Este miércoles a las 10:30, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, prestará declaración como testigo ante el juez Juan Carlos Peinado. La cita, que se celebrará en su despacho del Palacio de La Moncloa, tiene como objetivo esclarecer la contratación de Cristina Álvarez, una alto cargo que hacía las funciones de asistente de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
La decisión del juez de situar el foco sobre Bolaños y sobre la actividad profesional de Gómez ha generado desconcierto en el ámbito jurídico y político. Desde el Ejecutivo no se oculta la incomodidad con una investigación que, según fuentes del entorno de la Moncloa, "carece de base penal sólida" y responde a una "instrumentalización de la justicia con fines mediáticos y políticos".
Un caso con muchas sombras
La causa se abrió a raíz de una denuncia anónima, que sostenía sin pruebas fehacientes que Cristina Álvarez fue nombrada asesora de la Moncloa para realizar tareas personales para Begoña Gómez, como su trabajo en la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense. En su declaración anterior, la propia Álvarez aclaró que trabajaba exclusivamente con Gómez y que rendía cuentas directamente a ella.
Sin embargo, la forma en la que Álvarez describió su proceso de contratación no supone la sospecha de un delito. Como ya han destacado varios expertos en derecho administrativo, el nombramiento de personal eventual para funciones de asesoramiento no requiere tareas específicamente políticas. De hecho, es una práctica habitual que altos cargos cuenten con personal de confianza para apoyar labores institucionales o vinculadas a sus cargos académicos cuando exista una colaboración con organismos públicos, como era el caso de la Cátedra codirigida por Gómez.
La Fiscalía, por su parte, no ha apreciado indicios de malversación, y ha subrayado que no hay constancia de que se produjera desviación de fondos públicos ni uso indebido del cargo.
Bolaños pidió declarar por escrito: el juez se negó
A pesar de que Félix Bolaños no ostentaba el cargo de ministro en el momento de los hechos, el juez le negó la posibilidad de declarar por escrito, tal y como permite la Ley de Enjuiciamiento Criminal para altos cargos en determinadas circunstancias. Además, se produjo un tira y afloja con respecto al lugar de la declaración.
Después, Bolaños planteó hacerlo en su sede actual, el Ministerio de Justicia, pero finalmente se acordó que sería en su despacho en la Moncloa, un gesto que el juez ha interpretado como una forma de marcar territorio ante lo que desde el Gobierno se considera como una injerencia judicial.
Peinado va cuesta abajo y sin frenos
Juan Carlos Peinado ya ha estado en el centro de la polémica por sus decisiones en causas mediáticas. En este caso, no son pocos los juristas que cuestionan el criterio jurídico de una instrucción basada en un testimonio sin respaldo documental y una denuncia anónima. La asociación Juezas y Jueces para la Democracia ya ha señalado en varias ocasiones la necesidad de que la Justicia se mantenga al margen de las estrategias partidistas.
El propio Gobierno ve en esta causa un nuevo episodio de "lawfare" -guerra judicial-, una estrategia que, según denuncian desde el PSOE, se está utilizando con frecuencia creciente para desgastar a figuras del Ejecutivo a través de procesos judiciales sin base firme. El caso más sonado es sin duda la citación del juez Peinado a Sánchez en 2024, cita a la que el presidente acudió, pero se abstuvo de declarar contra su mujer.
Un clima de hostigamiento político
La ofensiva contra Begoña Gómez no es nueva. Desde hace meses, sectores conservadores y medios afines a la oposición han puesto el foco en su trabajo académico con la intención de socavar la imagen del presidente del Gobierno. La mayor cruzada en esta guerra judicial se ha podido observar con los continuos ataques al Ejecutivo por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid y de su presidenta, Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrileña no ha perdido la oportunidad de utilizar esta investigación como una válvula de escape para todos los asuntos turbios que salpican su figura.
La declaración de Bolaños no es tanto una comparecencia judicial como una escena más de una estrategia más amplia: erosionar al Gobierno por vías extrajudiciales. La confianza del Ejecutivo en que la causa acabe archivándose es total, pero el daño reputacional y la crispación política son ya un hecho. Por el momento, los socialistas destacan que la investigación en el caso de Begoña Gómez no es más que un callejón sin salida en el que el magistrado y populares se encuentran dando tumbos.
