Isabel Díaz Ayuso ha decidido darle la vuelta al sentido común y al propio significado de la palabra “beca”. En la Comunidad de Madrid, el dinero público que debería servir para garantizar igualdad de oportunidades se está destinando a familias con ingresos superiores a los 100.000 euros anuales. Becas financiadas por todos para quienes menos las necesitan.
Al mismo tiempo, la educación pública madrileña se desangra. Las universidades públicas sobreviven al borde del colapso financiero, algunas recurriendo a créditos para poder pagar gastos corrientes. La Formación Profesional pública se deteriora por falta de inversión. No es una contradicción: es el modelo Ayuso funcionando exactamente como fue diseñado.
Los hechos son contundentes. Las becas infantiles impulsadas por el Gobierno regional han beneficiado a familias con rentas elevadísimas y, según ha revelado El País, incluso a solicitantes que no alcanzaron la puntuación mínima exigida. Ayudas públicas concedidas no por necesidad social, sino por decisión política.
Resulta difícil justificar que una familia con más de 100.000 euros de ingresos anuales requiera apoyo público para escolarizar a sus hijos. Pero en el Madrid de Ayuso la lógica redistributiva ha sido sustituida por otra: utilizar el dinero de todos para blindar a quienes ya están en una posición de ventaja.
Mientras tanto, no hay recursos suficientes para sostener el sistema educativo público. Las universidades públicas madrileñas llevan años denunciando una infrafinanciación estructural. Los presupuestos no cubren el aumento de costes, las plantillas envejecen y se precarizan, y la capacidad investigadora se ve seriamente comprometida. La imagen es demoledora: universidades públicas endeudadas mientras el Gobierno regional presume de libertad y prosperidad.
La asfixia no es solo económica, es estratégica. Ahogar lentamente a lo público permite justificar después su debilitamiento frente a la oferta privada. No es casualidad que Madrid se haya convertido en el gran paraíso de las universidades privadas, muchas de ellas de reciente creación, con escaso prestigio académico pero excelentes relaciones políticas.
El ataque a la universidad pública se ha intensificado con decisiones especialmente graves. En 2026, el Gobierno de Ayuso ha suspendido las ayudas para que unos 250 investigadores puedan desarrollar sus tesis doctorales con un salario digno. Jóvenes científicos que sostienen buena parte de la investigación universitaria se quedan sin apoyo institucional. Para ellos no hay dinero.
La señal es devastadora. Madrid renuncia a retener talento, a impulsar la ciencia y a construir conocimiento a largo plazo. Se sacrifica el futuro en nombre de un presente electoralista. La investigación deja de ser una prioridad cuando no genera titulares favorables ni réditos inmediatos.
La Formación Profesional pública tampoco escapa a esta lógica. Falta inversión, faltan plazas y faltan medios. En lugar de reforzar un sistema clave para la empleabilidad y la cohesión social, el Ejecutivo regional empuja a las familias hacia centros privados o concertados. De nuevo, quien puede pagar, progresa. Quien no, queda atrapado en un sistema cada vez más debilitado.
Nada de esto responde a errores de gestión ni a problemas presupuestarios inevitables. Es una elección política consciente. Ayuso ha decidido convertir la educación en un mercado y el dinero público en un instrumento al servicio de una minoría social muy concreta.
¿Por qué se atreve a hacerlo sin apenas coste político? Porque sabe perfectamente a quién beneficia y a quién perjudica. Las familias con altos ingresos votan. Votan siempre. Y votan disciplinadamente para proteger sus intereses. Las becas para ricos no son una política educativa: son una inversión electoral.
En cambio, quienes dependen de la educación pública, quienes necesitan becas de verdad, quienes ven cómo se deterioran sus oportunidades, votan menos. Se abstienen más. Y esa desigualdad en la participación democrática explica muchas decisiones que, de otro modo, parecerían incomprensibles.
El discurso de la “libertad” que Ayuso repite como un mantra esconde una realidad mucho más cruda: libertad para elegir solo si se tiene dinero. Libertad para escapar de lo público mientras se le retiran los recursos necesarios para funcionar dignamente.
Pero la educación pública no es un lujo ni una carga presupuestaria. Es la principal herramienta de igualdad en una democracia. Es el ascensor social que permite que el origen no determine el destino. Cuando se debilita, se consolida una sociedad más desigual, más injusta y más fracturada.
Madrid no necesita becas para ricos. Necesita universidades públicas bien financiadas, con profesorado estable, con investigación sólida y con capacidad para competir a nivel internacional. Necesita una Formación Profesional pública moderna, accesible y de calidad. Necesita políticas educativas que piensen en el interés general, no en el beneficio electoral inmediato.
Lo que hace Ayuso es justo lo contrario. Utiliza la educación como un arma ideológica, desprecia lo público y normaliza que el dinero común se utilice para reforzar privilegios privados. Es una forma de gobernar que erosiona silenciosamente los pilares del Estado del bienestar.
Por eso es imprescindible llamar a las cosas por su nombre. Esto no va de eficiencia ni de libertad educativa. Va de prioridades políticas. Y las prioridades del Gobierno de Ayuso están claras desde hace tiempo: primero los que más tienen, después —si queda algo— el resto.
La pregunta final no es solo qué hace Ayuso, sino qué hacemos como sociedad frente a este modelo. Porque mientras unos acuden masivamente a votar para defender sus privilegios, otros observan con resignación cómo se desmantela lo que es de todos.
Conviene tomar nota de cara a las próximas elecciones. La educación pública no se defiende sola. O se protege con el voto, o se pierde a golpe de becas para ricos y recortes para la inmensa mayoría.
