Nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al juez Juan Carlos Peinado. Otra vez que el cuerpo especializado señala al polémico magistrado que no existe indicio de delito alguno en los contratos de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, con el empresario Juan Carlos Barrabés. Concretamente, esta vez, y tal y como se desprende del recurso de apelación presentado por la Fiscalía ante la Audiencia Provincial de Madrid, los contratos "en base a la información observada en los expedientes, la preparación, inicio, tramitación, licitación adjudicación, formalización n y ejecución de los contratos-algunos de ellos vigentes actualmente-, se habrían desarrollado, aparentemente, con normalidad y bajo los principios que rigen la contratación pública".
Es decir, como explica el propio fiscal, de nuevo, "no aprecian irregularidades en los mismos. No ya indicios delictivos, ni siquiera irregularidades o anormalidades detectadas de índole administrativo. Por otro lado, no hay ni rastro de la investigada Begoña Gómez, cartas, recomendaciones, presiones o interés, estando pivotando al investigación en torno a Juan Carlos Barrabés y los contratos adjudicados por diversas administraciones, presumiendo unas irregularidades en un periodo muy dilatado de tiempo, en el que se trasmite la sensación de que él es, en cierta forma, el investigado aunque no se sepa bien de qué (recordemos se le ha considerado testigo), estando sometido a un escrutinio general y en profundidad sobre diversos contratos".
En su escrito, dice el fiscal que, con todo lo alegado en el recurso, "queremos poner de manifiesto la situación procesal, y que el objeto de la presente causa, no ajustándose a las prescripciones de la Sala, a nuestro parecer, está resultando genérico y carente de concreción en relación respecto de los hechos investigados que puedan subsumirse o calificarse de conductas delictiva. Sin que existan tampoco resoluciones judiciales que dirijan ni concreten el procedimiento. Y sin que las dictadas se ajusten, en nuestra opinión, a lo dispuesto por la Audiencia Provincial en su auto de 29 de mayo de 2024 en la delimitación del objeto de la causa, y tampoco en la forma de practicar las diligencias.
Primer informe
Este segundi informe de la UCO se une al primero, en el que los agente decían que no veían indicios de delito en sus actuaciones ni había prueba alguna de que tuviese un papel destacado en el rescate de Air Europa. El juez encargó a la UCO un informe sobre las presuntas operaciones en las que habría influido Begoña Gómez y que desembocaron en cuantiosas ayudas públicas a empresas privadas. Se trata del rescate de Air Europa en plena pandemia, aprobado por el Consejo de Ministros a través de dos préstamos de 475 millones de euros) y las ayudas de la empresa Red.es, dependiente del ministerio de Economía en aquel momento, a la empresa Innova Next. El propietario de esta firma, Juan Carlos Barrabés, habría engrosado la nómina de profesores del máster de Transformación Social Competitiva de la cátedra que codirigía Gómez en la Universidad Complutense.
Los investigadores analizaron en el informe ambas ayudas, sin apreciar el más mínimo indicio de tráfico de influencias, contra el criterio del pseudosindicato ultra. Por un lado, indicaron que no se ha podido acreditar, ni disponen de datos para hacerlo, la influencia de Begoña Gómez en el rescate que el Gobierno aprobó en 2020 a la aerolínea. Refrendaron que el único elemento que vincularía a la mujer de Pedro Sánchez con Globalia (propietario de Air Europa) es que coincidiera con uno de sus principales directivos, Javier Hidalgo, en dos eventos que tuvieron lugar en 2020 en los que participaba la filial del grupo mencionado, Wakalua. Los agentes del Instituto Armado subrayaron que no hay constancia de que “estos hitos” pudieran estar relacionados con la decisión del Consejo de Ministros.
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