El Gobierno tiene previsto aprobar una ley orgánica para la protección de los menores en el entorno digital. La norma tiene por objetivo la protección de los menores de edad frente a posibles amenazas digitales como son las falsificaciones de identidad o la manipulación de imagen y voz. Este tipo de estrategias son utilizadas en muchos casos por depredadores sexuales para engañar a los menores. Su votación se producirá en el Consejo de Ministros del martes, según lo ha avanzado El País.
La ley, que modificará algunos artículos del código penal y agravará este tipo de conductas, cuenta con el visto bueno de la Comisión Europea y se espera que quede aprobada antes de verano. Su redacción se produjo a partir de los informes aportados por distintos organismos como el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal, la Agencia Española de Protección de Datos, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y el Consejo Estatal de Participación de la Infancia y de la Adolescencia.
Uno de los objetivos es "adaptarse a las nuevas formas de criminalidad" para poder "ejercer una protección eficaz frente a los nuevos delitos tecnológicos". Algunos de los cambios que se recogerán en el Código Penal abordan temas como el de las "ultrafalsificaciones", más conocidas como deepfakes. Esta práctica consiste en la modificación de la imagen y la voz para que resulten lo más realistas posibles. El desarrollo de la Inteligencia Artificial ha permitido imitar una voz para poder falsificarla, lo mismo ha ocurrido con las imágenes. Para penalizar estas prácticas se ha incorporado un nuevo artículo, el 173 bis. Este, según recoge el proyecto de ley, sanciona “a quienes, sin autorización de la persona afectada y con ánimo de menoscabar su integridad moral, difundan, exhiban o cedan su imagen corporal o audio de voz generada, modificada o recreada mediante sistemas automatizados, software, algoritmos, inteligencia artificial o cualquier otra tecnología, de modo que parezca real, simulando situaciones de contenido sexual o gravemente vejatorias”.
La norma regula también otras conductas como la creación de una identidad falsa en las redes sociales, práctica que también se conoce con el nombre de grooming. En concreto controla la falsificación de la identidad cuando se produce con la intención de cometer un delito de carácter sexual. Son muchas las personas que crean perfiles en las redes sociales y mienten en cuestiones relativas a la edad, el sexo u otras condiciones. Para penalizar este tipo de conductas se han añadido diferentes tipos agravados en los artículos 181, 182, 183, 185, 186, 188 y 189 del Código Penal. Esta modificación ha sido impulsada por el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños.
Otra de las modificaciones penaliza a los delincuentes con la prohibición en el uso de los entornos virtuales. En concreto, se modifican los artículos 33, 39, 40, 45, 48, 56, 70 y 83 del Código Penal para añadir la “pena de prohibición de acceso o de comunicación a través de redes sociales, foros, plataformas de comunicación o cualquier otro lugar en el espacio virtual, cuando el delito se comete en su seno”. De esta manera se evita la reincidencia en este tipo de delitos por parte de las mismas personas y se protege a las futuras víctimas.
El proyecto de ley también incluye un aumento en la edad mínima para abrirse una cuenta en redes sociales. Hasta el momento la edad se situaba en los 14 años, esta ley la eleva a los 16. Así se protege a los menores de la rápida evolución que ha experimentado el desarrollo de estas plataformas y por ende de los delitos que se cometen a través de ellas. La edad de consentimiento para el tratamiento de datos personales está regulada por la Ley de Protección de Datos. Esta ley se verá modificada. “La evolución, no solo de la tecnología digital, sino también de su uso por los menores de edad, ha sido tan exponencial que puede resultar inapropiada su utilización precoz, dada la madurez que requiere el uso de determinados servicios, plataformas, sistemas y contenidos digitales”, argumenta el texto para elevar la edad exigida.
Esta norma también influirá sobre la Ley General de Comunicación Audiovisual que se verá modificada para imponer a los grandes operadores de la comunicación o a los influencers algunos cambios. Se les exigirá la verificación de la edad de su audiencia y la separación de aquellos contenidos que puedan resultar dañinos o perjudiciales para los menores. También deberán facilitar enlaces a los canales de denuncias. La comprobación de la edad de los usuarios en redes sociales supone todo un reto pues hasta el momento no existe una herramienta fiable que pueda determinar con exactitud la edad.
Los fabricantes de los dispositivos electrónicos deberán incluir sistemas de control parental. Estos tendrán que estar activados por defecto en los dispositivos. También se prohibirá los mecanismos que proporcionan recompensas virtuales en videojuegos y plataformas (loot boxes).
Esta norma ha sufrido muy pocas modificaciones en comparación con el anteproyecto que se aprobó en junio. Sin embargo, modifica la referencia a la cartera de identidad digital europea (Eudi Wallet) por ser todavía un proyecto piloto. También se ha suprimido la obligación hacia los proveedores en los mecanismos aleatorios de recompensa para que cuenten con un sistema de verificación de edad de los usuarios. Se incorporará un reglamento que prohíba el acceso a estos mecanismo.
La ley proporciona un toque de atención a los centros educativos quienes a partir de su aprobación deberán contar con una regulación sobre el uso de los dispositivos móviles. También afecta a las administraciones sanitarias que estarán obligadas a revisar las actuaciones de prevención de trastornos adictivos. Deberán desarrollar un protocolo de atención específico para tratar a pacientes que sufran adicciones a los dispositivos digitales. Para ello se promoverá un plan conjunto en el que participarán todas las administraciones públicas y agentes implicados, en especial los servicios de atención primaria. También se incluirán a profesionales especialistas en salud mental y en conductas adictivas, así como servicios sociales y educativos.
