La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recriminado la falta de un dispositivo de seguridad en la declaración de este lunes de su pareja, Alberto González Amador. En una comparecencia ante los periodistas en Extremadura, la presidenta madrileña ha tachado lo sucedido con un cámara de “agresión” y ha culpado al delegado del Gobierno, Francisco Martín, por no haber sido “capaz de poner un mínimo dispositivo, sabiendo que este es un juicio político y que no iba a tener tantas cámaras”.

La dirigente ha criticado que en lo referente a ella “todo es válido” y ha mostrado su indignación ante lo ocurrido, “que entre un ciudadano a pie y que tenga que salir con la frente como ha salido después de ser golpeado es inasumible. ¿Y qué pasaría si fuera la mujer o el marido de cualquier ministro o un asesor de cualquier ministro? ¿Qué no estaría ocurriendo en España? ¿Por qué tenemos que pasar por esto todos los demás?”.

A su vez, Ayuso se ha manifestado sobre la decisión de su pareja de no declarar sobre los delitos fiscales por los que se le investiga. La presidenta ha afirmado que el empresario no es que no quiera declarar sino que “no puede”. "El engrudo en el que le han metido hace imposible que pueda defenderse. Y por eso se ha acogido, por recomendación de sus abogados, a no hacerlo", ha indicado, a la vez que ha censurado que no tenga margen "ni siquiera para defenderse".

También ha destacado “la persecución política" a la que ella y su pareja están expuestos. Así, ha denunciado que están siendo perseguidos por partidos de la oposición y por personas que están siendo investigadas por la justicia como es el caso del Fiscal General del Estado. En estas declaraciones también ha manifestado su preocupación por la situación del Estado de Derecho en España, "está empezando a verse carcomido y controlado directamente desde La Moncloa, sin que haya separación de poderes y garantías para los ciudadanos". "Lo que quiero que quede claro es que al único que beneficia esto, para que esto se prolongue y se prolongue, es a Pedro Sánchez, que necesita tapar todos los casos de corrupción", ha señalado.

La presidenta madrileña ha insistido en que el proceso judicial que se abrió contra su pareja no hubiera tenido lugar si el acusado no compartiera una relación sentimental con ella. Ha reiterado que la apertura del proceso judicial en su contra se abrió con motivaciones políticas. “Una inspección de Hacienda que como mucho tendría que haber acabado, como mucho, en multa, ha llegado a caso de Estado”, ha dicho.

Lo cierto es que pese a las afirmaciones de la presidenta sí existían razones suficientes para iniciar un proceso judicial, ya que se cumplían dos requisitos para que la Agencia Tributaria elevara la inspección a la Fiscalía. Se había defraudado una cantidad superior a 120.000 euros y existía una voluntad deliberada de cometer el fraude. Según la investigación, Alberto González Amador había defraudado 350.910 euros al presentar unos negocios inventados en las declaraciones del Impuesto de Sociedades de 2020 y 2021 de su empresa Maxwell Cremona. Amador también está siendo investigado por los delitos de administración desleal y corrupción en los negocios.