La reforma de la Ley de Extranjería aterriza en el Congreso de los Diputados. PSOE, Sumar y Coalición Canaria han registrado este lunes la proposición con la que buscan cambiar el modelo de atención a los menores migrantes no acompañados. La iniciativa llega a la Carrera de San Jerónimo después de que todas las autonomías, salvo Cataluña, aceptaran la derivación de estos jóvenes a sus territorios y el divorcio de Vox en los gobiernos regionales con el Partido Popular. La modificación del artículo 35 del articulado sitúa al PP ante una nueva encrucijada para solidificar la vuelta a la “centralidad” que airean desde Génova tras la ruptura con la ultraderecha. No obstante, por el momento urgen a Moncloa a medidas más transversales mientras desde el Gobierno apelan a la “responsabilidad” para mover a los conservadores hacia el sí.
La iniciativa pactada por Moncloa y el Gobierno de Canarias pretende que reformular el modelo de derivación de menores extranjeros con el fin de que todas las autonomías estén obligadas a acoger a estos niños y adolescentes cuando se alcancen niveles de estrés en un territorio en concreto. El articulado precisa que se deberá sobrepasar su capacidad en un 150% y se orienta a la descongestión de la situación de Canarias, que por el momento acoge a 6.000 menores cuando su máxima capacidad es de 2.000, Ceuta, Melilla y cualquier otro territorio en un futuro.
Los grupos pretenden votar en pleno la proposición de ley antes del 23 de julio, aunque por el momento no cuenta con el respaldo de Junts ni del Partido Popular. El apoyo de los conservadores es crucial para que la reforma salga adelante, aunque por el momento mantienen en cuarentena su decisión final. Las autonomías de dominio conservador aceptaron el pasado miércoles la acogida mínima de 347 menores para toda la Península, aunque no están predispuestos a la imposición de una “solidaridad” obligatoria por ley que, por otro lado, comportaría la derivación de muchos más menores. Si bien Génova no lo ha desechado, no ha aclarado aún el sentido de su posible voto; lo que sitúa al principal partido de la oposición en una encrucijada que sus adversarios están dispuestos a explotar.
Por ello, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha urgido a los populares a que consoliden la ruptura con Vox y den la espalda a las “políticas ultra” que aún persisten en los territorios que cogobernaban con la ultraderecha. “Es muy importante lo que haga el PP. Se han roto gobiernos, pero las políticas de Vox siguen presentes. La pelota está en su campo, queda por ver qué hace Feijóo: si se pone del lado de los derechos de la infancia o sigue manteniendo estas políticas ultras”, ha precisado la responsable del ramo, que ha urgido al principal partido de la oposición a tomar la decisión cuanto antes porque la situación requiere una “respuesta urgente”.
Por su parte, el presidente canario, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), ha defendido la propuesta de reforma legal como “seria, contundente, entendida y consolidada” para la protección de los menores, exponiendo que cuenta con una “amplia acogida entre las distintas fuerzas políticas”. En el Ejecutivo insular está presente el Partido Popular de Canarias, quien, en palabras del presidente autonómico “ha estado presente y está haciendo lo suficiente”. No obstante, lo ha diferenciado de la actitud de la dirección nacional del PP, a quienes insta a “alcanzar acuerdos de Estado y respuestas de país” para proteger a estos menores en un contexto de ruptura con la ultraderecha. Así, los portavoces parlamentarios de PSOE, Sumar y de Coalición Canaria apremiaron al principal partido de la oposición para apoyar la proposición cuando llegue a pleno.
El PP, bajo la lupa
El divorcio con Vox le valió al Partido Popular para colocar el relato de partido de Estado que no cede ante las presiones “ni de Moncloa ni de Vox”. Alberto Núñéz Feijóo resistió el órdago para redirigir al partido a la centralidad. Al menos eso es lo que sostiene el argumentario de Génova y esta iniciativa para la reforma de la Ley de Extranjería se antoja como la primera gran prueba de fuego para ello. El líder de la oposición quiere aprovechar la decisión de Vox para recuperar la “moderación” tanto en términos personales como de su partido tras escorarse a la derecha con las alianzas territoriales y municipales con Vox.
Esta vuelta de tuerca, sin embargo, ha de verse reflejada en ciertas cuestiones concretas en el corto plazo y ya tras las vacaciones de verano. La primera es, precisamente, la reforma de la ley de extranjería. Desde el primer minuto Feijóo presumió de la “solidaridad” y “humanidad” del Partido Popular, anteponiendo la acogida de menores a la estabilidad de sus administraciones autonómicas en las que cogobernaban con Vox.
No obstante, le iniciativa de PSOE, Sumar y CC persigue regularizar el sistema de acogida de menores migrantes y hacerlo obligatorio para el resto de autonomías. Esta exigencia emana del Ejecutivo de Canarias, donde cogobierna el Partido Popular junto a Coalición Canaria. Pero en Génova no ven con buenos ojos esta iniciativa legislativa, exigiendo al Gobierno un plan integral de política migratoria y avisando de que el PP no aceptará ni “trágalas ni parches” en una cuestión de Estado como la migración.
Los conservadores, que junto con Junts no respaldan la reforma de la ley de extranjería, proponen declarar la emergencia migratoria para todo el territorio nacional, un compromiso financiero por parte del Gobierno central y que el reparto de menores sea para todas las comunidades. “Sin excepción”, precisan en Génova, en alusión al rechazo de los neoconvergentes que buscan dejar fuera a Cataluña de la ecuación. Asimismo, reclaman también la adopción de políticas de cooperación con los países de origen.
Entre tanto, Gobierno y Ferraz presiona y aprovecha la coyuntura para recordar que ha sido Vox y no el PP el que ha roto los gobiernos. De este modo, neutralizan ese giro a la centralidad que busca Feijóo. De hecho, descargan toda la responsabilidad en el PP y urgen a escenificar de verdad esa ruptura con el respaldo a la ley. Así, la ministra de Infancia hizo el sábado un llamamiento al PP para que dé un paso y se ponga al lado de los derechos de la infancia apoyando al texto: “Si queremos hacer las cosas bien, proteger los derechos de la infancia y hacerlo de una manera sostenible en términos de servicios públicos y de acogida hay que dar este paso”, zanjó.
