El Sindicato de Estudiantes también ha mostrado su rechazo a la LOMLOE, la reforma educativa que se encuentra en trámite parlamentario, más conocida como 'Ley Celaá'. "Decimos con rotundidad que no apoyamos esta Ley porque nos parece insuficiente; la educación pública necesita una revolución", ha señalado este lunes la secretaria general del Sindicato, Coral Latorre.

"No nos conformamos con echar atrás la LOMCE (actual ley educativa que se pretende derogar con la reforma), queremos una nueva ley educativa, exigimos al Gobierno que no repita los errores del pasado y ponga en marcha un plan de rescate urgente para la escuela pública", ha afirmado Latorre, que considera que la 'Ley Celaá' es una vuelta a la LOE de 2006, pero sin tener en cuenta la "realidad", es decir, las actuales necesidades del sistema, la pandemia o la crisis económica.

La principal crítica desde el Sindicato de Estudiantes es que la nueva norma (que fue aprobada el pasado jueves en el Congreso y ahora continuará su trámite en el Senado), no menciona nada sobre los recursos económicos necesarios para poner en marcha las medidas que recoge, sobre todo en la educación pública.

Según explica Latorre, el debate de la LOMLOE ha coincidido con el debate de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), y en lo que respecta al terreno educativo, el Gobierno ha propuesto un aumento de 2.000 millones, pero sin especificar que ese dinero vaya a ir a la educación pública, cuando su situación es "catastrófica" tras haber sufrido importantes recortes en los últimos años. Además, "la nueva ley no supone una ruptura con el chorro de dinero público que se regala a la concertada, a la privada y a la Iglesia", según critica.

En este sentido, expone que la educación concertada ha visto aumentada la financiación en un 25% en la última década, mientras la pública se ha estancado en el 1%. Según Latorre, en País Vasco ha aumentado la financiación para conciertos un 23%, mientras que en Cataluña, por ejemplo, ha alcanzando un incremento del 18%. "Es una muestra de nivel intolerable en el proceso de privatización de la educación", advierte.

En lo que respecta a la educación concertada, sector más crítico con la 'Ley Celaá', Latorre tampoco se muestra satisfecha, pero niega que la ley suponga un 'ataque' a la concertada. Según comenta, la norma no recoge nada de prohibir los conciertos, ni de eliminar los que ya están establecidos, y a ello se suma que "los jueces franquistas van a seguir velando por los intereses de la concertada y la privada", pues varias sentencias del Tribunal Supremo avalan que la renovación de los conciertos sea automática si se cumple con todos los requisitos.

En cuanto al papel de la Iglesia en la educación, el Sindicato de Estudiantes asegura que la 'Ley Celaá' permitirá que la Iglesia siga ejerciendo un "control absoluto" en la educación concertada y, al mantener la asignatura de Religión (aunque como novedad, no contará para calcular la nota media), el Estado tendrá que seguir asumiendo el gasto que esto conlleva.

El Sindicato también se muestra en contra de la ley porque no recoge "una asignatura de educación sexual inclusiva, obligatoria y evaluable en todas las etapas", que tuviese el objetivo de "acabar con el machismo y con la cultura de violación en los centros".

Asimismo, con la supresión del carácter vehicular del castellano (y de las lenguas cooficiales del Estado), el Sindicato cree que la nueva ley no dice cómo se puede aprender en estas lenguas con garantías, si bien "reconoce una realidad innegable", que es la existencia de distintas lenguas oficiales en el Estado español.

Del mismo modo, el Sindicato está de acuerdo con que la ley se ha tramitado sin consenso y "con una urgencia sorprendente". "A la mayoría de los miembros de la comunidad educativa, no se nos ha recibido y nuestras peticiones con la ministra de Educación han sido totalmente ignoradas", afirma Latorre.

En el lado positivo, Latorre menciona la eliminación de las 'reválidas' de la LOME y de los itinerarios, aunque precisamente lamenta que estas iniciativas no hayan surgido del Ministerio de Educación y FP. También valora que la repetición sea contemplada como una "excepción", ya que a juicio del Sindicato se trata de una "forma de lucha contra el abandono escolar", pero reclama recursos económicos para hacerlo efectivo.

"Frenar los pies" a la derecha

A pesar de que el Sindicato se muestra en contra de la 'Ley Celaá', rechaza la campaña "reaccionaria y totalmente agresiva" que está llevando a cabo la derecha --PP, Cs y Vox-- contra la norma. Los tres partidos ya anunciaron hace semanas que recurrirían la Ley al Tribunal Constitucional (TC).

Latorre dice entender la "virulencia" con que la derecha está tratando a la LOMLOE, aunque a su juicio, "no es porque suponga grandes cambios" sino porque "en la medida en que introduce pequeños avances, no puede permitir regalar migajas a la educación pública".

"Ya conocemos lo que el PP ha hecho con la educación pública, si ellos vuelven a gobernar, van a seguir con esta sangría en la educación pública; tenemos que frenarles los pies; la única forma de frenar la ofensiva de la derecha es poner en marcha políticas de izquierda y sociales", señala.

"Situación catastrófica"

A la tramitación de una nueva ley educativa, se suma la situación que ha provocado la pandemia. Latorre ha calificado la situación de "catastrófica", asegurando que "hay institutos donde todavía no se han empezado las lecciones de asignaturas" y donde "los contagios cada vez son mayores".

Este escenario muestra, según Latorre, las "consecuencias" de no haber invertido en educación pública y de poner en marcha medidas concretas, como bajar las ratios o la contratación de profesores y profesional sanitario. "Íbamos a tener una catástrofe absoluta en nuestros institutos y escuelas, es lo que ahora estamos viviendo", reprocha la secretaria general del Sindicato, que reconoce que hay una "incertidumbre gigantesca" porque no se sabe qué va a pasar en este curso 2020-2021.

"Todas las promesas del Ministerio de Educación se han quedado diluidas; es la confirmación trágica de que el Ministerio ha mostrado una desidia absoluta por este curso, ha hecho oídos sordos a la comunidad educativa, la situación es muy grave", ha lamentado Latorre, que ha anunciado "actos de protesta" en centros, sin dar más detalles.

Estas afirmaciones contrastan con la respuesta del Gobierno. Este mismo domingo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, celebraba que desde que se aprobó el nuevo estado de alarma a finales de octubre, está habiendo un "menor número de brotes en espacios públicos". En concreto, se felicitó de que los centros educativos no se estén convirtiendo en focos de contagio, lo que califica como uno de los "grandes éxitos" del Gobierno.