El rey emérito quiere reconciliarse, como demostrará en sus memorias tituladas Reconciliación, con sus más allegados. ¿Quiénes son estos? Posiblemente no el país del que ya no es referente, ni aquellos a quienes acusa de “robarle su historia”. En cambio, sí honra a las personas de su máxima confianza, quienes le prestaron los 4.395.901,96 euros para afrontar la segunda regularización con la Agencia Tributaria, cantidad que ha devuelto recientemente.
En las últimas semanas, se ha activado una operación para controlar el relato sobre su figura y relanzar una imagen pública erosionada por años de escándalos. El objetivo no sería solo proyectar un perfil más amable, sino también preparar el terreno para su participación en actos institucionales clave y normalizar su presencia en la vida pública.
Paralelamente, como aseguraba The Objective, Netflix negocia con Juan Carlos I un proyecto que, más que un simple entretenimiento, podría convertirse en el episodio estrella de su particular operación de lavado de imagen. La propuesta, diseñada para un lanzamiento global y liderada por la matriz de la plataforma, prevé un mínimo de seis capítulos al estilo de The Crown, con actores recreando su reinado entre 1975 y 2014. Será ficción inspirada en hechos reales, capaz de envolver en un barniz dramático y cinematográfico desde su papel en la Transición hasta su abrupta salida de la escena pública. Un alto cargo de Netflix viajó a Abu Dabi para convencer al emérito, en un movimiento que coincide con otros intentos por controlar el relato sobre su figura.
El guion, según las fuentes, incluiría los escándalos que lo persiguen: desde la donación saudí de 100 millones de dólares y sus derivadas fiscales, hasta el desfile de nombres propios que marcaron su vida privada -la reina Sofía, Corinna Larsen, Bárbara Rey-. Todo ello, envuelto en una producción internacional que, paradójicamente, trataría de dar a sus episodios más oscuros un toque de glamour televisivo. El propio emérito habría facilitado el acceso a parte de la información, en un gesto calculado que encaja con su estrategia para “cerrar heridas” con aliados y detractores.
Hacienda cuestiona su residencia en Emiratos
Este auge de cinismo por una supuesta intención de lavado de cara viene precedido de la embarrada imagen que arrastraba todos estos años. Los técnicos de Hacienda han encendido las alarmas sobre la situación fiscal de Juan Carlos I y ponen en duda que pueda tener su residencia fiscal en Emiratos Árabes Unidos (EAU), como sostiene, a la luz del convenio bilateral para evitar la doble imposición.
Ese acuerdo establece que solo puede ser residente fiscal en Emiratos quien, además de vivir allí, tenga su nacionalidad, una condición que el emérito no cumple. “Por ello, el Rey Emérito no podría tener la residencia fiscal en Abu Dabi y debe seguir presentando su declaración del IRPF y del Impuesto de Patrimonio en España”, subrayan los técnicos de Hacienda, que reclama a la Agencia Tributaria la apertura de una inspección.
Los préstamos, la 'Golden Visa' y el origen de los ingresos
La última pieza de ese rompecabezas es la devolución de más de cuatro millones de euros a un reducido círculo de empresarios que le habían prestado esa cantidad para cubrir regularizaciones fiscales en España. El emérito sostiene que el reembolso procede de ingresos generados en Emiratos Árabes Unidos, principalmente por la venta de derechos para documentales sobre su vida y por operaciones de intermediación comercial que la Agencia Tributaria no puede rastrear al no residir en territorio español. Entre 2020 y 2021 ya afrontó regularizaciones por un importe similar, vinculadas a viajes privados por valor de ocho millones sufragados a través de la Fundación Zagatka, gestionada por su primo Álvaro de Orleans. También en 2020 abonó 680.000 euros por regalos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause.
Su historial con el fisco se extiende desde la recepción de cacerías y obsequios entre 2014 y 2018 que derivaron en sanciones administrativas, hasta la donación de 1,2 millones de euros a la infanta Cristina para la compra de un palacete en Pedralbes, una operación que la Fiscalía llegó a considerar delictiva antes de que el monarca se acogiera a un artículo del Código Penal para regularizarla. Ahora, los técnicos de Hacienda reclaman revisar las declaraciones complementarias del IRPF de 2016 a 2018, que suman más de 4,3 millones y prescriben en 2026, así como el origen exacto de esos fondos. También instan a comprobar las condiciones de la ‘Golden Visa’ que obtuvo con la compra de una vivienda de más de 1.000 metros cuadrados en la isla de Nurai (Abu Dabi), cuya adquisición abre un nuevo frente en el escrutinio fiscal al emérito.
Posibles delitos fiscales y conexión con la Fundación Zagatka
Gestha, el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, también señala la necesidad de revisar la regularización del Impuesto de Donaciones presentada en diciembre de 2020 por 678.393 euros, así como los vínculos con la Fundación Zagatka, que habría cubierto viajes y servicios por valor de más de 8 millones de euros. Si se demostrara que las regularizaciones no fueron “veraces, completas y correctas”, se remitiría un informe a la Fiscalía del Tribunal Supremo por presuntos delitos contra la Hacienda Pública.
En los casos agravados, la prescripción penal es de diez años, lo que abre un horizonte temporal amplio para una eventual causa judicial. En este cruce de caminos, que mezcla el relato audiovisual, la reconciliación política y la batalla fiscal, Juan Carlos I parece asumirse como la figura que, tras años de ausencia, regresa para medirse tanto con sus críticos como con las instituciones que ahora deben decidir si lo protegen, lo fiscalizan o lo exponen de nuevo al juicio público.
