Horas después de que el presunto espionaje a periodistas, políticos y funcionarios del Ayuntamiento de Mijas -feudo de Ciudadanos en Andalucía- acabase en la Fiscalía Anticorrupción, el alcalde de este municipio -es el mayor en el que gobierna el partido de Albert Rivera en toda España- se plantó en la Guardia Civil. El objetivo del regidor Juan Carlos Maldonado no era otro que paralizar la investigación que un perito judicial está realizando sobre el que ya se denomina ‘Caso Espías’.

De hecho, el alcalde de la formación naranja ha denunciado por estafa al auditor que está al frente de la investigación que habría detectado unas supuestas escuchas a políticos, funcionarios y periodistas.

“Ante toda esta vorágine informativa surgida en los medios de comunicación existen varias cuestiones que han de ser aclaradas. ¿Es realmente un perito judicial el que está llevando a cabo la investigación? ¿Tiene un mandato judicial que le habilite a llevar a cabo la investigación como perito judicial? Tal y como sale publicado en prensa, ¿Si estuviera actuando de oficio lo ha comunicado al juzgado? ¿Tiene la solvencia técnica para llevar a cabo este trabajo?”, sostiene el alcalde de la formación naranja en declaraciones al diario Sur.

Declaraciones -e intenciones- que han indignado a los socialistas. “Nos hemos sorprendido que Maldonado haya intentado que el perito no siga investigando para saber la verdad sobre el presunto espionaje a trabajadores y concejales (…) Es preocupante que desde Ciudadanos estén buscando maneras de entorpecer y paralizar una auditoría que pretende arrojar luz sobre lo ocurrido”, han lamentado desde el Partido Socialista en declaraciones a ElPlural.com.

Una semana de infarto

La denuncia en la Guardia Civil ponía la guindilla a una semana de infarto en Mijas.  

Primero se conoció que periodistas y políticos podrían haber sido espiados en este municipio malagueño de 80.000 habitantes. Acto seguido, se desveló que la investigación también habría afectado a funcionarios de "zonas sensibles" del Ayuntamiento como Secretaría, Tesorería o Intervención municipal. Temerosos de lo ocurrido, muchos empleados decidieron apagar sus ordenadores y teléfonos corporativos: el Ayuntamiento se paralizaba.

Tras la perplejidad e incredulidad inicial que supuso conocer por parte de los concejales de la oposición y de los periodistas algunos detalles del presunto “Caso Espías” -como el desvelado por ElPlural.com en el que se explicaba que incluso se había instalado una cámara espía en un armario-, los partidos políticos de la oposición reaccionaron. 

El concejal de Costa de Sol Sí Puede (marca blanca de Podemos), Francisco Martínez, ratificó que había concejales que fueron espiados ya que "se conoce la información y las pruebas de ello”. “Es muy grave lo que he visto porque se trata de una gravísima intromisión de las personas”, admitió. De forma paralela, el portavoz del PSOE, Josele González, consideró que estamos ante unos "supuestos gravísimos" que no dudó en calificar como "delitos muy penados y que podrían finalizar con sus responsables en prisión". Por su parte, el Partido Popular incluso llegó a exigir la dimisión del alcalde de Ciudadanos, Juan Carlos Maldonado.

A la Fiscalía Anticorrupción 

Este viernes, los populares iban un paso más allá llevando el 'Caso Espías' a la Fiscalía Anticorrupción de Málaga. 

En concreto, los ediles populares de Mijas Lourdes Burgos, Mario Bravo y Mario Cortes explican en un escrito los supuestos hechos de espionaje acaecidos desde la empresa pública "por si pudieran ser constitutivos de delito".

En el documento narran que se ha detectado en los ordenadores de la empresa pública que gestiona los medios de comunicación locales "sofisticados software de espías, los cuales son muy difícil de detectar" y con los que "se tiene total control del ordenador". Relatan como se muestra a los miembros del consejo "una cámara espía diminuta que graba imagen y sonido" y explica que uno de los trabajadores tiene los programas espías "muteados".