Tal y como informó este sábado ElPlural.com, horas después de que el presunto espionaje a periodistas, políticos y funcionarios del Ayuntamiento de Mijas -feudo de Ciudadanos en Andalucía- acabase en la Fiscalía Anticorrupción, el alcalde de este municipio -es el mayor en el que gobierna el partido de Albert Rivera en toda España- se plantó en la Guardia Civil. El objetivo del regidor Juan Carlos Maldonado no era otro que paralizar la investigación que un perito judicial está realizando sobre el que ya se denomina ‘Caso Espías’.

De hecho, el primer edil de la formación naranja denunció por estafa al auditor que está al frente de la investigación, que habría detectado unas supuestas escuchas a políticos, funcionarios y periodistas.

“Ante toda esta vorágine informativa surgida en los medios de comunicación existen varias cuestiones que han de ser aclaradas. ¿Es realmente un perito judicial el que está llevando a cabo la investigación? ¿Tiene un mandato judicial que le habilite para llevar a cabo la investigación como perito judicial? Tal y como sale publicado en prensa, ¿Si estuviera actuando de oficio lo ha comunicado al juzgado? ¿Tiene la solvencia técnica para llevar a cabo este trabajo?”, afirmó el alcalde de la formación naranja en declaraciones al diario Sur.

Los peritos, indignados con Ciudadanos 

La estrategia del regidor de sembrar dudas sobre el perito judicial ha salido cara a Ciudadanos. Y es que a última hora de este sábado, la Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos (ANTPJI) lanzaba un durísimo comunicado en “condena de las palabras de desprestigio del alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado, hacia el profesional que investiga” lo ocurrido en el municipio malagueño.  

“En opinión de los peritos judiciales de España y la comunidad informática, no es de recibo que un representante público, que además tiene deber de sigilo (...) se salte dicha norma para cuestionar en público el trabajo de un profesional acreditado y con experiencia nacional, como es el caso del titular de la placa 433. Máxime, cuando aún no ha acabado la investigación”.

Los peritos alertan de que también se investigó a la Policía y otras gravísimas irregularidades 

Pero la Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos no sólo se limita a defender al perito encargado de investigar lo ocurrido en Mijas, sino que en su comunicado explica que, a raíz de la investigación, se han encontrado “infinidad de irregularidades que afectan a la privacidad de los funcionarios del consistorio y que atentan contra los derechos elementales”.  

Es en este contexto cuando la ANTPJI suelta otra bomba informativa: la Policía también fue investigada:

“Se han encontrado conversaciones de WhatsApp de todos los empleados municipales, incluido la Policía Local, teléfonos y ordenadores corporativos con programas espía, cámaras espías instaladas, sin consentimiento de los trabajadores, en lugares muy sensibles, seguimientos a ciudadanos por parte de funcionarios del Ayuntamiento, sin orden judicial, aplicaciones espía instaladas en ordenadores y teléfonos del consistorio, interceptación de telecomunicaciones de funcionarios y vecinos del municipio, uso indebido de material sensible del Ayuntamiento, utilización y cesión del censo a empresas externas y otras anomalías donde tendrán que tomar partido Fiscalía, la Agencia Nacional de Protección de Datos y otros estamentos a los que estamos informando”.  

Una semana de infarto

El comunicado de los peritos pone la guinda a una semana de infarto en Mijas.  

Primero se conoció que periodistas y políticos podrían haber sido espiados en este municipio malagueño de 80.000 habitantes. Acto seguido, se desveló que la investigación también habría afectado a funcionarios de "zonas sensibles" del Ayuntamiento como Secretaría, Tesorería o Intervención municipal. Temerosos de lo ocurrido, muchos empleados decidieron apagar sus ordenadores y teléfonos corporativos: el Ayuntamiento se paralizaba.

Tras la perplejidad e incredulidad inicial que supuso conocer por parte de los concejales de la oposición y de los periodistas algunos detalles del presunto “Caso Espías” -como el desvelado por ElPlural.com en el que se explicaba que incluso se había instalado una cámara espía en un armario-, los partidos políticos de la oposición reaccionaron. 

El concejal de Costa de Sol Sí Puede (marca blanca de Podemos), Francisco Martínez, ratificó que había concejales que fueron espiados ya que "se conoce la información y las pruebas de ello”. “Es muy grave lo que he visto porque se trata de una gravísima intromisión de las personas”, admitió. De forma paralela, el portavoz del PSOE, Josele González, consideró que estamos ante unos "supuestos gravísimos" que no dudó en calificar como "delitos muy penados y que podrían finalizar con sus responsables en prisión". Por su parte, el Partido Popular, incluso, llegó a exigir la dimisión del alcalde de Ciudadanos, Juan Carlos Maldonado.

A la Fiscalía Anticorrupción 

Este viernes, los populares iban un paso más allá llevando el 'Caso Espías' a la Fiscalía Anticorrupción de Málaga. 

En concreto, los ediles populares de Mijas Lourdes Burgos, Mario Bravo y Mario Cortes explican en un escrito los supuestos hechos de espionaje acaecidos desde la empresa pública "por si pudieran ser constitutivos de delito".

En el documento narran que se ha detectado en los ordenadores de la empresa pública que gestiona los medios de comunicación locales "sofisticados software de espías, los cuales son muy difícil de detectar" y con los que "se tiene total control del ordenador". Relatan como se muestra a los miembros del consejo "una cámara espía diminuta que graba imagen y sonido" y explica que uno de los trabajadores tiene los programas espías "muteados".