Una ola de incendios forestales recorre España con especial virulencia este verano, dejando decenas de miles de hectáreas calcinadas y al menos dos víctimas mortales. Galicia, Madrid, Castilla y León y Andalucía, gobernadas por el PP, concentran algunos de los focos más graves. Expertos y colectivos ecologistas advierten que esta intensidad no surge por casualidad: los fuegos son “resultado de décadas de falta de inversión en prevención forestal y de recortes en servicios de emergencia”. En efecto, comunidades con presupuesto reducidos para brigadas y limpieza de monte llegan mal preparadas al pico de calor.
La Xunta de Rueda y Feijóo
En Galicia, la Xunta (PP) presidida por Alfonso Rueda, el predecesor de Alberto Núñez Feijóo, afronta las llamas tras años de críticas por el descenso de efectivos forestales. El resultado ha sido dramático: varias decenas de incendios activos, sobre todo en la provincia de Ourense, han arrasado ya más de 8.000 hectáreas –11.000 en lo que va de verano–, cifras inéditas en la comunidad. El fuego avanza con tal magnitud que ha obligado a subir el nivel de alerta y evacuar pueblos enteros.
Ecologistas recuerdan que estos fuegos no aparecen de la nada: “Los incendios no son un fenómeno aislado, son el resultado de décadas de falta de inversión en prevención forestal y de recortes en servicios de emergencia”. En otras palabras, critican que años de recortes en brigadas y limpieza han dejado a los montes gallegos más vulnerables, y ello en medio de olas de calor extremo. Mientras el Gobierno central moviliza medios (UME, aviones), parte de la sociedad cita directamente estas políticas presupuestarias como factor clave en la ferocidad del fuego.
Castilla y León, ante las medidas de PP y Vox en prevención
La tragedia se repite en la Junta de Alfonso Fernández Mañueco. En apenas cuatro días surgieron más de diez focos graves que obligaron a desalojar a 3.780 personas y dejaron unas 3.500 hectáreas arrasadas. El fuego alcanzó zonas emblemáticas (por ejemplo, arrasó parte de Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad). El consejero autonómico de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones (PP), fue duramente cuestionado por su ausencia inicial: mientras la provincia de León ardía, él participaba en un acto oficial en Asturias y justificó su retraso con la frase “comer es una obligación”.
Además, su historial alimenta dudas sobre la prevención: en 2018 Suárez-Quiñones calificó de “absurdo” y “despilfarro” mantener todo el año el operativo contra incendios. El colectivo de bomberos forestales de Castilla y León vuelve a denunciar condiciones lamentables: un trabajador explicaba que “para ganar 1.300 euros míseros [mensuales] hay que hacer 22 días trabajando como una bestia”. Los efectivos carecen de medios suficientes y las plazas no se cubren, consecuencias directas de la política de austeridad de las últimas décadas. Para la oposición autonómica, la ausencia de recursos y de líderes en el terreno ha agravado los daños: era preciso prever con inversión continuada en prevención, no solo reaccionar con millones en ayudas tras el desastre.
Andalucía, con Cádiz en el foco
La Junta de Juan Manuel Moreno Bonilla también ha vivido incendios destacados en este verano (incendios en Córdoba ―Mezquita incluida―, Tarifa, Zahara de los Atunes, Huelva, etc.). El Gobierno regional del PP fue criticado por su gestión: Moreno Bonilla permanece prácticamente ausente durante la crisis, limitándose a mensajes en redes sociales mientras su comunidad arde. Desde el PSOE-A se denunció que estos fuegos han “puesto al descubierto años de recortes en materia de prevención de incendios”, lo que ha dejado obsoletos los planes de defensa del monte.
La portavoz socialista de Cultura en el Parlamento andaluz destacó que la UNESCO había advertido de riesgos en el entorno de la Mezquita y afirmó que “Moreno Bonilla no hizo absolutamente nada para evitarlo”. En declaraciones públicas se culpa a vandalismo intencionado del incendio en Tarifa, pero otros partidos locales y expertos señalan la falta de coordinación y recursos, recordando que los recortes y privatizaciones en emergencias son parte de “un patrón de desatención a los servicios esenciales”.
El Madrid de Ayuso
Madrid cierra la lista de autonomías examinadas. La comunidad de Isabel Díaz Ayuso ha sufrido también graves incendios este verano, el más reciente en Tres Cantos, que consumió unas 1.000 hectáreas. Ese fuego se declaró justo cuando los bomberos forestales madrileños estaban en huelga por sus condiciones laborales. Los profesionales llevaban meses advirtiendo de que “la escasez de recursos y la precariedad de sus plantillas” harían catastrófico el verano, pero la Consejería de Medio Ambiente ―y la concesionaria TRAGSA― ignoraron sus protestas.
En Madrid casi la mitad de los forestales son temporales contratados sólo en verano, y cobran alrededor de 1.300 euros mensuales con salarios congelados más de una década. Ese trato ha provocado fugas de personal: “La semana pasada se fueron diez compañeros y ya faltan 33 plazas por cubrir”. Mientras tanto, Ayuso minimizó la huelga calificándola de “sin sentido”, desviando la atención del problema real. Los propios bomberos subrayaron que, a pesar de trabajar en servicios mínimos, ellos “cumplen” con la ciudadanía cuando el monte arde. En Madrid, como en las otras regiones, la plantilla escasa y los recursos limitados, acumulados año tras año, han redundado en fuegos de gran virulencia cuando el calor aprieta.
El balance este verano pone de relieve la advertencia lanzada por analistas: no basta con apagar llamas, hay que mirarse en el espejo de la prevención. La coincidencia de parlamentarios y líderes regionales del PP de vacaciones o ausentes mientras arden sus territorios intensifica el reproche político. Ecologistas y sindicatos repiten que “los incendios no son fenómenos aislados” sino consecuencia de décadas de recortes en los presupuestos forestales y de emergencias. Este es el telón de fondo que los fuegos de 2025 han aireado en Madrid, Galicia, Castilla y León y Andalucía: sistemas de prevención erosionados por años de ajuste que, en clima extremo, han hecho a la ciudadanía más vulnerable frente al fuego.
