El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece este lunes 28 de julio a las 12:00 horas para poner punto final al curso político con su clásico balance. Lo hará ante los medios de comunicación coincidiendo con el fin de curso político y se podrá seguir en directo a través de ElPlural.com.
En esta rueda de prensa, el jefe del Ejecutivo también presentará el informe periódico de rendición de cuentas 'Cumpliendo'. Se trata del habitual balance del presidente del Gobierno antes de las vacaciones de verano, una vez finaliza el curso político.
42 leyes impulsadas y tareas pendientes
A mitad de legislatura y con el fin del curso político, el Gobierno de Pedro Sánchez presenta un balance con 42 leyes aprobadas y publicadas en el BOE, otras 42 en tramitación y 1.074 votaciones ganadas en el Congreso, lo que supone un 88% de respaldo parlamentario. Pese a ello, el Ejecutivo se encuentra frente a un otoño legislativo con varios frentes abiertos y tareas pendientes para septiembre, cuando previsiblemente se reinicien los contactos para tramitar estas iniciativas de calado, junto a la reducción de jornada o la enquistada Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre inmigración.
Siguiendo esta línea, estaba previsto que en el Pleno escoba del Congreso se debatiera también la Ley de Movilidad Sostenible e incluso el proyecto de Félix Bolaños de reforma del acceso a la carrera judicial. Sin embargo, ambas se vieron afectadas por la falta de consenso con las fuerzas de la investidura y el Ejecutivo ordenó su retirada del orden del día, por lo que dejan para septiembre su andadura parlamentaria.
Por su parte, la parte minoritaria del Gobierno también tiene deberes atrasados, a los que no ha podido dar cumplimiento en la primera mitad del año. Muchos de ellos llevan pendientes desde comienzos de legislatura – incluso desde la pasada - y algunos están contemplados en el acuerdo de investidura firmado por las dos partes. Desde Sumar culpan al PSOE de algunos de estos retrasos y a la falta de mayorías parlamentarias de los otros, pero aseguran que se pondrán las pilas al volver de vacaciones. La medida más sonada de todas, por su repercusión y las discrepancias que ha generado entre ministros del Ejecutivo, es la reducción de la jornada laboral. Alcanzar un acuerdo con los sindicatos, del que las empresas se han caído, llevarla al Consejo de Ministros y seguir los cauces habituales ha supuesto más de un año, antes de chocar con el muro de Junts.
Otro asunto pendiente está en la indemnización por despido improcedente, que no se abordó con la última reforma laboral, y que incumple la Carta Social Europea. Sumar quiere llevarlo cuanto antes al seno del Gobierno y al Parlamento, pero siendo realistas apuntan a finales de año. En líneas similares, también permanece enquistada una de las dos iniciativas legislativas populares. La primera de ellas, la ILP para regularizar a medio millón de migrantes, lleva ya más de 15 meses durmiendo el sueño de los justos ante la falta de sincronías parlamentarias. El bloqueo del Partido Popular primero, aderezado con las discrepancias internas en la coalición y el resto de aliados, han permitido que el texto permanezca varado otro periodo de sesiones.
La segunda de elles, pese a que no está tan avanzada como la regularización, sí asoma la ILP para dejar de considerar la tauromaquia como patrimonio cultural. La iniciativa entrega a las autonomías la llave para decidir qué tratamiento le dan, algo que no ocurre en el ordenamiento jurídico actual, pues cuenta con un robusto blindaje constitucional. En cualquier caso, el texto ni siquiera se ha admitido a trámite aún, pero las fuerzas progresistas, en concreto Sumar, espera que pegue un acelerón en los albores del próximo curso político pese a las reticencias del socio mayoritario de la coalición.
