La negativa de las aseguradoras (ASISA, ADESLAS y DKV) a presentarse al concurso de Muface puede terminar por dinamitar todo el modelo. Las compañías consideraban la mejora de primas insuficiente y el Gobierno ha contratacado señalando procederes de estas empresas que podrían justificar la eliminación de esta sanidad privada, que da servicio a más de un millón de funcionarios, y la incorporación de los mutualistas al sistema público. Para financiar el incremento de gasto en las administraciones, se destinarían los miles de millones del concurso a las comunidades autónomas.
La fecha planteada por el departamento liderado por Mónica García es el 1 de enero de 2025 y la justificación para acometer la decisión se encuentra en un informe de 17 páginas realizado por Sanidad. El modelo resulta insostenible para el Ministerio, que plantea prorrogar el concierto durante los nueve primeros meses del próximo año e ir incorporando progresivamente a los mutualistas al sistema público. De entre los acogidos a este sistema, el 65% son docentes y cada vez más funcionarios optan por la asistencia pública.
“Por primera vez en muchos años, la posibilidad de incorporar a la población mutualista a la asistencia sanitaria pública sea una opción tanto viable como razonable”, recoge el informe del Ministerio de Sanidad que ha adelantado la Cadena Ser. Asimismo, señala a las aseguradoras por la elección de los pacientes de menor coste y la derivación de los tratamientos más caros al sistema público. “La selección de riesgos por parte de las aseguradoras que empuja a los mutualistas a trasladarse a proveedores públicos de atención sanitaria”, recoge el documento.
“La población tiene una edad media superior que la población en general, pero el estado de salud de los mutualistas es mejor que el de la población general”, desgrana el informe. Lo cierto es que la edad media de los mutualistas de Muface es elevada, especialmente en Madrid, Andalucía, Extremadura y Castilla y León que, además de las dos ciudades autónomas, son las comunidades que más pacientes mayores de 65 años tendrían que absorber en sus sistemas públicos. No obstante, lo harían con un aumento de la financiación y la asunción de compromisos de calidad.
Más allá de los servicios dados por las aseguradoras, el acuerdo económico tampoco parece posible, dado que el Gobierno propone una mejora de las primas del 17% y las empresas exigen un ascenso del 40%. En consecuencia, la eliminación del concierto es “una decisión que habrá que tomar antes o después” y el órdago de las aseguradoras, tal y como apunta el infome de Sanidad, “presenta la posibilidad de que sea viable y razonable” hacerlo.
Constatada la postura de Sanidad, en manos de la parte minoritaria de la coalición, el ministro de Función Pública, Óscar López, estudia otros abordajes. El último de los conocidos es el planteamiento de una decisión única y final para todos los funcionarios. De ser esta la elección, los funcionarios deberían elegir si prefieren ser mutualistas privados o unirse al sistema público y la decisión será para siempre, a diferencia de la elección anual que ocurre en la actualidad. Así, la previsión económica sería más sencilla, aunque no garantiza el sí de las aseguradoras.
Enfrentamiento entre sindicatos
Las diferentes organizaciones sindicales presentes en la mesa de Función Pública que aborda esta materia no están de acuerdo entre sí. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) defiende que los empleados públicos puedan elegir atención médica privada y financiada con dinero público. A su vez, acusan a Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) de querer acabar con el concierto. Por su parte, CCOO denuncia desde hace tiempo que los servicios que se ofrecen a través de las compañías asistenciales con las que tienen suscrito concierto no cumplen con los parámetros de calidad establecidos.
"Ante esta nueva situación, es urgente revisar las condiciones y obligaciones de los conciertos para asegurar y garantizar la salud de las personas mutualistas", instan desde la organización sindical. Por otro lado, desde UGT defienden en que los mutualistas “tengan la mejor cobertura posible”, apelan al “esfuerzo del Gobierno y a la responsabilidad social de las compañías aseguradoras” y exigen “que la calidad del servicio no se vea afectada”. Por el momento, ninguna de las tres organizaciones se ha pronunciado sobre la propuesta de Sanidad.
