La jueza Inmaculada Iglesias ha citado para el próximo 21 de marzo a las dos peritos de la Agencia Tributaria que descubrieron el fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Así lo ha decidido después de que el novio de la presidenta madrileña se acogiera a su derecho a no declarar en la mañana de este lunes.
El informe que dio origen a la querella de la Fiscalía detalla dos delitos de fraude fiscal en el impuesto de Sociedades. Según el documento, en 2020 se defraudaron 155.000 euros y en el ejercicio siguiente otros 195.951,41 euros. Además, se le imputa falsedad documental al acusado, al presentar facturas falsas a través de empresas externas con el fin de rebajar los beneficios extraordinarios de sus sociedades.
En el análisis de los hechos se evidencia que, en total, las compañías de González Amador presentaron 15 facturas falsas por gastos ficticios que suman 1,7 millones de euros. Este mecanismo permitió desgravar gastos que nunca se realizaron, reduciendo los beneficios declarados y, en consecuencia, pagando 350.000 euros menos en impuestos durante dos anualidades. La investigación también ha puesto en la mira los elevados ingresos del presunto defraudador, que habrían alcanzado casi dos millones de euros, resultado de su intervención como intermediario en la compraventa de material sanitario entre dos empresas españolas durante la pandemia.
Los delitos por los que se investiga a Alberto González Amador
Alberto González Amador está siendo investigado por la presunta comisión de dos delitos de defraudación tributaria y un delito de falsedad documental, según fuentes judiciales y fiscales. La investigación, que comenzó en marzo de 2024, se centra en hechos ocurridos entre 2020 y 2021, cuando la Agencia Tributaria detectó irregularidades en las declaraciones de impuestos de su empresa, Maxwell Cremona, dedicada a consultoría y evaluaciones de calidad empresarial.
La Fiscalía de Madrid acusa a González Amador de haber defraudado aproximadamente 350.951 euros a Hacienda. Según un informe de la Agencia Tributaria, el empresario habría presentado gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades para reducir su carga fiscal. Estos gastos, presuntamente falsos, habrían sido utilizados para disminuir el impuesto de sociedades correspondiente a los ejercicios fiscales de 2020 y 2021.
Además de los delitos fiscales, se investiga a González Amador por un presunto delito de falsedad en documento mercantil. La Fiscalía sostiene que el empresario utilizó documentos falsos para justificar los gastos declarados, lo que habría permitido ocultar ingresos y reducir ilegalmente su obligación tributaria.
Asimismo, en octubre de 2024, la jueza Inmaculada Iglesias, titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, decidió abrir una pieza separada para investigar si González Amador incurrió en otros delitos, como administración desleal y corrupción en los negocios. Esta ampliación se basó en un informe de la Agencia Tributaria que alertaba sobre una "operación artificiosa, ilícita e inequívocamente defraudatoria" en 2021. Según el informe, el empresario habría utilizado una sociedad pantalla, Masterman S.L., para ocultar ingresos derivados de un contrato de servicios con Quirón Prevención S.L., una empresa del Grupo Quirón.
