En el mundo de la justicia, como en la vida, las apariencias importan. Un juez no solo debe ser imparcial, sino también parecerlo. Cuando las decisiones de un magistrado generan más titulares que certezas, es legítimo preguntarse si la balanza está bien calibrada. El caso de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha puesto bajo el foco al juez Juan Carlos Peinado, cuyas actuaciones han suscitado críticas y dudas sobre su imparcialidad.
Desde que asumió la instrucción del caso, Peinado ha tomado decisiones controvertidas. ¿La última? Imponer una multa de 5.000 euros al abogado de Gómez por filtrar detalles de su declaración como investigada, mientras que los letrados de Vox y Hazte Oír, que también hicieron declaraciones públicas, fueron sancionados con solo 500 euros. Esta disparidad ha sido interpretada por algunos como un trato desigual hacia la defensa.
Además, la Fiscalía ha acusado al juez de abocar a las partes a una política de "hechos consumados", señalando que ha realizado diligencias sin resolver recursos pendientes y sin dar respuesta a las alegaciones de las partes. El fiscal José Manuel San Baldomero ha criticado la falta de motivación y finalidad aparente en ciertas actuaciones del juez.
La investigación comenzó hace un año tras una denuncia del colectivo Manos Limpias por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción. A lo largo de este tiempo, el juez Peinado ha ampliado la causa, incluyendo imputaciones por apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación. Sin embargo, la defensa de Gómez ha acusado al juez de basar la investigación en "meras especulaciones" y de actuar por "motivos ajenos a la causa".
Uno de los episodios más polémicos fue la citación del ministro Félix Bolaños como testigo. Peinado insistió en un interrogatorio presencial en La Moncloa, rechazando la solicitud del ministro de declarar por escrito. Esta decisión fue criticada por la Fiscalía, que la consideró de carácter mediático y sin justificación procesal .
Además, la Audiencia Provincial de Madrid ha instado al juez a acotar la investigación, eliminando del procedimiento hechos sobre los que no hay indicios de delito, como las acusaciones relacionadas con el rescate público de Globalia en 2020.
Los vínculos de Peinado con el PP
Una de las características más destacadas de Peinado es su conexión personal y familiar con figuras históricas del PP. Desde niño mantiene una relación de amistad y parentesco con Sebastián González Vázquez, exdiputado, exsenador y tesorero nacional durante la etapa de Pablo Casado. Además, su hija es concejala del PP en Pozuelo de Alarcón, un municipio históricamente asociado a casos de corrupción vinculados al partido.
Peinado también cuenta con vínculos profesionales significativos. En los años 80 y 90, trabajó en un despacho de abogados en Ávila junto a Sebastián González y Ángel Acebes, exministro de Justicia y del Interior. Este despacho, que posteriormente se fusionó con el del también exministro José María Michavila, evidencia una larga relación con las altas esferas del PP.
En su etapa más reciente, Peinado ha participado en actividades organizadas por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de línea conservadora, y ha colaborado con figuras como Manuel García Castellón, instructor de casos relevantes que afectan a la izquierda. Además, fue incluido en la terna de candidatos apoyados por el PP para formar parte del CGPJ en junio de 2024.
Dada la relevancia del caso y las implicaciones políticas que conlleva, es fundamental que la investigación se desarrolle con la máxima transparencia y respeto a las garantías procesales. La percepción de imparcialidad del juez es clave para mantener la confianza en el sistema judicial. ¿Crees que el juez Peinado está siendo imparcial en el caso Begoña Gómez?
