El expresident catalán Carles Puigdemont ha denunciado ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al instructor de la causa del procés, el juez Pablo Llarena, por la "desatención" y el "retraso injustificado y reiterado en la tramitación y resolución" de los recursos que presentaron a la aplicación de la Ley de Amnistía. Un mes después, el magistrado aún no ha presentado la resolución. También se ha sumado a la denuncia el eurodiputado de Junts Toni Comín.
Puigdemont denuncia a Llarena
En su escrito, el abogado Gonzalo Boye solicita al órgano de gobierno de los jueces que investigue el retraso impuesto por Llarena al considerar que el juez del Tribunal Supremo ha incurrido en una infracción disciplinaria muy grave de la Ley Orgánica del Poder Judicial al haberse "excedido con creces el plazo previsto" en el ordenamiento para resolver los recursos que interpusieron contra la decisión de no aplicarle la norma.
Y es que, apunta el letrado, "la inobservancia de los tiempos legalmente establecidos durante el ejercicio de las funciones o competencias judiciales tiene su respuesta disciplinaria en las faltas muy grave, grave y leve". Por ahora, ni el letrado ni el propio dirigente de Junts se han pronunciado al respecto en sus redes sociales, pero Boye sí ha dejado un mensaje sobre la violencia y quien la ejerce.
La no violencia activa implica trasladar al contrario todo el uso de la fuerza; es el contrario quien la ejerce y el no violento quien la sufre. Sin embargo, el desgaste lo sufre el violento, porque ni tiene la razón ni demuestra tenerla.
— Gonzalo Boye (@boye_g) August 19, 2024
Los recursos se presentaron los pasado días 8 y 9 de julio, en concreto, contra el auto por el cual el juez declaró inaplicable la amnistía al delito de malversación que se imputa a Puigdemont y Comín. También recurrieron esa decisión, al menos, la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la defensa de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y del exconseller Lluís Puig.
Así, la defensa de Puigdemont considera que el delito de malversación que el juez le atribuye entra en los márgenes de la norma porque no se enriqueció “personalmente” y que, además, esa decisión va en contra de la "voluntad del legislador" en el marco del texto legal. Pero el magistrado todavía no ha resuelto esos recursos, lo que impide que se pueda seguir el trámite e impugnar después esas decisiones ante la Sala de lo Penal del Supremo.
Allí no se espera una resolución favorable para Puigdemont, dado que los magistrados ya se han pronunciado en el mismo sentido que Llarena en relación a los ya condenados por el procés, como Oriol Junqueras. Sin embargo, El dirigente de Junts necesita agotar vía para poder acudir al Tribunal Constitucional, donde tendrá que alegar una vulneración de derechos susceptible de generar amparo que, además, tenga trascendencia constitucional.
Un "retraso injustificado"
El letrado asegura que "los denunciantes han presentado dos recordatorios de la pendencia de dichos recursos de reforma". "No cabe duda alguna de que el magistrado ha tenido un conocimiento singularizado de las particulares circunstancias del asunto, habiéndosele dado cuenta específica de su retraso hasta dos veces, a pesar de lo cual ha continuado sin despacharlo", sostiene el documento.
Todo ello, incide en su escrito, a pesar de que Llarena dejó "sin efecto su licencia de vacaciones con el anhelo notorio de supervisar la captura" de Puigdemont, que regresó a Barcelona en el marco de la investidura de Salvador Illa. "Lo que, además de poner de manifiesto lo malicioso de la dilación, indica que no existe razón justificada de ninguna clase para no resolver dentro del plazo legal", sentencia al respecto.
"Teniendo en cuenta las fechas en que se interpusieron los recursos de reforma y se trasladaron las correspondientes copias, los recursos de reforma interpuestos por los denunciantes debieron haberse resuelto hace más de un mes, durante la primera mitad del mes de julio de 2024", asegura el recurso, que invoca para ello el artículo 222 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Cabe destacar que la ley del Poder Judicial tilda de falta muy grave "la desatención o el retraso injustificado y reiterado en la iniciación, tramitación o resolución de procesos y causas o en el ejercicio de cualquiera de las competencias judiciales". Estas faltas pueden acarrear una suspensión de funciones de hasta tres años o la obligación al traslado forzoso, con la consiguiente prohibición para presentarse a un concurso.
