La denuncia que ponía en duda la legalidad del proceso de contratación de la pareja del consejero madrileño de Vivienda, Jorge Rodrigo, fue presentada ante la Oficina Contra el Fraude y la Corrupción del Ayuntamiento de Madrid el pasado 28 de octubre. Más Madrid cuestionó en aquel momento que se hubieran cumplido los cauces marcados por la normativa para la cobertura de la plaza que ostenta en la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) la pareja de Rodrigo.
Recientemente, se ha conocido que la Oficina Contra el Fraude y la Corrupción emitió un informe el pasado 16 de diciembre en el que exponía que, tras analizar los hechos, no se podía acreditar que la contratación de esta persona cumpliera el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), sobre todo en lo referido a que se hiciera publicidad de la convocatoria del puesto para que otros candidatos que lo consideraran oportuno pudieran hacer llegar su CV. De esta manera, este organismo perteneciente al Ayuntamiento de Madrid expone, entre otros asuntos, que “no consta si hubo otros candidatos o, en su caso, detalle objetivado de los méritos valorados que justificaron la elección”. En este sentido, desde la Oficina recordaban en el informe que las empresas públicas, aunque regidas por el derecho privado, deben respetar una serie de criterios en la contratación de personal, los cuales no han atisbado en el proceso que otorgó este puesto a la pareja de Jorge Rodrigo.
Se trata de un cargo que cuenta con un salario de unos 50.000 euros anuales, el cual dispone de un rango de jefatura de sección y nivel 3, estatus que requiere, por convenio, en la EMVS disponer de una titulación superior, grado universitario, grado medio y/o suficiente experiencia demostrada mínima de dos años.
Ante los hechos conocidos, desde Más Madrid se denuncia que ni siquiera se abrió el proceso para cubrir la plaza de manera ajustada a la legalidad y, por ello, señalan que se haya dado una posible "conducta de prevaricación". Entre los hechos a los que hace referencia la Oficina Contra el Fraude y la Corrupción para indicar que no hubo un cumplimiento de la normativa exigida se indica, también, que, por lo marcado en el convenio colectivo de la EMS, la contratación temporal no podrá exceder de un año y, durante ese tiempo, se debe iniciar el proceso para la cobertura definitiva de la plaza. Tal y como hace mención este organismo, la pareja de Jorge Rodrigo acumula ya más de dos años en el puesto.
Más Madrid presentó su denuncia ante este organismo municipal el pasado mes de octubre. Previamente, en septiembre, la EMVS había denegado la documentación que debía obrar en el expediente: oferta de empleo publicada, comunicación al Comité de Empresa, solicitudes de los aspirantes, valoración, propuesta de nombramiento...
La EMVS de Madrid es la empresa pública de vivienda más grande de España, contando con unos 350 empleados temporales. Entre otros acontecimientos, es conocida por la venta de miles de viviendas a bajo precio a un fondo de inversión en el año 2013, durante el mandato en la ciudad de Ana Botella. Años más tarde de aquello, Jorge Rodrigo, uno de los hombres fuertes del Gobierno de Ayuso, con un mercado inmobiliario en Madrid más que complejo que dificulta en gran medida la vida de los residentes de la ciudad, se negó a aplicar los controles de precios de la Ley estatal de Vivienda para zonas tensionadas.
