El órdago que ha ejecutado Carles Puigdemont dilatando el acuerdo con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez se ha convertido en un golpe de efecto con mayores consecuencias que una mera exhibición de músculo político. El calendario para el debate y votación de la candidatura del dirigente socialista se ha extendido más de lo contemplado en un inicio -las teorías apuntaban al 9 de noviembre- gracias a las trabas que ha puesto el líder de Junts per Catalunya para rubricar de una vez por todas un texto que garantice al ahora presidente del Gobierno en funciones una legislatura más en la Moncloa.

Mientras el expresident de la Generalitat sigue forzando la máquina para evidenciar que la investidura está en sus manos, las fechas barajadas para el pleno bailan con la mirada puesta en el 27 de noviembre, día en el que acaba el plazo para evitar la celebración de unas nuevas elecciones generales. Ningún partido quiere llegar a ese punto, pero los planes que estaban encima de la mesa se han removido. Ni Francina Armengol va a anunciar la fecha este viernes ni se va a registrar todavía la ley de la amnistía dado que las negociaciones continúan con "discreción" a varios lados del tablero para salvar los "flecos" que aún cuelgan.

Armengol pospone el anuncio

Las fechas que se manejaban hasta ahora para la investidura de Sánchez pivotaban en torno a la semana del 6 de noviembre con dos opciones: 7 y 8 para debate y votación, u 8 y 9, aunque cabe señalar que el jueves es festivo en Madrid a cuenta de su patrona, La Almudena. De hecho, en las últimas horas fuentes parlamentarias cercanas a la Mesa aseguraban a ElPlural.com que llegar hasta este día no hábil en la capital era una posibilidad plausible y que incluso estaba "justificado" por el momento político en el que nos encontrábamos. También deslizaron que podría ser este viernes cuando se despejaran las dudas al respecto.

Sin embargo, el giro ejecutado por Puigdemont ha cambiado la situación. Ahora la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, no tiene previsto comparecer esta jornada para anunciar la fecha en la que se desarrollará el debate de investidura y lo retrasa como mínimo hasta el próximo lunes. Voces cercanas a la presidencia confirman que no se va a producir por el momento, especialmente en día en el que se reúne la Mesa y la Junta de Portavoces en la Cámara Baja, a falta de cerrar los pactos que quedan.

"Sábado, domingo o cuando sea"

"Nosotros tenemos que facilitar investiduras exitosas. Y en eso estamos", esgrimen a este diario. Con todo, señalan que la máxima dirigente de esta institución va a estar a disposición en cualquier momento para ello al tiempo que rechazan conocer las fechas posibles así como que el registro o no de una ley de amnistía no está condicionando la decisión de la presidencia del Congreso. "Como institución cumplimos con el mandato del rey y nuestra misión es facilitar la investidura", insisten. Cabe destacar que Sánchez quería acudir al Congreso del Partido Socialista Europeo con la investidura atada.

De esta forma los tiempos entre anuncio y que se produzca el pleno la próxima semana se acortan, por lo que cabe la posibilidad de que se dilate más allá del 9 de noviembre -día máximo en el que se contemplaba la primera y definitiva votación- e incluso se pueda retrasar varias semanas más. Tal es la situación que otras fuentes de la Mesa aseguran que la investidura también podría llegar a producirse en festivos o fines de semana, "sábado, domingo o cuando sea", dado que no hay ningún tipo de impedimento para que la presidenta pudiera convocarlo.

Junts muestra poder

El principal escollo para esto es que los pactos con Junts per Catalunya están atascados en el encaje y redacción final de la ley de la amnistía. También por la pugna política entre los de Puigdemont y Esquerra Republicana. De hecho, mientras ERC y el PSOE escenificaban este jueves que su acuerdo estaba cerrado, Junts evitó repartise el protagonismo con los independentistas de izquierdas. Tanto es así que cuando se programó la comparecencia de Oriol Junqueras se desmontó el atril para la compareencia de Puigdemont con el objetivo de dejar claro que la investidura "está en manos" del líder neoconvergente. 

Pero el portazo no parece ser definitivo. El número tres de los socialistas y quien está llevando a cabo las conversaciones, Santos Cerdán, se ha vuelto a trasladar hasta Bruselas este jueves para terminar de abordar con Junts los flecos que quedan para sentenciar el pacto de investidura y de hecho desde primera hora de este viernes se han retomado las negociaciones con Puigdemont así como con Jordi Turull. Un encuentro que sucede a la polémica reunión del pasado martes que dio lugar a la fotografía con la urna del 1 de octubre.

No cuento con la posibilidad de que no haya acuerdo

Otra muestra de ello es la evidenciada por la consellera de la Presidencia, Laura Vilagrà, quien ha dado este viernes por hecho que habrá acuerdo con el PSOE siempre y cuando consigan resolver cosas mínimas de su negociación. "No cuento con la posibilidad de que no haya acuerdo", ha sostenido en declaraciones a TV3. En cuando al nuevo intento para rubricar el texto en las próximas horas, Vilagrà ha dicho estar "convencida de que será posible el acuerdo" entre la dos fuerzas e incluso ha detallado que "deben de estar discutiendo detalles".

Sumar insiste en la discreción

Entre tanto, desde Sumar insisten en que no hay fecha, que las conversaciones con Junts siguen adelante y que solo queda por delante los últimos tiempos tanto para la regulación de la amnistía como para la investidura. "Estamos en la última fase, las últimas horas de una negociación de mucho tiempo. Es fundamental llegar a un acuerdo y que acaben bien. Tendremos un acuerdo más pronto que tarde, pero fechas no es posible facilitarlas porque hay que cerrar con discreción y compromiso este acuerdo", ha sostenido este viernes la portavoz fucsia, Marta Lois.

La mano derecha de Yolanda Díaz ha sostenido estar también "ultimando" los últimos detalles de la ley como "segunda fase" de los indultos de la pasada legislatura, "que pasa por el dialogo, soluciones acordadas, amplias, y entender que esta ley -a la que le queda poco tiempo para salir a la luz- permita una mejor convivencia y solución para Cataluña". Además, ha rechazado que vaya a haber "ningún atranco ni dificultad de última hora" ya que "los actores políticos implicados son muy conscientes del momento histórico". "Desde Sumar estamos convencidas del alcance positivo para España y Cataluña esta ley", ha sentenciado.

En cuando a cómo y quién va a dar luz a este pacto, el grupo parlamentario insiste en que primero "lo importante de la discreción es centrarnos en esta negociación del acuerdo, presentarlo, y luego ya hablar de darle visibilidad conjunta desde las fuerzas implicadas". "La prioridad es cerrarlo, registrarlo y hablar del momento de la visibilización", ha dicho Lois antes de evitar dar más detalles sobre los escollos del registro de esta norma, otro de los asuntos que está dilatando la investidura de la mano de las negociaciones que todavía continúan. 

El PNV sigue en negociaciones

Y es que, junto a Junts, todavía siguen las conversaciones para garantizar la permanencia de Sánchez en la bancada azul con otras fuerzas. Mientras con EH Bildu, Sumar y ERC ya está todo hablado, con otras fuerzas del Hemiciclo sigue habiendo cuentas pendientes. El BNG ya ha cerrado el pacto, por lo que queda el PNV, que "no está cerrado" y "siguen las negociaciones". Eso sí, fuentes parlamentarias de este grupo evitan dar más detalles como los intríngulis de los diálogos. "No solemos hablar del contenido de las negociaciones, y tampoco lo haremos ahora", dicen en conversaciones con este periódico.

No está cerrado

"En todo caso, el PNV tiene sus propias negociaciones al margen de lo que estén hablando otras formaciones. En distintas ocasiones se ha explicitado, al menos de forma genérica, cuáles son los ámbitos de negociación", afirman. Los nacionalistas vascos rechazan así estar alineados con los catalanes y apelan a sus propias exigencias, que pasan por las inversiones en infraestructuras y en leyes y asuntos sociales para la sociedad vasca, así como un reconocimiento de las identidades territoriales y un nuevo Estatuto de la Autonomía. Los jetzales fueron los únicos en mostrar "dudas" sobre la alianza entre PSOE y Sumar.