El Hospital Gregorio Marañón, dependiente de la Comunidad de Madrid, justifica la contratación menor y coloquialmente conocida como ‘a dedo’ -es decir, sin someter a concurso-, porque “responde a la obligación de garantizar la continuidad de la actividad asistencial, evitando cualquier interrupción en la prestación de servicios esenciales vinculados a la atención sanitaria”.

“(…) Se constató la necesidad de continuar con la adquisición de dichos productos durante el periodo de tramitación de un nuevo procedimiento de licitación”, emite en una respuesta, dirigida al activista por la sanidad pública Óscar H. (@CiudadanO_O en X) respecto de la compra de marcapasos, desfibriladores y electrodos, que no ha estado exenta de polémica por el tipo de contratación.

Según los datos de los que dispone Óscar H., cada vez más conocido en redes sociales por su trabajo en favor de la transparencia en el ámbito sanitario de la región liderada por Isabel Díaz Ayuso, solo en 2024 -todavía no hay cifras relativas al año que está a punto de acabar-, el mencionado centro hospitalario había adjudicado cerca de 11 millones de euros a la misma empresa, Medtronic en 722 contratos menores.

Asimismo, se repitieron cuatro conceptos hasta en 139 ocasiones -lo que se traduce en más de dos millones de euros- y solamente en tres días de enero se adjudicaron 19 contratos para la adquisición de marcapasos y electrodos. A fecha de hoy, la Comunidad de Madrid sigue sin responder, abonándose así al oscurantismo que acostumbra cada vez que algún ciudadano particular o desde la oposición reclaman datos, por lo que, después de la justificación del hospital, el activista ha presentado alegaciones.

Otros acuerdos opacos

El hospital Gregorio Marañón es protagonista de otras adjudicaciones opacas por las cantidades monetarias y la cantidad de contratos que las protagonizan. Un ejemplo claro de ello es el de Bricomoreno, una firma de carpintería con menos de diez empleados con los que el centro sanitario ha cerrado contratos por valor de 7.000 euros, pero también de 6 euros en conceptos muy variopintos.

ElPlural.com habló con el responsable de Bricomoreno, Sergio Moreno, a su vez concejal del PP en San Martín de la Vega (Madrid), quien se defendía de cualquier polémica posible asumiendo que él era un “simple concejal” que no gobierna y que no tenía “relación con nadie”: “Nosotros tenemos muchísimos clientes y llevamos toda la vida haciendo esto”, expresaba a la vez que reconocía desconocer el proceso de contratación.

“No te puedo decir exactamente qué cantidades sin mirarlo (…) Incluso hay cosas que hemos dicho que no podíamos hacerlas porque no hemos entrado en plazo o… Pero casi todo se hace a demanda, nos lo piden y poco más”, exponía.

El Gregorio Marañón se encuentra, de hecho, a la cabeza de los contratos menores, y es que éste, considerado uno de los hospitales más importantes de la Comunidad y el conjunto del país por su solera y capacidad tanto a nivel logístico como profesional, ha gastado más de 1.000 millones de euros entre 2016 y 2024 en más de 405.000 contratos. Destacan, por ejemplo, los contratos menores por “medicamentos oncológicos” adjudicados a Janssen-Cilag: 861 por 7,7 millones de euros.

“La norma” en los hospitales de Madrid

La tónica de los contratos menores no es nueva. Según denunció la entidad ciudadana Audita Sanidad este mismo año ante el Ministerio de Hacienda en un informe al que tuvo acceso en exclusiva ElPlural.com se formalizaron un total de 2.300.000 contratos en el quinquenio 2016-2020: 485.000 contratos menores; en 2017, 570.000; en 2018, 456.000; y en 2019, 428.000 lo que, sumado a los de 2020 hacen un total de 2.300.000. En este último año aparece como mayor beneficiado en el informe el hospital Ramón y Cajal.

Vicente Losada, portavoz de Audita Sanidad, era muy claro cuando, en declaraciones a este periódico, explicaba lo que implicaba el abuso de la contratación menor, además de poder infringir la ley. “Con el sobrecoste que se generó en la pandemia del Covid se podían haber levantado 82 centros de salud y contratado 14.600 médicos de Atención Primaria”, exponía.

“La falta de competencia genera sobrecostes que suponen un despilfarro e impiden que se puedan dedicar esos recursos a la mejora de sanidad pública (…) Podríamos inferir que el uso ‘indebido’ de dinero público no es ‘despilfarro’, sino ‘malversación”, acentúan esta entidad y la Coordinadora de barrios y pueblos de Madrid en defensa de la sanidad pública, que también firmaba el texto. Ambas llegaban a hablar de “posible corrupción”.

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