Alberto González Amador inició su relación con Isabel Díaz Ayuso a finales de 2020, una condición de pareja que, a finales de 2021, ya se encontraba consolidada, por lo que el empresario podía pasar a estar considerado dentro del entorno más íntimo de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, según ha dado a conocer Ernesto Ekaizer, ni siquiera dos años más tarde, Ayuso hizo referencia en su documentación al noviazgo con González Amador, a pesar de convivir juntos.
Tal y como ha explicado en un artículo el periodista, la condición de pareja de Alberto González Amador le habría convertido ya en 2021 en una "persona ligada de forma estable por análoga relación de afectividad", lo cual le incluye dentro del entorno más cercano de Ayuso, la cual, como presidenta de la Comunidad de Madrid, recibe la consideración, como parte de la ley de prevención de blanqueo de capitales, de Personas con Responsabilidad Pública (PRP), una adaptación de la figura de Personas Expuestas Políticamente (PEP), aceptada por España al firmar el protocolo del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional sobre Blanqueo de Capitales) en 1989.
En este sentido, tanto si una persona es un PEP o un familiar asociado a un PEP, la entidad bancaria que disponga de su dinero, de acuerdo a la normativa, según Ernesto Ekaizer, ha de ejercer un escrutinio y control de la actividad, aun en el caso de que el PEP no sea un cliente directo del banco, sino beneficiario de los activos en cuestión.
De esta manera, el artículo 14 de la ley señala que sobre aquellos que reciban la consideración de PEP o sean allegados de uno, deberán llevarse a cabo unas diligencias de control que por las cuales deberán "obtener la autorización del inmediato nivel directivo, como mínimo, para establecer o mantener relaciones de negocios; adoptar medidas adecuadas a fin de determinar el origen del patrimonio y de los fondos; o realizar un seguimiento reforzado y permanente de la relación de negocios".
Un seguimiento de la actividad, que debe contar, incluso, con autorizaciones, que, tal y como ha señalado Ekaizer, también debía de ejercerse sobre Alberto González Amador como pareja de Isabel Díaz Ayuso. Si bien, como se hacía mención y según apunta el periodista, a pesar de mantener negocios particulares con personas y familiares del grupo sanitario Quirón Prevención a través de su empresas Maxwell Cremona y Masterman, la presidenta de la Comunidad de Madrid no indicó en su documentación institucional la relación que mantiene con González Amador.
El artículo publicado por Ekaizer en El Periódico indica que González Amador, en sus negocios con personas y familiares del grupo sanitario Quirón Prevención, pudo ganar 2 millones de euros en un contrato de venta de mascarillas y guantes, una operación en la que también tuvo intervención Fernando Camino, presidente de la compañía sanitaria, en mayo y agosto de 2020. Las declaraciones tributarias de González Amador posteriores fueron las que derivaron en una inspección que estaría indicando un presunto fraude a la Hacienda Pública de 350.000 euros, un dinero que, según señala Ekaizer, pudo ser destinado a la compra de un ático en Chamberí, en el cual ya vivía Ayuso, y que fue adquirido con un préstamo de BBVA.
No terminan ahí las informaciones que Ekaizer plasma en el artículo que publicó esta pasada noche, sino que también apunta a otros hechos. Así, señala tanto que en el 2022, cuando ya estaba siendo investigado por la Agencia Tributaria, González Amador creó en Miami, Florida, la empresa Burnet & Brown, país en el que también se debe ejercer una supervisión de los PEP; como que Alberto Burnet González es el nombre que figura en la intranet de la empresa Quirón con la categoría de “director de proyectos. Servicios Centrales”.
En este punto, el periodista recuerda que el pasado 27 de junio la jueza Inmaculada Iglesias solicitó que la UCO investigará una pieza separa de la causa contra Alberto González Amador, por una presunta corrupción en los negocios. Así, Ekaizer apunta a que la petición de la magistrada estaría insinuando un posible blanqueo de capitales: “Para que [UCO] investigue los hechos y lleve a cabo las gestiones necesarias para determinar si el producto de dichas actividades presuntamente delictivas se ha transformado o se ha disimulado para ocultar el origen ilícito”.
