La crisis habitacional ha detonado un debate público protagonizado por personalidades que por las noches tienen techo bajo el que refugiarse y por la mañana se arrojan las viviendas y a sus inquilinos a la cabeza. Y así pasan los días. Pero decenas de desahucios han vuelto a producirse estas últimas 24 horas y como consecuencia personas reales lo han perdido todo para que unos pocos privilegiados tengan más. Todo hasta el punto de reducir su esperanza de vida notablemente, padecer o agravar enfermedades y, en algunos casos, terminar muriendo.
Más de 60 profesionales de la salud (medicina, pediatría enfermería) de Vallecas, barrio trabajador de Madrid, han denunciado esta situación que la ciencia ya ha constatado. “No poder acceder a una vivienda daña la salud de la población. Las amenazas de desahucio y expulsar a la gente de sus casas hace enfermar a las personas. No poder dormir bajo techo y con seguridad reduce de forma dramática la esperanza de vida”, constatan los profesionales de centros sanitario del barrio que, en su día a día, contemplan de primera mano como “el acceso a una vivienda digna es un importante determinante social de la salud”.
Una realidad que es más cómoda obviar para los defensores del libre mercado y la especulación. Aquellos que se han inventado una crisis de okupación e incluso han acuñado términos como inquiokupación prefieren no hablar de los más de 80 desahucios diarios que se producen en España ni de la afectación que estos tienen directamente en quienes los sufre. Los procesos de desahucio, incluso aunque lleguen a paralizarse, están estrechamente relacionados con el "empeoramiento de la salud mental" y puden "aumentar el riesgo de suicidio”, exponen los sanitarios diversos estudios al respecto.
Pero detrás de tantas cifras e historias dramáticas hay personas. Lo vivido este miércoles en Vallecas, barrio trabajador de Madrid, es un claro ejemplo de ello. Mariano, vecino desde hace medio siglo, ha sido desahuciado de su vivienda sin alternativa habitacional, pese a estar enfermo y aunque al otro lado se encontraba una multiproietaria (más de 13 viviendas, emplazamientos hoteleros y cotos de caza) aristocrática cercana a Franco. Era el tercer intento de un proceso largo que ha terminado con miembros del movimiento de la vivienda descolgados de la fachada y la policía entrado al inmueble por la venta.
Acontecimientos y vivencias difíciles de olvidar para una persona que, como tantas otras, ya sufría los golpes de la precariedad en todas sus formas y se despeña cuesta abajo y sin frenos cuando pierden su casa y al tejido vecinal y social asociado a ella. Consecuencias, además, que no se acotan a la individualidad, sino también a la salud física y mental de la comunidad. “Existe mucha literatura científica que avala la relación entre salud y vivienda”, denuncian los sanitarios vallecanos, citando en su comunicado hasta seis artículos académicos para sustentar todas sus tesis.
“Los procesos de desahucio se asocian a un empeoramiento de la salud mental, incluyendo mayores tasas de ansiedad, depresión y trastorno de estrés postraumático, y pudiendo aumentar el riesgo de suicidio. Se han relacionado también con un aumento de las enfermedades crónicas, del dolor y del uso de fármacos; con una salud autopercibida globalmente peor con mayores probabilidades de sufrir problemas cardiovasculares tales como la tensión arterial elevada; con un aumento del consumo de tabaco y alcohol y con la reaparición de problemas de salud previamente superados”, explican.
La importancia de la intervención pública
La dejadez desde las administraciones públicas es causa necesaria para el empeoramiento de la salud de las personas que afrontan procesos de desahucios y de los barrios más precarios que abandonan a su suerte, presa fácil de los especuladores. Puente de Vallecas es una muestra de ello con rentas medias por persona y hogar muy por debajo de las de la capital, el mayor número de personas en paro de Madrid, líder de los índices de vulnerabilidad y, como no podía ser de otra manera, uno de los distritos más afectados por los desahucios y con mayor porcentaje de personas en riesgo de perder la vivienda.
En este y otros distritos o barrios que atraviesan situaciones similares (Villa de Vallecas, Carabanchel, Villaverde, Usera, Aluche, etc.) “la ausencia de una protección adecuada por parte de las administraciones públicas” ante las situaciones habitacionales también afecta a la salud. Por el contrario, “algunas intervenciones desde las administraciones públicas han demostrado que pueden mitigar, al menos en cierta medida, dichas consecuencias en salud”, ahondan los sanitarios. “Es fundamental el trabajo comunitario con los diferentes agentes implicados”, aluden, apoyando al movimiento de la vivienda, únicos que lo hacen.
Exigencias a las administraciones
El trabajo de los sindicatos y asociaciones de vivienda es crucial en los barrios donde la especulación castiga más fuerte, pero no puede olvidarse que “corresponde a las administraciones públicas proteger a su ciudadanía facilitando el cumplimiento efectivo del derecho a la protección de la salud y el derecho al disfrute de una vivienda digna y adecuada”. En consecuencia, y en pro de la comunidad y evitar que sigan extendiéndose las consecuencias de una problemática equiparable a una “catástrofe o epidemia” en términos de salud, los sanitarios presentan dos exigencias:
- Se reconozca la validez e importancia de los informes médicos y de vulnerabilidad que se realizan desde el sistema sanitario. De la misma manera que otros informes que realizamos (dependencia, bajas laborales, partes de lesiones…) son necesarios para la toma de decisiones administrativas y judiciales, es fundamental que los informes de vulnerabilidad en salud de nuestras pacientes, a quienes conocemos y tratamos de manera habitual, se tomen en la debida consideración para la toma de decisiones que puedan implicar la pérdida de la vivienda, con sus consecuencias nocivas para la salud.
- Se haga desde las administraciones públicas todo lo posible para detener los lanzamientos y ejecuciones hipotecarias y se ofrezcan soluciones habitacionales dignas y estables a la población. Creemos que esta es una medida fundamental para proteger la salud de la ciudadanía, especialmente la de aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, tanto en nuestro barrio como en tantos otros de Madrid y del resto del territorio español
