El nerviosismo ha regresado con fuerza al Partido Popular de Madrid. La preocupación interna crece a medida que nuevos elementos judiciales vuelven a poner en entredicho la gestión de la Comunidad de Madrid durante la pandemia, y más concretamente, al entorno familiar de Isabel Díaz Ayuso. Esta vez, el foco se centra en un empresario arruinado que acusa al Gobierno madrileño de no haber recibido el pago de un millonario encargo de mascarillas. Lo que añade más tensión al asunto es que este empresario mantiene vínculos personales y profesionales con Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta regional, con quien compartió negocios en el pasado.
El empresario en cuestión es el propietario de la empresa Care Quality Service (CQS) S.L., que trabajó años atrás con Tomás Díaz Ayuso en MC Infortecnica, la empresa familiar que aún mantiene una deuda superior a los 544.000 euros con Avalmadrid. Según reveló el periodista Javier Bañuelos en la Cadena SER, la Comunidad de Madrid recibió el material sanitario que encargó a CQS -mascarillas y trajes de protección importados desde China-, lo utilizó durante los momentos más críticos de la pandemia, pero jamás abonó el importe acordado, que supera los cuatro millones de euros. Así figura en la demanda presentada por la compañía ante los tribunales, donde además se señala al entonces consejero de Sanidad y actual senador del PP, Enrique Ruiz Escudero, por haberse implicado personalmente en la operación.
La herida abierta que arrastra el PP
El caso ha generado una fuerte inquietud en ciertos sectores del PP madrileño, que ya se habían visto sacudidos en el pasado por informaciones relacionadas con la familia Ayuso. La situación actual remite inevitablemente a noviembre de 2021, cuando ElPlural.com publicó el artículo “No son cremas, son aviones”, en referencia al posible escándalo de sobrecostes y contratos opacos en la adquisición de material sanitario en plena pandemia. En aquel momento, en la dirección nacional del partido ya se manejaban datos que hoy cobran nuevo sentido y que ponían en duda la legitimidad de Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid.
Desde entonces, han ido saliendo a la luz episodios que han reforzado las sospechas: la comisión de 234.000 euros cobrada por Tomás Díaz Ayuso en una operación de venta de mascarillas; su notable incremento de ingresos como autónomo durante los años de la pandemia; la existencia de una empresa sanitaria, Sismédica S.L., vinculada a los hermanos Ayuso y no incluida inicialmente en las declaraciones de bienes de la presidenta; y diversas adjudicaciones públicas a empresas ligadas a familiares del entorno más cercano de la dirigente del PP. Todo ello ha contribuido a crear una sensación de fragilidad política que ahora se reaviva con este nuevo conflicto judicial.
Una operación nunca pagada
La investigación sobre CQS arrancó en el Juzgado de lo Contencioso número 1 de Madrid, pero posteriormente fue trasladada a la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que se encuentra a la espera de dictar sentencia. En el centro del litigio está una operación formalizada en marzo de 2020, cuando CQS ofreció al gobierno regional importar desde China un gran volumen de material sanitario. La propuesta fue aceptada de inmediato, y en cuestión de días se firmó un contrato con la Subdirección de Contratación del SERMAS, que incluso certificó la existencia de una partida presupuestaria específica para sufragar el encargo.
Pese a esa formalidad, la operación se complicó desde el principio. El 4 de abril, cuando el cargamento ya estaba preparado y a la espera en el aeropuerto de Shanghái, el transportista contratado por la Comunidad de Madrid se negó a embarcar la mercancía alegando falta de autorización. Ante el riesgo de incumplir los plazos y sin obtener respuesta efectiva ni del consejero de Sanidad ni de la propia presidenta, la empresa optó por asumir el coste del transporte por su cuenta. Fletó cuatro aviones y desembolsó más de un millón de euros para traer el material a Madrid, donde llegó finalmente el 30 de abril. Parte de la mercancía fue vendida a terceros para no colapsar económicamente, pero los productos restantes -valorados en más de tres millones- fueron entregados directamente en el pabellón 10 de IFEMA.
Una demanda millonaria que salpica a la Consejería
A pesar de disponer del material y usarlo, la Consejería de Sanidad se negó a pagar, argumentando que el pedido nunca llegó a formalizarse completamente y que se recurrió a otros proveedores más rápidos y económicos. Sin embargo, según los documentos a los que ha tenido acceso la Cadena SER, la Comunidad llegó a pagar precios superiores -hasta 10 euros por mascarilla FFP2- en otras operaciones realizadas durante las mismas fechas.
Care Quality Service ha demandado a la Comunidad de Madrid por estafa y reclama más de 4,5 millones de euros: 2,8 millones en facturas impagadas, 1,3 millones por daños derivados del transporte y el almacenamiento, y cerca de 290.000 euros en concepto de intereses por demora. Mientras tanto, desde la Consejería de Sanidad insisten en que todas las adquisiciones se centralizaron en el SERMAS y que los cambios del mercado justificaron la cancelación del pedido.
Sin embargo, las explicaciones no apagan la inquietud. En el PP de Madrid, crece el temor a que el empresario afectado disponga de información comprometedora sobre las gestiones del hermano de la presidenta, de otros familiares y de altos cargos implicados en las compras de emergencia durante la pandemia. Y lo más inquietante para muchos en Génova es que este no parece ser el último capítulo de una historia que amenaza con seguir creciendo.
