PP).
Si está afectado/a por el 'caso Alborada' y no sabe dónde acudir puede dirigirse a las siguientes direcciones:
- Correo Electrónico: afectadosalborada@gmail.com
- X: @afect_alborada
- Instagram: afectadisalborada_
