La atención sanitaria privada de los funcionarios sigue en aire. El concierto de Muface decae el 31 de enero, pero desde el Gobierno ya se ha emitido la orden de continuidad del sistema durante tres meses más por 343 millones, a la espera de que se resuelva la nueva licitación. Las aseguradoras rechazaron la primera oferta y el Ejecutivo puso toda la carne en el asador, duplicando la oferta de incremento de las primas (del 17% al 33,5%). Adeslas ha rechazado concurrir y Asisa y DKV tendrán hasta el 15 de enero para presentar su oferta.
El debate está abierto y con las compañías privadas chantajeando a la administración a cuenta de la sanidad de 1,5 millones de personas, entre titulares y beneficiarios (funcionarios y familiares), el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha defendido la oferta emitida por Muface. Esta contempla un incremento de 957 millones de euros de las primas con respecto al concierto anterior, elevándose el montante total para los tres años de vigencia (2025, 2026 y 2027) hasta los 4.478 millones de euros.
“Estamos metiendo 1.000 millones de euros adicionales para financiar Muface, es decir, dinero suyo, mío, de todos los ciudadanos, de los Presupuestos Generales del Estado, para financiar el seguro privado de 1,5 millones de ciudadanos", ha defendido el titular de la cartera de Función Pública en una entrevista concedida a Antena 3. Esta afirmación, emitida en tono positiva por el ministro, recupera un debate que se ha tenido en seno de la propia coalición: ¿es comprensible que empleados públicos puedan acceder a sanidad privada pagada por el Estado y con beneficio para aseguradoras?
La parte minoritaria del Ejecutivo, representada en esta cuestión por la ministra de Sanidad, Mónica García, ya se mostró reticente a esta práctica. La cabeza de Más Madrid se posicionó contraria al chantaje realizado por las aseguradoras privadas y, apoyándose en un informe técnico, propuso devolver a los funcionarios a la sanidad pública, destinando el dinero de la licitación de Muface a las comunidades autónomas para poder asumir dicha absorción, en función del porcentaje de nuevas altas que tuviese que asumir cada territorio.
“El modelo Muface en la actualidad no es sostenible”, concluía el informe de Sanidad, que apuntaba a que, por primera vez, existía un contexto que genera la posibilidad de “incorporar a la población mutualista a la asistencia sanitaria pública sea una opción tanto viable como razonable”. Asimismo, criticaba la “selección de riesgos” realizada por las aseguradoras, que “empuja a los mutualistas a trasladarse a proveedores públicos de atención sanitaria” cuando estas compañías rehúsan de atenderlos por meros baremos de rentabilidad.
No obstante, López hizo oídos sordos a esta propuesta y, en todo momento, mantuvo su defensa del concierto de Muface y el aumento disparado de las primas. Pero ni por esas se ha garantizado que las aseguradoras concurran a este concurso. Una ya ha anunciado su negativa y las otras dos se mantienen calladas a una semana del fin del plazo. Aun así, el ministro de Función Pública sigue trasladando un mensaje de tranquilidad, como desde hace meses, y se apoya en que las compañías “están valorando la oferta”.
Más allá de la decisión final que puedan tomar las aseguradoras, lo cierto es que con el fin de este convenio ha vuelto a quedar abierto el debate en torno a que trabajadores públicos tengan sanidad privada, proceder que viene de siglos atrás y que se consolidó en los primeros años del franquismo (1941) con la creación de la Ley de Mutualidades y certificó casi a su fin (1975) con la creación de Muface.
"Creo también que hay una reflexión pendiente, posterior, una vez que se firme ese concierto, porque estamos hablando de un modelo muy antiguo que acumula también ciertas imperfecciones, ciertas cosas que se pueden mejorar", ha reconocido López. Por el momento, el Gobierno busca superar el escollo y dar una patada hacia adelante, concretamente hasta dentro de tres años, con el abordaje de Muface.
