La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se jactó de abrir “dos hospitales públicos” en la región durante la pandemia del Covid, el Enfermera Isabel Zendal y el de campaña de Ifema, adoptando para ambos un tono triunfalista con el que la lideresa intentó situar su gestión como pionera de nuestro país pese a las numerosas polémicas en materia sanitaria que ésta estaba suscitando.
Ahora, cerca de cinco años después y sin que se hayan depurado responsabilidades, entre otras cosas, por los conocidos como ‘protocolos de la vergüenza’ que impidieron el traslado de internos de residencias a hospitales para ser tratados en las primeras semanas del coronavirus, 109 familiares de 115 víctimas han conseguido que la Fiscalía reabra la causa por las muertes en los centros de la tercera edad durante aquellos días a partir de una macrodenuncia que presentaron en octubre de 2024.
El documento, al que ha tenido acceso de manera íntegra ElPlural.com, habla de cuestiones muy diversas y se detiene en varios momentos concretos que a posteriori podrían ser decisivos para el devenir de una sentencia. Entre esos instantes, el texto dedica varias páginas al hospital de Ifema con una cronología que deja al descubierto las sombras de un enclave en el que, si bien se atendió a pacientes, también estuvo marcado por claroscuros que pasan por la discriminación de personas, la ausencia de camas o por quitar profesionales de otros sitios, como las residencias de mayores.
El hospital de campaña ubicado en el recinto ferial recibió a los primeros pacientes el 22 de marzo y se clausuró el 30 de abril; algo más de un mes en el que atendió un total de 3.811 personas, según muestran los datos que se desprenden de la Memoria del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) correspondientes con el año 2020. El centro sanitario tenía una capacidad teórica para 5.500 camas, pero se activaron únicamente 1.300, según un extracto de la misma memoria que ahora recogen los denunciantes.
"Absorción" de recursos
También según el Sermas, en Ifema trabajaron hasta 3.000 personas, la mayoría de ellas procedentes de los Servicios de Urgencia de Atención Primaria (SUAP), pero “absorbió” sanitarios de otros hospitales y del SUMMA 112, así como de las propias residencias.
Esta parte de la extensa demanda se detiene, entre otras cosas, en el reconocimiento de Carlos Mur -alto cargo de Ayuso que firmó el triaje de residencias- ante el tribunal cuando indicó que, efectivamente, los médicos con los que la Consejería de Sanidad pensaba inicialmente medicalizar las residencias fueron finalmente destinados al hospital de campaña ubicado en el recinto ferial. Es más, el propio Mur se pronunció en términos similares previamente, en su caso en una comisión de investigación que se desarrolló en la Asamblea autonómica.
Esta es una cuestión en la que enfatiza, además, Alberto Reyero, exconsejero de Políticas Sociales que dimitió por la controversia en torno a los centros de mayores y que, en declaraciones a este periódico, se compromete a contar toda la verdad en caso de testificar ante un juez, tal y como solicita igualmente la macrodenuncia.
En lo que se refiere a la prohibición de Sanidad de atender en Ifema a los residentes enfermos “por su tipología”, quienes firman el documento rememoran, a través de varios datos y declaraciones, que la Consejería “decidió, también en el hospital de campaña, denegar la prestación sanitaria a la que tenían derecho los residentes”: “Y lo hizo atendiendo a su ‘tipología’, es decir, al hecho de ser personas enfermas y con discapacidad”.
Así las cosas, mientras el Gobierno regional hablaba de “hospital milagro” y celebraba que en él los pacientes “recobraban la vida”, quienes en octubre del año pasado rubrican una denuncia que podría, por fin, poner pie en pared contra la gestión en las residencias madrileñas, hace hincapié en la “denegación discriminatoria de la prestación sanitaria a los residentes enfermos con discapacidad”. “No fue un hospital milagro, sino otro ejemplo doloroso de discriminación (…) Ningún residente recobró la vida en Ifema porque se les vetó el ingreso”, certifican los familiares.
"Pacientes sin problemas para la actividad básica diaria y sin deterioro cognitivo"
De nuevo la persona encargada de rubricar el cribado sentenció en su paso por el Juzgado que “por las propias características de Ifema, ausencia de camas articuladas, de gerocultores, de auxiliares de enfermería… en los días iniciales no admiten personas que tienen un alto grado de dependencia porque no tienen medios para atenderles allí”.
Y en la Asamblea, Mur se reafirma: “(…) En aquel momento los criterios que a nosotros nos habían trasladado para poder ingresar a una persona en Ifema eran que fueran pacientes sin problemas para la actividad básica de la vida diaria y sin deterioro cognitivo”. Si bien, en sus declaraciones, la personas que las emite depura responsabilidades hacia otros cargos como el consejero de Sanidad, el director médico de Ifema o la directora general de Docencia o Investigación.
Los familiares también recuerdan que “las residencias no estaban medicalizadas y era imposible medicalizarlas porque los profesionales se iban a destinar al hospital de Ifema”. Por aquel entonces, el protocolo que estaba bloqueando el traslado de residentes a hospitales públicos llevaba tres días en vigor y, a pesar del mando único, no se derivaban internos a hospitales privados si no tenían seguro médico privado.
En cuanto a datos concretos, los datos oficiales del Gobierno regional datan en 23 las derivaciones de residencias al centro de campaña localizado en el recinto ferial, todas ellas correspondientes a pacientes con síntomas leves y que fueron dados de alta a los pocos días. En paralelo, el tiempo que permaneció abierto el hospital de Ifema fallecieron en las residencias madrileñas 7.122 personas a las que se les privó ser atendidas fuera de los lugares en los que estaban internos. “Y más de 5.700 tenían Covid o síntomas compatibles y podían haber sido atendidas en el hospital de Ifema”, aseveran los denunciantes.
