El eurodiputado Alvise Pérez y el líder de Vox, Santiago Abascal, han sido citados para este miércoles a un acto de conciliación por una serie de comentarios que el líder de Se Acabó la Fiesta (SALF) vertió sobre la formación de extrema derecha y que la tercera fuerza en el Congreso de los Diputados tacha de “afirmaciones falsas”.
Las partes están llamadas a filas a la 10:30 horas, pero no tienen la obligación de presentarse de forma presencial, dado que pueden comparecer por medio de sus respectivos abogados. Lo mollar aquí es que se trata del paso previo a la presentación de una querella contra Pérez en caso de que éste decida no reconocer los hechos de los que le acusa la formación con representación en el Parlamento.
De hecho, fue la representación del líder de Vox la que pidió la celebración de la mencionada conciliación a tenor de unos comentarios publicados el pasado mes de febrero en su canal de Telegram, que cuenta con cerca de 700.000 suscriptores simpatizantes del partido que consiguió representación en las últimas elecciones europeas.
"Traicionado y engañado por el partido"
Para encontrar el origen del reconocimiento hay que remontarse a una entrevista que concedió el portavoz de la ultraderecha en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith quien, según Pérez, “criticó públicamente la línea oficial de Vox en el conflicto de Ucrania-Rusia”. Sin embargo, se trata, siempre según la versión de Vox, de una afirmación “absolutamente falsa” que daña “de forma directa el honor y la dignidad” de Ortega Smith, Abascal y el partido en sí mismo.
En el documento de la defensa del responsable primero de la formación verde se destaca que el lídere de SALF atribuía al diputado frases que nunca había llegado a pronunciar, como que se había sentido “traicionado y engañado” por la cúpula del partido. “Pérez dice que Ortega Smith reconoce ‘haberse sentido traicionado y engañado’ por la cúpula de Vox, aunque afirma que no abandonará el partido. También es falso”, asume la representación de Abascal.
Las de Alvise Pérez se corresponden, por lo tanto, con palabras que se engloban dentro de la “tergiversación maliciosa”, segçun Vox. “Las afirmaciones propias y personales que realiza el conciliado sobre los extremos que figuran en su publicación son falsas y una tergiversación absolutamente maliciosa que difunde a través de un mensaje de Telegram”, acompaña el texto.
Asimismo, el folio dicta que de las palabras “se induce que el receptor de las mismas considere que han sido emitidas por Abascal, por Ortega Smith o son hechos realizados por la Fundación Disenso”. “Además de que en ningún caso así ha sido, también induce al lector y receptores de su canal a pensar que existe discrepancias inasumibles, así como actos que pudieran ser constitutivos de graves delitos económicos”, acentúa.
Así las cosas, la abogada del líder de Vox asume que “este modo de tergiversar la realidad y llegar a sustituirla por su propia inventiva sin duda causa un daño reputacional difícilmente reparable y que tiene además la correspondiente responsabilidad que será exigida en sede penal”.
Se refiere igualmente al número de suscriptores del que disfruta el canal de Telegram, emplazando que esto implica que los comentarios del líder de SALF gozan de una “gran difusión a la vista de numerosas interacciones y comentarios que está recibiendo, y que continúa acumulando”. Para demostrar la verosimilitud de sus palabras, la defensa de Abascal aporta un pantallazo del canal de la red social.
El Supremo archivó una causa de Abascal contra Pérez
En marzo de este año el Tribunal Supremo archivó una querella de Santiago Abascal y su partido contra el eurodiputado por calumnias e injurias. El tribunal operó así al no ser los hechos denunciados constitutivos de delito en tanto en cuanto las manifestaciones del querellado expresaban sospechas, no imputaciones, y carecían de identidad para integrar el delito de calumnias al no contar, dictaminaba el tribunal, de la precisión necesaria en la atribución de una conducta concreta subsumible en una tipicidad penal de delitos de corrupción o financiación de formaciones políticas.
La denuncia obedece a una imputación sobre Pérez después de que éste reconociera haber recibido 100.000 euros en efectivo de una empresa de criptomonedas para financiar su campaña a los comicios europeos.
