El presunto espionaje a periodistas, políticos y funcionarios del Ayuntamiento de Mijas, feudo de Ciudadanos ha acabado en la Fiscalía Anticorrupción. Todo ello después de que medios de comunicación como ElPlural.com fuesen desvelando detalles de esta presunta trama que afecta al mayor municipio en el que gobierna el partido de Albert Rivera en toda España. 

Primero se conoció que periodistas y políticos podrían haber sido espiados en este municipio malagueño de 80.000 habitantes. Acto seguido, se desveló que la investigación también habría afectado a funcionanios de "zonas sensibles" del Ayuntamiento como Secretaría, Tesorería o Intervención municipal. Temerosos de lo ocurrido, muchos funcionarios decidieron apagar sus ordenadores y teléfonos corporativos: el Ayuntamiento se paralizaba. 

Tras la perplejidad e incredulidad inicial que supuso conocer por parte de los concejales de la oposición y de los periodistas algunos detalles del presunto “Caso Espías” -como el desvelado por ElPlural.com en el que se explicaba que incluso se había instalado una cámara espía en un armario-, los partidos políticos de la oposición reaccionarion. 

El concejal de Costa de Sol Sí Puede (marca blanca de Podemos), Francisco Martínez, ratificó que había concejales que fueron espiados ya que "se conoce la información y las pruebas de ello”. “Es muy grave lo que he visto porque se trata de una gravísima intromisión de las personas”. El portavoz del PSOE, Josele González, consideró que estamos ante unos "supuestos gravísimos" que no dudó en calificar como "delitos muy penados y que podrían finalizar con sus responsables en prisión". Por su parte, el Partido Popular incluso llegó a exigir la dimisión del alcalde de Ciudadanos, Juan Carlos Maldonado.

A la Fiscalía Anticorrupción 

Este viernes, los populares han ido un paso más allá y según adelanta el periodista J.J. Madueño en el diario ABC de Sevilla, han llevado el 'Caso Espías' a la Fiscalía Anticorrupción de Málaga. 

En concreto, los ediles populares de Mijas Lourdes Burgos, Mario Bravo y Mario Cortes explican en un escrito los supuestos hechos de espionaje acaecidos desde la empresa pública "por si pudieran ser constitutivos de delito".

En el documento narran que se ha detectado en los ordenadores de la empresa pública que gestiona los medios de comunicación locales "sofisticados software de espías, los cuales son muy difícil de detectar" y con los que "se tiene total control del ordenador". Relatan como se muestra a los miembros del consejo "una cámara espía diminuta que graba imagen y sonido" y explica que uno de los trabajadores tiene los programas espías "muteados".